En la última entrega de la serie “Un Gorila en la Habitación”, el columnista colombiano Daniel Pacheco argumenta que el verdadero desafío para los líderes en la Cumbre de las Américas esta semana consiste en distanciar el debate de las posiciones polarizadas y políticamente insostenibles: la legalización total versus la prohibición completa de las drogas.
Durante su reciente visita a Centroamérica, se le preguntó a Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, sobre la política de drogas y respondió como era de esperar: “No hay ninguna posibilidad de que la administración Obama-Biden vaya a cambiar su política sobre la legalización”.
Los otros 33 gobiernos que actualmente integran la Organización de los Estados Americanos (OEA) harían bien en recordar estas palabras, no tanto por la posición clara e inequívoca que Biden declaró (y las consecuencias financieras que puede tener el cruzar esta línea), sino para proporcionar el ejemplo perfecto de cómo Estados Unidos se está enfocando en lo que no debe.
Este artículo hace parte de una serie sobre la política y legalización de drogas en la región. Vea la serie completa aquí o descargue el informe completo.
No obstante, los críticos de la política de Estados Unidos también parecen sufrir de miopía. Mientras que los “fracasos” de la guerra de Estados Unidos contra las drogas dan a este lado un caso bien documentado para argumentar a favor de los cambios, usualmente esto lleva a la conclusión controversial de que todas las drogas deben ser legalizadas.
En esto radica el desafío para la nueva generación de presidentes reformadores de la política contra las drogas, a medida que se acerca la Sexta Cumbre Regional en Cartagena el 14 y 15 de abril: romper con décadas de debate entre la prohibición versus la legalización, que ha logrado buenos titulares, pero poco progreso real en el tratamiento de este tema polarizado.
Sin duda, los miembros de la OEA necesitan llevar este debate a un territorio diferente, que se asemeje más a una discusión sobre cómo lidiar con algo como la hepatitis o la malaria, en lugar de centrarse en el número de soldados, policías depurados y helicópteros utilizados.
“El consumo de drogas es un problema de salud pública que, torpemente, se ha transformado en un problema de justicia criminal”, escribió el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, en un reciente artículo de opinión en The Observer.?
Pérez se ha convertido en el último jefe de Estado en tratar de poner este debate sobre la mesa, aunque con poco éxito. Otros lo han llevado más lejos, sobre todo un grupo de ex presidentes y otros dignatarios que participaron en el informe condenatorio de la Comisión Global de Políticas de Drogas sobre la “Guerra Contra las Drogas”.
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De los actuales presidentes, el mandatario colombiano Juan Manuel Santos, ha sido la voz más elocuente y activa en la apertura del debate. Sin dejar de ser tímido sobre su propia posición (Santos dijo recientemente a la revista Epoca de Brasil que no apoya ninguna alternativa en particular), el mandatario colombiano señaló que la cumbre era importante porque es la primera vez que Estados Unidos está dispuesto a hablar de una política que “no funciona adecuadamente”.?
Estas son palabras duras del presidente de un país que ha recibido más de US$8 billones en ayuda antidrogas y que regularmente se promociona en los círculos de Washington como un caso de éxito.
Luego están los que ponen en práctica estas políticas. Durante el lanzamiento de un libro el año pasado, el director de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo, dijo que Colombia ha “hipotecado su política de drogas por los intereses estadounidenses”. Fue una demostración de franqueza inusual de alguien que es de confianza en los círculos de las fuerzas de seguridad en Estados Unidos.
Será difícil para las autoridades estadounidenses discutir con personas como Pérez Molina, Santos y Naranjo quienes están en el frente de esta “guerra”. Centroamérica ha sido invadida por los narcotraficantes y Colombia, el aliado más cercano de Estados Unidos, sigue siendo el productor del 95 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos (según el Departamento de Estado de ese país) incluso después de la inyección de los US$8 billones.
El trasfondo de este debate es que la fórmula —Estados Unidos proporciona el dinero y Latinoamérica pone a los muertos— ya no funciona. Ethan Nadelmann, director de la Drug Policy Alliance, una de las voces más francas que abogan por el fin de la guerra contra las drogas en Estados Unidos, parece pensar que aquí es donde debe estar el cambio. Él dice que la clave en la Cumbre de las Américas es la de “obligar a que Obama compruebe” que la estrategia de Estados Unidos está funcionando.
Pero acorralar a Estados Unidos puede no ser la solución más saludable. Sin duda, son pocas las esperanzas de obtener algún compromiso concreto de cambio por parte del presidente Obama, quien buscará la reelección en noviembre. Como James Bosworth señaló en su blog, las percepciones de los miembros del gabinete de Obama sobre la guerra contra las drogas cambian dependiendo del momento en que se les planteen las preguntas. Tal vez si la se retrasase un año, habría mejores posibilidades de orientar este debate en una mejor dirección.
La ironía, por supuesto, es que ni un solo dirigente ha propuesto la legalización total. La mayoría oscilan entreuna legalización parcial (y una estricta regulación) y la despenalización de algunas drogas ilegales (Vea: Mapa de las posiciones sobre la política de drogas antes de la Cumbre). Muchos ya han tomado estas medidas. Paraguay y Colombia, por ejemplo, desde hace décadas tienen leyes que despenalizan la posesión de pequeñas cantidades de narcóticos ilegales. Chile, Brasil y México se unieron a ellos en los últimos años.
La Cumbre será, a lo sumo, una oportunidad sin precedentes para los principales líderes de la región para enmarcar lo que puede convertirse en una discusión política productiva, la cual podría comenzar a tener lugar fuera de la luz pública, más centrada en las zonas grises entre la legalización y la prohibición. Una enorme posibilidad de progreso podría estar a la mano sin tener que cambiar el marco jurídico internacional de drogas. ¿Puede ser más inteligente la lucha contra el crimen? ¿Y si se pone un mayor esfuerzo en la reducción de la violencia y la adicción, y menos en las drogas?
Hacer de esta una “iniciativa de toda la región”, especialmente si Estados Unidos está muy enfocado en la cuestión de la “legalización”, será difícil pero no imposible, sobre todo tras puertas cerradas. Estados Unidos ya no ofrece tanto dinero, llevándose gran parte de su influencia en esta discusión (Incluso cuando la tan cacareada Iniciativa Mérida representa el rango de cuatro por ciento del presupuesto total en la seguridad para México). Y si, en la declaración final de la Cumbre, Latinoamérica se las arregla para incluir unas palabras de un texto con respecto a la necesidad de revisar la actual política de drogas, el encuentro en Cartagena bien podría terminar convirtiéndose en el punto de inflexión histórico para la política de drogas en las Américas.
* Vea más del trabajo de Pacheco en El Espectador aquí .