Desde hace décadas, Colombia se ha consolidado como el principal país productor de cocaína en el mundo. Diferentes grupos criminales en el país han logrado abrirse paso en el narcotráfico a través de alianzas con mafias en todo el mundo. 

El crimen organizado colombiano se encuentra profundamente fragmentado. La desmovilización de los grupos paramilitares a comienzos de los 2000 y la firma de un acuerdo de paz con una de las guerrillas más importantes del país en 2016, dieron lugar al surgimiento de diferentes grupos de disidentes y rearmados. La mayoría han dejado la ideología de lado para enfocarse en la producción, tráfico y distribución de drogas, al igual que a otras economías ilícitas, como la minería ilegal, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas, lavado de activos, el contrabando y la extorsión.

Geografía

La ubicación de Colombia es estratégica por varias razones. En primer lugar, tiene salida directa a los océanos Pacífico y Atlántico, lo que facilita el envío de cocaína a través de lanchas rápidas, semisumergibles y barcos a diferentes países. Además, comparte frontera con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Estas fronteras son extremadamente porosas y por ellas fluyen drogas, contrabando, armas y migrantes, entre otros.

A nivel interno, la escarpada geografía compuesta por tres cordilleras que recorren el país le dan espacio suficiente a las organizaciones criminales para que produzcan drogas en laboratorios clandestinos, las almacenen y transporten a través de rutas de difícil acceso para las autoridades. La riqueza aurífera del país ha llevado a la proliferación de la minería ilegal de oro, que representa un ingreso clave para los grupos criminales, en algunos casos, incluso, superando las ganancias generadas por el narcotráfico.

Historia

La relación del país con el tráfico de drogas se inició en los años 70, cuando algunos agricultores del norte de Colombia comenzaron a plantar marihuana como una alternativa mucho más lucrativa que los cultivos legales. Este periodo fue conocido como la “Bonanza Marimbera”. La marihuana era enviada a Estados Unidos a través de redes de la que participaban colombianos y estadounidenses, algunos de los cuales habían llegado a Colombia en la década de los 60 con los Cuerpos de Paz. El tráfico de marihuana desde Colombia hacia Estados Unidos sentó las bases para el tráfico de otras drogas como la cocaína. 

Los narcotraficantes colombianos se convirtieron en los principales enlaces de los cargamentos de cocaína provenientes de Perú y Bolivia, dirigidos al norte del continente. A finales de los años 70 surgieron los primeros grandes carteles de la cocaína: el Cartel de Medellín —liderado por Pablo Escobar— y el Cartel de Cali, en cabeza de los hermanos Rodríguez Orejuela. 

A la par de los carteles narcotraficantes, desde los años 60 existían diferentes movimientos guerrilleros, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento 19 de Abril (M-19). Uno de los principales métodos de financiación de estos grupos fue el secuestro extorsivo de empresarios, ganaderos y políticos de diferentes regiones. 

Ante esto, algunos movimientos de autodefensa surgieron en la región del Magdalena Medio colombiano para enfrentarse al accionar de las guerrillas y apoyar al ejército en labores de contrainsurgencia. En 1981, el secuestro de Marta Nieves Ochoa —hija y hermana de reconocidos miembros del Cartel de Medellín— por parte del M-19, llevó a la creación de uno de los primeros grupos paramilitares financiados por narcotraficantes. 

Los laboratorios de cocaína eran un buen negocio, tanto para los grupos criminales y guerrilleros, como para empresarios y funcionarios del gobierno, que se lucraban directa o indirectamente del tráfico de drogas. Pocos tenían un incentivo real para reducir el narcotráfico hasta que el gobierno de Estados Unidos ejerció presión a través de procesos judiciales contra algunos de los grandes líderes de los carteles.

En 1982, Pablo Escobar llegó al congreso colombiano, tras ser elegido como representante suplente a la Cámara por el departamento de Antioquia. Sin embargo, algunos medios de comunicación y políticos, como el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, denunciaron los vínculos de Escobar con el narcotráfico, lo que llevó a la expulsión de Escobar del congreso en 1983 y al asesinato de Lara Bonilla por órdenes de Escobar en abril de 1984. Este asesinato, uno de los primeros magnicidios a manos del narcotráfico en Colombia, propició el acuerdo para la extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos.

Los primeros narcotraficantes extraditados partieron a Estados Unidos en 1985, desatando una ola de violencia donde docenas de policías, políticos y jueces fueron asesinados bajo órdenes de “Los Extraditables”, un grupo compuesto por narcotraficantes de los principales carteles del país que se oponían a la extradición. 

Los asesinatos funcionaron y el gobierno colombiano eliminó los tratados de extradición durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Ese año, el M-19 y el EPL entregaron las armas.

Con la extradición fuera de alcance, Escobar se entregó a la justicia, pero solo con la condición de servir su tiempo tras las rejas en su propia prisión de lujo, La Catedral, construida bajo sus órdenes en una ladera del municipio de Envigado, cercano a Medellín. 

En julio de 1992, Escobar ordenó el asesinato de Gerardo Moncada y Fernando Galeano —dos de sus socios en el Cartel de Medellín— dentro de La Catedral. Esto llevó a que el gobierno realizara una operación militar para tomar el control de la cárcel y trasladar a Escobar de penal.  Sin embargo, Escobar huyó.

Tras la fuga de Escobar, sus antiguos socios del Cartel de Medellín, entre los que se encontraban los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, temerosos de ser asesinados por Escobar, crearon los PEPES —Perseguidos por Pablo Escobar. Los PEPES fue un grupo de corte paramilitar que incluía a una alianza tácita entre la policía colombiana, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), y miembros del Cartel de Cali. Escobar fue asesinado en diciembre de 1993.

Luego de la muerte de Escobar, el narcotráfico continuó su ascenso. Los que se habían aliado para destruirlo tomaron las riendas de su cadena de producción y de sus redes de distribución. Algunos de sus antiguos enemigos, como el Cartel de Cali, negociaron sus entregas a la justicia, mientras que nuevos grupos criminales más sofisticados se abrieron paso. Entre ellos, el Cartel del Norte del Valle.

El final de los Carteles de Cali y Medellín significó el fin de la compra directa de pasta base de coca en Perú y Bolivia, e implicó el incremento de producción de hoja de coca en Colombia. Gran parte del cultivo se centró en las zonas rurales y fronterizas, dominadas por los grupos guerrilleros. El cobro de impuesto al tráfico de drogas se convirtió en una importante fuente de financiación para las guerrillas, dando incentivos a sus enemigos para apoderarse de sus territorios. Pronto, algunos frentes guerrilleros de las FARC también se involucraron en mayor medida en la producción y tráfico de cocaína, especialmente a través de Venezuela y Brasil, y luego a través de Ecuador.

En 1994 surgieron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, lideradas por los hermanos Castaño Gil. Este grupo fue el antecesor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un movimiento nacional de grupos paramilitares conformado en 1997, cuyo fin era enfrentarse a las guerrillas. Las AUC contaron con enorme motor financiero dado por el narcotráfico. En su esplendor criminal, llegaron a contar con 35.000 hombres en armas.

En 2003, el Cartel del Norte del Valle comenzó una sangrienta guerra interna. La guerra coincidió con el inicio de un proceso de paz en el que los líderes de las AUC desmovilizaron sus ejércitos y se entregaron a las autoridades en 2006. Varios comandantes paramilitares fueron asesinados durante este proceso y muchos de los que se entregaron más tarde fueron extraditados a los Estados Unidos. 

La desintegración del Cartel del Norte del Valle y la desmovilización de las AUC marcó el comienzo de una nueva era en el crimen de Colombia, dominada por los híbridos criminales y grupos herederos del paramilitarismo que el gobierno apodó como Bacrim (Bandas Criminales). Tras esta fragmentación criminal surgieron más de 30 bandas criminales. Poco después, su número se vio reducido, pues muchas fueron absorbidas por redes criminales más grandes o desmanteladas por las fuerzas de seguridad.

Una de las bandas criminales que surgieron en ese entonces fueron los Urabeños o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo formado por mandos medios y altos de las AUC que se desmovilizaron, pero retomaron las armas poco tiempo después. Como ellos, otros grupos en diferentes partes del país, como Los Pachenca, buscaron controlar de los territorios dejados por las AUC. 

Por su parte, las FARC iniciaron diálogos con el gobierno colombiano en 2012 que llevaron a la firma de un acuerdo de paz en 2016 y la desmovilización de más de 13.000 combatientes. La salida de las FARC de los territorios generó una nueva recomposición criminal en el país. Por un lado, surgieron grupos disidentes de las FARC y estructuras que se rearmaron tras la firma de los acuerdos. Hoy en día, las estructuras disidentes están agrupadas bajo dos facciones rivales:el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia. Estos grupos también han sido llamados ex-FARC mafia. 

En 2022, Gustavo Petro tomó posesión como presidente de Colombia, convirtiéndose en el primer mandatario de izquierda en el país. Una de sus principales banderas fue la “Paz Total”, a través de la cual buscó establecer diálogos paralelos con diferentes grupos armados, criminales y bandas delincuenciales en el país. 

El proceso ha avanzado, a pesar de tener importantes obstáculos de por medio. Uno de ellos ha sido la falta de un marco jurídico para establecer diálogos con grupos ilegales que no tienen carácter político, como las AGC o las bandas criminales con presencia en ciudades como Medellín y Buenaventura. Por otro lado, las mesas de diálogo que se han establecido, principalmente con el ELN y el EMC, han tenido importantes fracturas y rompimientos debido a secuestros y ataques armados cometidos por los grupos contra la población civil. En junio de 2024, una mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia fue inaugurada.

Grupos criminales

Después de la salida de las FARC del escenario criminal colombiano a mediados de los 2010, quedaron vacíos de poder en los territorios que reconfiguraron la balanza de poder. Dentro del listado de organizaciones criminales que aprovecharon este cambio, el ELN y los Gaitanistas han sido los grupos que han ganado mayor fortaleza territorial y criminal. Los grupos disidentes de las FARC también han ganado protagonismo en el tablero criminal colombiano, específicamente el EMC y en menor medida la Segunda Marquetalia, cuyo poder se concentra en la frontera con Venezuela.

Hay otros grupos que también mantienen una influencia territorial importante y participan directamente de economías como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Dentro de estos grupos se destacan grupos herederos del paramilitarismo como Los Pachenca, Los Caparros y Los Puntilleros. También hay redes criminales más pequeñas y localizadas que van desde las bandas criminales en zonas urbanas como Medellín y Buenaventura, hasta La Oficina, la otrora estructura al servicio del Cartel de Medellín.

Fuerzas de seguridad

Las Fuerzas de Seguridad de Colombia —divididas entre Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía— tienen alrededor de 500.000 miembros activos. Cada rama trabaja de la mano con las agencias de seguridad de diferentes países, compartiendo información y, en ocasiones, coordinando operaciones en contra de los grupos del crimen organizado.

Las fuerzas de seguridad colombianas se han visto involucradas en casos de corrupción administrativa e incluso vínculos con grupos criminales. El sector de seguridad y defensa fue el más afectado por hechos de corrupción entre 2016 y 2022, de acuerdo a datos de Transparencia por Colombia. De igual forma, las fuerzas de seguridad han estado inmersas en casos de uso excesivo de la fuerza, afectaciones contra la sociedad civil, y graves violaciones a los derechos humanos.

Sistema judicial

El sistema de tribunales de Colombia está encabezado por cuatro órganos judiciales: La Corte Suprema, que tiene jurisdicción sobre derecho civil y penal; el Consejo de Estado, que se ocupa del derecho administrativo; la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura, que sirve como un tribunal de apelación respecto a los conflictos de competencia entre tribunales. Sin embargo, el sistema sigue obstaculizado debido a la ineficiencia y las altas tasas de impunidad.

Colombia también tiene tribunales transicionales que juzgan asuntos relacionados con el conflicto. Los juzgados de Justicia y Paz surgieron tras la desmovilización paramilitar. Por su parte, el acuerdo de paz con las FARC creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal de justicia transicional  que tiene el fin de administrar la justicia de todos los eventos ocurridos en el marco del conflicto armado en Colombia que se hayan presentado antes del 1 de diciembre de 2016.

Prisiones

Las prisiones de Colombia están superpobladas, desmoronadas, plagadas de corrupción y economías criminales. Actualmente, los centros carcelarios cuentan con un hacinamiento del 25,3% a nivel nacional, situación que se agrava por el hecho de que más del 20% de los internos aún no han sido condenados, dando lugar a falta de garantías judiciales y acceso a los servicios básicos. 

El sistema penitenciario de Colombia está a cargo de un organismo independiente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que se ha visto involucrado en múltiples escándalos de corrupción. Uno de los casos más sonados ocurrió en marzo de 2022, cuando Juan Larinson Castro Estupiñan, alias “Matamba” un poderoso narcotraficante asociado a los Gaitanistas, se fugó de una cárcel de máxima seguridad en Bogotá, presuntamente con ayuda de funcionarios penitenciarios. Otros funcionarios del INPEC han sido capturados en otros casos asociados a corrupción.

Dentro de las prisiones colombianas, las economías ilegales —principalmente la extorsión— prosperan. Redes de reclusos extorsionan a personas por fuera de las cárceles a través de teléfonos celulares que ingresan a los penales de manera irregular. Si bien las cárceles no están bajo el control directo de grupos criminales, como sucede en otros países, no significa que las estructuras dentro de las cárceles sean débiles. En mayo de 2024, el director de una de las principales cárceles de Bogotá fue asesinado luego de recibir amenazas de muerte provenientes del interior del penal.