Pese a los avances del gobierno en materia de seguridad en la última década, al menos media docena de grupos criminales con un importante poderío siguen operando en Colombia. La mayoría han dejado la ideología de lado para enfocarse en la producción, tráfico y distribución de drogas ilegales en ámbitos locales; manteniendo actividades como la minería ilegal, el tráfico de armas, lavado de activos, el contrabando y la extorsión.
Colombia es la puerta de entrada a Suramérica, con salida directa a los Océanos Pacífico y Atlántico, y vecino de cinco países con los que comparte fronteras extremamente porosas. Tres cordilleras que recorren el país le dan espacio suficiente a las organizaciones criminales para que transporten, escondan y produzcan drogas ilegales, así como para llevar a cabo otras actividades como la minería ilegal. La ubicación de Colombia ha convertido al país en un centro de contrabando y actividades ilícitas, mientras que sus vastas cordilleras y extensiones selváticas han hecho que sea difícil para cualquier gobierno unificar la nación y proporcionar seguridad. Colombia da acceso a negocios de origen tanto lícito como ilícito a sus vecinos Ecuador, Brasil y Perú en el sur, al este en Venezuela y al norte en Panamá.
La privilegiada ubicación geográfica de Colombia ha implicado que durante mucho tiempo sea considerado como centro activo de contrabando. La relación del país con el tráfico de drogas se inició en los años 70 cuando los agricultores pobres comenzaron a plantar marihuana como una alternativa mucho más lucrativa que la producción de cultivos legales. El desarrollo del crimen organizado en Colombia se aceleró en los años 70 cuando los grupos criminales sacaron ventaja de la moda del consumo de cocaína en los Estados Unidos y se convirtieron en los principales enlaces de los cargamentos de cocaína provenientes de Perú y Bolivia, para luego transportarlo hasta el norte del continente. En los años 80, los primeros grandes carteles de la cocaína surgieron, el Cartel de Medellín de Pablo Escobar y el Cartel de Cali, en el suroeste del país. Pese a que se encontraban en el mismo negocio, los carteles de Cali y Medellín eran polos opuestos. Los líderes del Cartel de Medellín comenzaron robando carros y sobornado a policías, empleando a matones y pandillas locales para llevar a cabo su trabajo sucio. Cuando las clases altas rechazaron su intento de entrar en la política, se rebelaron y usaron la violencia para coartar al Estado. El Cartel de Cali era más sofisticado para operar ya que surgió de la élite económica del Valle del Cauca y uso la persuasión política y no tanto el uso de violencia para operar. Ambos establecieron imperios de cocaína que iban desde los cultivos cocaleros de Bolivia hasta las calles de Nueva York.
Por esta época en que el procesamiento de coca se trasladaba a Colombia, los grupos armados en el país se embarcaban en una nueva estrategia para incrementar sus ingresos a través de diversas actividades criminales, especialmente el secuestro. Las cuatro principales guerrillas — el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) — empezaron a poner en su mira a empresarios, ganaderos y políticos de diferentes regiones. Las llamadas retenciones fueron declaradas de naturaleza política en principio, pero fueron evolucionando a uno de los motores más importantes de crecimiento financiero para estos grupos. Sin embargo, el impacto a largo plazo de esta estrategia sería catastrófico para los grupos. El secuestro por parte del M-19 de una de las hijas de un gran narcotraficante llevó a la creación de uno de los primeros grupos paramilitares financiados por los narcotraficantes que eventualmente dejaron de tener dentro de sus objetivos a los insurgentes e incluyeron en sus listas a civiles que fueran sospechosos de colaborar con ellos. Incluso la sociedad civil se volcó en contra de las guerrillas ya que estos empezaron a secuestrar gente de clase media e incluso campesinos pobres y pequeños comerciantes. El resultado de la avanzada guerrillera fue una reacción generalizada, donde aumentó la legitimidad de los grupos de autodefensa de derecha y las tácticas represivas de los militares, al igual que, la gestación de un exterminio selectivo para las guerrillas una vez se desmovilizaron y entraron al proceso político.
Mientras tanto, los laboratorios de cocaína eran un buen negocio, tanto para los grupos criminales como para los rebeldes, empresarios y funcionarios del gobierno, sin embargo sus consecuencias fueron catastróficas para Colombia. Pocos tenían un incentivo real para reducir el comercio de droga hasta que el gobierno de Estados Unidos empezó a presionar levantando procesos judiciales en contra de algunos de los grandes líderes de los carteles, lo que llevó a otro espiral de violencia en la que cientos de civiles inocentes fueron asesinados.
Los llamados ‘Extraditables’, también mataron a docenas de policías y jueces, asesinaron y secuestraron políticos prominentes y grandes empresarios. Las tácticas funcionaron y el gobierno colombiano eliminó los tratados de extradición durante la Asamblea Constitucional de 1991.Con la extradición fuera de alcance, Escobar se entregó, pero sólo con la condición de servir su tiempo en su propia prisión de lujo, La Catedral. Después de un año, el acuerdo entre Escobar y el gobierno se agrió después de que se hizo evidente que su imperio criminal seguía en marcha detrás de las rejas, y Escobar escapó. Luego de escaparse de la cárcel, se enfrentó a un enemigo formidable que incluía a una alianza tácita entre la policía colombiana, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), un grupo de letales paramilitares y su rival principal, el Cartel de Cali. La presión y los operativos de persecución en su contra, llevaron a su muerte en diciembre de 1993.
Incluso, luego de la muerte de Escobar, el narcotráfico continuó su meteórico ascenso. Los que se habían aliado para destruirlo tomaron las riendas de su cadena de producción y de sus redes de distribución. Los nuevos grupos criminales eran más sofisticados que los anteriores, camuflando sus intenciones en alianzas militares, uniformes de policía y retórica política. Con el arresto de los líderes del Cartel de Cali, un grupo de ex policías junto con algunos oficiales activos se convirtieron en el centro de uno de los carteles más poderosos de la historia, el Cartel del Norte del Valle.
En efecto, el final de los Carteles de Cali y Medellín significó el fin de la compra directa de pasta base de coca en Perú y Bolivia, e implicó el incremento de producción de hoja de coca en Colombia. Gran parte del cultivo se centró en las zonas rurales y fronterizas aisladas dominadas por los grupos guerrilleros y el cobro de impuesto al tráfico de drogas se convirtió en la fuente más importante de finanzas para los rebeldes, dándole incentivos a sus enemigos para apoderarse de sus territorios. Mientras los Carteles de Cali y Medellín operaban por medio de estructuras criminales urbanas, los nuevos grupos emergentes conformaron ejércitos rurales para garantizar el control de la producción de cocaína. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) era el más grande de estos ejércitos. Un movimiento nacional de grupos paramilitares conformado en 1997 para pelear en contra de las guerrillas. En su esplendor criminal, las AUC llegaron a contar con 35.000 hombres en armas.
Durante años, se dedicaron a combatir a las guerrillas, quienes habían alcanzado el pico de los secuestros con niveles sin precedentes, mientras combinaban las campañas políticas y militares con los intereses económicos por medio del narcotráfico. Algunos frentes guerrilleros de las FARC también se involucraron en mayor medida en la producción de cocaína, especialmente a través de Venezuela y Brasil, y luego a través de Ecuador. Sin embargo, mientras que los grupos colombianos eran militar y territorialmente poderosos, su poder en el comercio transnacional de drogas era débil. Durante este tiempo las organizaciones mexicanas como los Carteles del Golfo, Tijuana, Juárez y Sinaloa, se movieron en la cadena de suministro y aumentaron su participación directa en el tráfico de drogas negociando directamente con los proveedores del HCL, lo que produjo el traslado del equilibrio de poder de Colombia a México.
En 2003, la cadena de suministro pasó por otra transformación. El Cartel del Norte del Valle comenzó una sangrienta guerra interna después de que una facción asesinara a uno de los principales líderes de la otra facción. La guerra coincidió con el inicio de un proceso de paz en el que los líderes de las AUC desmovilizaron sus ejércitos y se entregaron a las autoridades. Varios líderes de las AUC también fueron asesinados durante este proceso y muchos de los que se entregaron más tarde fueron extraditados a los Estados Unidos. El gobierno de Colombia también comenzó una ofensiva militar contra la guerrilla, desalojándolos de muchas de las zonas claves en la producción de cocaína.
La desintegración del Cartel del Norte del Valle y la desmovilización de las AUC marcó el comienzo de una nueva era en el crimen de Colombia dominada por los híbridos criminales y grupos herederos del paramilitarismo que el gobierno apodó Bacrim (Bandas Criminales). Estos grupos se componen en gran parte de los paramilitares que se rearmaron o no se desmovilizaron y son dirigidos por ex comandantes de las AUC que ocuparon el vacío dejado por los principales líderes paramilitares. Originalmente había más de 30 Bacrim en todo el territorio nacional, pero el número se ha reducido a grupos más pequeños que han sido absorbidos por las redes más potentes o han sido desmantelados por las fuerzas de seguridad.
En la actualidad, los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son considerados la banda criminal más poderosa la cual controla una amplia gama de actividades delictivas en gran parte del país. Las FARC, por su parte, han estado involucradas en conversaciones de paz con el gobierno desde 2012 y es posible que se de su desmovilización en 2016. Esto podría implicar una reorganización importante en el hampa colombiana debido a la posibilidad de que algunos frentes de las FARC podrían seguir delinquiendo en lugar de reintegrarse a la sociedad y otras organizaciones probablemente luchen por el control de los intereses criminales desocupados por las FARC.
Si bien las negociaciones con las FARC concluyeron con la desmovilización, el desarme y la reintegración de más de 13.200 de sus tropas, también abrieron la puerta para el surgimiento de estructuras disidentes. En 2016, mientras las negociaciones aún estaban en curso, Géner García Molina, alias “Jhon 40”, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco” y Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, tres comandantes otrora guerrilla, rearmaron sus antiguas unidades para continuar con el control de economías ilegales. Además de su fuerte presencia en los departamentos del sur de Colombia, es nueva facción conocida como las ex-FARC mafia se expandió por toda la frontera con Venezuela, donde controla el tráfico de drogas y los corredores de contrabando de oro.
En agosto de 2019, surgió una nueva y poderosa facción de las ex-FARC mafia cuando el antiguo número dos de las extintas FARC, Iván Márquez, anunció su regreso a las armas y la conformación de un grupo denominado como “Segunda Marquetalia”. Este grupo, con fuertes vínculos políticos e ideológicos con el régimen de Nicolás Maduro, rápidamente estableció presencia zona fronteriza de Venezuela, desde donde contra importantes economías ilegales.
Después de la salida de las FARC del escenario criminal colombiano, quedaron vacíos de poder en los territorios que reconfiguraron la balanza de poder. Dentro del listado de organizaciones criminales que aprovecharon este cambio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha sido el grupo ha ganado mayor fortaleza territorial y criminal, seguido por el crecimiento de los Urabeños, quienes son considerados como sus principales rivales en varias regiones.
Mientras estas dos bandas están en la cúspide criminal, hay otros grupos que también mantienen una influencia territorial importante y participan directamente de economías como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Dentro de estos grupos se destacan los grupos herederos del paramilitarismo como Los Pachenca, Los Caparrapos, Los Puntilleros y Los Rastrojos. Asimismo, hay estructuras residuales de las antiguas guerrillas como lo son las facciones de las ex-FARC mafia y el Ejército de Liberación Popular (EPL). También hay redes criminales más pequeñas y localizadas que van desde las bandas callejeras a estructuras residuales paramilitares, hasta La Oficina, la otrora estructura al servicio del Cartel de Medellín.
Las Fuerzas de Seguridad de Colombia — divididas entre Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía– tienen alrededor de 500,000 miembros activos. Cada rama cuenta con un departamento de inteligencia que trabaja de la mano con las agencias de inteligencia de Estados Unidos y la Unión Europea compartiendo información y, en ocasiones, coordinando operaciones en contra de los grupos del crimen organizado.
El sistema de tribunales de Colombia está encabezado por cuatro órganos judiciales: La Corte Suprema, que tiene jurisdicción sobre derecho civil y penal; el Consejo de Estado, que se ocupa del derecho administrativo; la Corte Constitucional; y el Consejo Superior de la Judicatura, que sirve como un tribunal de apelación respecto a los conflictos de competencia entre tribunales. Durante la última década, Colombia se ha sometido a una revisión judicial masiva, ya que se trasladó del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, ayudado por el Programa de Reforma del Sector Justicia (JSRP por sus siglas en inglés) dirigido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, el sistema sigue obstaculizado debido a la ineficiencia y las altas tasas de impunidad —Colombia ocupa el tercer puesto en impunidad del mundo— según el Índice Global de Impunidad (CESIJ). Según el informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Colombia también ocupa el lugar 114 de 140 países en cuanto a independencia judicial.
Luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las extintas FARC, se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal de justicia transicional creado para administrar la justicia de todos los eventos ocurridos en el marco del conflicto armado en Colombia que se hayan presentado antes del 1 de diciembre de 2016.
A pesar de una serie de reformas e inversiones, incluida la ayuda financiera y logística de Estados Unidos, las prisiones de Colombia están superpobladas, desmoronadas, plagadas de corrupción y economías criminales. Actualmente, los centros carcelarios cuentan con una sobrepoblación del 54,9 por ciento, situación que se agrava por el hecho de que más de un tercio de los internos aún no han sido condenados dando lugar a terribles condiciones y a la falta de acceso a los servicios básicos. Dentro de las prisiones colombianas, las economías ilegales basadas en la extorsión y el contrabando prosperan, aunque las cárceles no están directamente a cargo de los grupos criminales como en otros países. El sistema penitenciario de Colombia está a cargo de un organismo independiente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que se ha visto plagado por escándalos y declarado no apto para el propósito.