Los funcionarios públicos de todo tipo, en todas las regiones de México plagadas de grupos criminales, se enfrentan a una elección existencial.
“O sirves a Dios o sirves al diablo”, dice Rafael García, alcalde de la aislada ciudad maderera de Coalcomán, sobre la decisión de enfrentar o cooperar con los grupos de crimen organizado.
La comunidad de García es una de un puñado de comunidades, cerca de la costa del Pacífico sur de México, que este año se han atrevido a oponerse a los grupos criminales con milicias, en gran medida, pobremente armadas. García es también uno de los pocos alcaldes de la región que operan del lado legal en los frentes de batalla.
“Yo no abandono a la gente”, dice García, cuya familia es propietaria de uno de los bulliciosos aserraderos en Coalcomán; una comunidad de 10.000 personas localizada en una cordillera.
Los ciudadanos y los milicianos expulsaron a los alcaldes de las dos ciudades cercanas, Buenavista Tomatlán y Tepacaltepec, por supuestamente hacer tratos con los Caballeros Templarios, un grupo criminal que controla gran parte del estado de Michoacán.
“Él llenó la ciudad de crimen organizado”, dice Juana Francisca Reyes, una funcionaria del gobierno de Tepacaltepec, sobre el alcalde Guillermo Valencia quien huyó de la ciudad en mayo. “Hemos estado viviendo con esta gente durante años. Pero él empeoró las cosas”.
Al sur de Michoacán se encuentra el estado de Guerrero, donde una reciente serie de ataques llevó el gobernador Ángel Aguirre a advertir a los alcaldes de no simpatizar con grupos criminales.
“En algunos casos, ciertos alcaldes deben deslindarse sobre su actuación” dijo Aguirre. “Porque hay ahí información que estamos recibiendo, que tendremos que procesarla, profundizarla, investigarla”.
La advertencia se produjo luego de que unos 100 hombres armados sitiaran el pueblo de Teloloapan y las comunidades aledañas, que se sitúan en una región de producción y tráfico de drogas fuertemente disputada por grupos criminales como la Familia Michoacana.
No obstante, debido a la falta de apoyo de los gobiernos estatales y federales, los alcaldes, jefes de policía y otras personas que se niegan a someterse a la voluntad de los grupos criminales a menudo pagan con sus vidas.
La Federación Nacional de Municipios de México ha registrado el homicidio de al menos 30 alcaldes, cuatro alcaldes electos y unos 1.200 agentes de policía y otros funcionarios locales durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón, el cual terminó el 1 de diciembre.
Los homicidios continúan. Un alcalde fue asesinado a tiros hace varias semanas en el sur del estado de Oaxaca y un candidato a alcalde fue asesinado en las montañas al norte del estado de Chihuahua, la semana pasada.
El aumento de los grupos de autodefensa, los cuales a menudo se hacen llamar policía comunitaria, ha complicado aún más el problema. Estos grupos manejan retenes en las carreteras, patrullan las carreteras secundarias del país y reúnen a todas las personas acusadas de trabajar para los grupos criminales que aterrorizan a sus comunidades. Entre los acusados ??ha habido alcaldes y jefes de policía, así como policías rasos.
Antes de huir de Tepacaltepec, Valencia culpó a las milicias por alterar la ley en la región y pidió a los gobiernos estatales y federales tomar medidas, pocos días antes de que el Presidente Enrique Peña Nieto ordenara la entrada de las tropas y la policía federal en la región.
Análisis de InSight Crime
La corrupción penetra el gobierno mexicano en todos los niveles y muchos funcionarios locales han demostrado estar más que dispuestos a cooperar con los grupos criminales. Pero incluso los funcionarios con conciencia cívica a menudo se sienten incapaces de, o no están dispuestos a, resistirse a las exigencias de los grupos ilegales, debido a las consecuencias latentes si lo hacen.
En caso de que el hampa controle el cambio en el control de su ciudad, como suele ser el caso en este conflicto, las autoridades deben decidir con quién alienarse. Ambas opciones conllevan una retaliación, a menudo más grave que una bala, y las fuerzas de seguridad federales rara vez son capaces de garantizar su seguridad.
“Necesitamos más Ejército, más Marina y más Policía Federal; que no solamente aparezcan cuando la situación sea critica, si no que estén presentes permanente”, dice Aguirre, quien recientemente firmó un pacto para legalizar los grupos de autodefensa en Guerrero.
El Alcalde García y Coalcomán tuvieron suerte el mes pasado. El Presidente Enrique Peña Nieto finalmente desplegó unos 7.000 soldados y policías federales en la región, después de que los medios de comunicación nacionales publicaran imágenes de milicianos enmascarados en la ciudad, alardeando con armas automáticas, aumentando la posibilidad de más violencia.
Las patrullas comunitarias en otros lugares se han armado con escopetas viejas, rifles y pistolas de bajo calibre; pero, según García, los madereros y ganaderos de Coalcomán armaron su milicia con mejores armas.
“¿Cómo vas a luchar contra estas personas, con resorteras?”, Bromea.
Como de costumbre, los grupos criminales han desaparecido en gran medida con la llegada de las fuerzas federales. Pero, en anteriores operaciones de este tipo, las tropas no han permanecido mucho tiempo. Una vez se retiran, García y su pueblo se enfrentarán de nuevo a los criminales.
“Estábamos aterrorizados”, dice García sobre la decisión en Coalcomán de enfrentar a los Caballeros Templarios. “Somos un pueblo muy pequeño alzando su voz. Esperemos que tenga un impacto”.