Tras la masacre de más de una docena de mineros en el estado oriental venezolano de Bolívar el mes pasado, InSight Crime reimprime este artículo, originalmente publicado por Armando Info en Octubre 2015, sobre los principales actores involucrados en la industria minera de la región.
Era la tarde de un jueves con mucho calor y en realidad nadie pensaba en solemnidades como una declaración de independencia. A lo que iban unos 600 indígenas procedentes de 13 comunidades a orillas del río Paragua era a someter a un grupo de militares, armado, pero muy inferior en número: sumaban 22 integrantes. Hacía un mes desde que los uniformados habían desalojado del sitio, la mina de oro Toronó, a casi 3.000 mineros que explotaban la veta de manera ilegal. Pero tras su pírrico triunfo la tropa había dejado las labores de vigilancia y patrullaje para dedicarse, con pantalones arremangados y botas mineras, a utilizar en su propio provecho las bombas hidráulicas que los intrusos dejaron abandonadas.
Este artículo se publicó originalmente en Armando Info. Fue editado y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea la versión orginal aquí.
EResultó fácil derrotar a los soldados. Los nativos, de antemano superiores en número y determinación, los sorprendieron hundidos en el barro hasta las rodillas y con las motobombas encendidas. Los desarmaron y amarraron. Solo el oficial al mando del grupo, un tal teniente Gutiérrez, y un soldado, consiguieron escapar del ataque.
(Cortesía: ArmandoInfo)
Al despuntar el siguiente día, un helicóptero trajo al coronel Cortez para negociar en el sitio. El propio presidente Hugo Chávez lo enviaba a atender la situación. Al menos, eso fue lo que dijo. En cualquier caso, su autoridad no solo se desprendía de la comisión alegada. Cortez pretendía la liberación de los militares, casi la exigía.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Minería
Sin embargo, los indígenas no pensaban dejar que las cosas se les fueran de las manos. Se organizaron en grupos. Uno se ocupó de resguardar el perímetro, emplazando vigías en distintos puntos. Otro, de redactar documentos. Con sentido común repararon en que no sabían negociar rehenes ni cualquier otra cosa frente a la coerción del Estado. Llamaron a unos compañeros en la turística Gran Sabana, que sí tenían experiencia en esas lides.
En ese momento Alexis Romero se encontraba a muchos kilómetros de allí. Pero no tardó en contestar al llamado. Llegó al lugar la tarde del mismo día en que lo hizo el enviado de Chávez. Romero, con amplia trayectoria en el movimiento comunitario indígena y estudios en el exterior, encabezó la negociación con el militar, que se prolongaría por cuatro días.
Así fue como de manera inadvertida, el 27 de octubre de 2011 y los días subsiguientes, se desencadenó la secuencia de hechos que daría origen a la comunidad de Musukpa y su virtual independencia del Estado venezolano. Cuatro años más tarde, sus habitantes explotan hoy la mina Toronó por su cuenta y de acuerdo a reglas que ellos mismos definieron.
El experimento de autogobierno
Un cartel tallado en madera y atado a un árbol, anuncia la llegada a la comunidad de Musukpa. A primera vista se abre una extensa porción de selva deforestada. Amplios bancos de arena, imposibles de abarcar de un solo vistazo, cubren el área. Encima corren largas mangueras que trepan por plataformas construidas de manera rudimentaria con troncos y pedazos de madera. Las mangueras se conectan a máquinas que escupen con asmático esfuerzo agua enlodada sobre unas alfombras en mal estado que retienen el material removido por la succión.
Son todos rastros de la minería. Aunque los pobladores sean indígenas, ya no practican la extracción artesanal. Un diagnóstico realizado en diciembre del 2013, como parte de un proyecto para la construcción de un complejo deportivo comunitario, encontró que uno de cada dos habitantes de Musukpa es dueño de máquinas mineras pequeñas. Dos de cada diez trabajan la madera. Uno de cada diez dice que se dedica al comercio o al transporte fluvial. Solo el cinco por ciento se vincula a la agricultura. En Musukpa no hay conuco para sembrar. La demanda de casabe –tortilla de harina de yuca, esencial en la dieta indígena– se satisface con compras a comunidades vecinas. Musukpa es independiente pero no autárquica.
La disposición de Musakpa transmite una imagen de amalgama, de aglomerado desorden. De hecho, la comunidad es un milagro de heterogeneidad. En ella conviven miembros de diferentes etnias del sur: pemones, yekuanas, chirianas, kurripakos y arawacos. También hay criollos en las 30 familias del lugar.
“Aquí no permitimos corruptelas, ni bandas armadas, no permitimos venta de alcohol”, detalla. Musukpa se rige por un estricto compendio de normas de convivencia de 10 capítulos y 76 artículos, que ordena todos los aspectos de la vida comunitaria, desde el trabajo minero hasta el ingreso de visitantes. Según la Ley Comunal la planta eléctrica se apaga todos los días a las diez de la noche, la explotación de la mina solo se permite de lunes a sábado, entre seis de la mañana y cinco de la tarde. Los domingos se destinan a labores comunitarias. Cualquier incumplimiento de las normas acarrea multas y hasta puede motivar la expulsión del infractor.
“No no nos estamos enriqueciendo, lo que estamos es sobreviviendo”, dice Ángel Blanco, quien solía ser el segundo capitán quien participí en el desarme de las tropas militares en 2011. En la asamblea, afirma orgulloso que desde 2011 “hemos sido independientes del Gobierno, mantenemos el ambulatorio con el 10% de la comisión, estamos construyendo una escuela con el aporte de la minería, no es que esas planchas que reposan ahí”, señala unos tablones de madera, “las hemos recibido del Gobierno, no, aquí todo ha sido gracias al esfuerzo de todos”, reitera. Los asistentes asienten con la cabeza.
La Ley Comunal establece un Fondo Social a cargo de una comisión especial elegida por el Consejo indígena, responsable de administrar los recursos económicos aportados por los dueños de máquinas, quienes cada semana deben declarar un reporte de ganancia y destinar un diezmo a la comunidad. Todos los comerciantes, paleros y compradores de oro también están obligados a dar un aporte destinado a la autogestión.
A esa ley de facto se oponen las ordenanzas del criollo. En especial el Decreto presidencial 8.413, que en septiembre de 2011 otorgó al Estado el monopolio de la exploración, explotación y comercialización del oro. Apenas dos meses después, ocho capitanes indígenas –entre ellos, Alexis Romero– introdujeron un recurso de nulidad del Decreto.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas rechazó el recurso. En un solo plato, le dijo a los habitantes de los territorios en proceso de expropiación que no tienen derecho a decidir sobre sus propios entornos.
La precariedad legal no es la única debilidad que amenaza dar al traste con este experimento de autogobierno, que no de utopía. La más acuciante puede que sea el acecho de los maleantes que se han hecho fuertes en la zona.
“Ellos trabajan juntos”, expresa Ángel Blanco, sin reparo en denunciar la alianza entre militares y los “sindicatos”, el apelativo que denomina a los grupos armados delictivos que andan por la zona.
“Todo el mundo sabe que ellos pagan vacunas a los mismos militares, a los policías, al ejército,” continúa. “Aquí estamos claros de que los cuerpos de seguridad encabezan a los sindicatos”.
La sangre llega al río
Aunque desde 2005 se registran hechos de violencia alrededor del surgimiento de grupos irregulares que tomaron las minas en el sector Kilómetro 88 del municipio Sifontes, y El Manteco, en el municipio Piar, al este del estado Bolívar, todos los testimonios coinciden en fechar el punto de quiebre entre el Estado y la comunidad a finales de agosto de 2013. Entonces desapareció Teodoro Osman, originario del sector de Bethel pero que tenía campamento en Musukpa. Su cuerpo se encontró dos semanas después, flotando en el río cerca del salto Uraima, comido por los peces.
Teodoro Osman pagó con su vida una deuda que no debía. Manolo, su hermano, que se había aliado con los forasteros, desapareció sin dejar rastro, pero sí una cuenta pendiente con algún grupo criminal. El cuerpo inerte, hinchado, de Teodoro Osman sirvió de aviso para que los pobladores se enteraran de que en La Paragua ya se aplicaba la ley del “sindicato”.
El 21 de enero de 2014, casi cinco meses después de la muerte de Osman y tras numerosas reuniones internas, los pobladores emiten un informe en Asamblea General, en el que dan cuenta de la presencia de grupos foráneos que portan armamento militar en sus territorios y realizan “extorsión, ultraje a mujeres, amenazas, secuestro y asesinatos”.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Derechos Humanos
Una carta sellada y firmada el 15 de agosto da fe de que el director de la policía regional en la zona, Pinto Novis, informó sobre el tema al secretario de Seguridad Ciudadana y director de la Policía del estado Bolívar, Juvenal Villegas.
El asesinato de Osman y el deterioro de la seguridad en la zona de La Paragua coincidieron, llamativamente, con el retiro de las fuerzas militares hasta entonces estacionadas allí y el abandono de un punto de control ubicado a metros del Puerto Uraima, donde se encontró el cuerpo.
El abandono fue reportado por 20 capitanes comunitarios en su reporte de enero 2014.
“Hace 11 meses aproximadamente los funcionaros militares correspondientes al Ministerio para el Poder Popular de la Defensa (M.P.P.D.) cesaron sus funciones en el Puerto Uraima … por motivos que desconocemos”, afirma el reporte. “Desde ese momento se ha estado generando un exagerado éxodo de ciudadanos no indígenas y extranjeros entre nosotros, muchos con antecedentes penales y organizados en bandas delictivas, que ejercen la minería e imponen con violencia una nueva administración de todo lo que allí circula”.
Uraima –puerto, paso, salto e isla– es un punto clave del río. Cerca de Uraima se encuentra la más reciente y productiva “bulla”, como se conoce a las inmigraciones súbitas y en tropel que ocurren cuando se corre la voz de un nuevo filón de oro. El nombre de la mina es Manaza.,la mina más activa de la cuenca del Paragua. En 2012, cuando la noticia de su riqueza empezaba a esparcirse, logró atraer a miles de personas. Un enfrentamiento entre grupos armados dejó ese año seis personas muertas. Dos bandas, la de “Los 24”, por un lado, y la de “Marco Polo”, por el otro, se disputaban el control de la zona. La refriega forzó a una intervención militar.
Quien tiene la llave de Uraima controla el tránsito por el Paragua, vital para las comunidades ribereñas. En 2013, un incidente allí dejó muy en claro hasta dónde llegaban las ambiciones de las bandas irregulares.
Todo empezó un domingo, concuerdan las fuentes. Un puñado de vándalos acampó en Uraima. Notificado de ello, en el lugar se presentó Andrés Solis, capitán general de La Paragua, quien, junto a otras autoridades comunitarias, pidió a los irregulares que desalojaran la zona. Después de muchos ires y venires, obedecieron, aunque no de buena gana.
A la mañana siguiente, un nervioso grupo de indígenas llegó a la comunidad Meruntöpöy, a la que los capitanes se habían retirado a pasar la noche. Venían con la noticia de que los irregulares habían tomado el puerto por asalto. Los maleantes en realidad habían salido en busca de refuerzos. Ahora eran 15 y estaban al mando de un colombiano que se hacía llamar Edwin. Como advertencia lucían un arsenal que incluía granadas de mano.
Cerca de un centenar de indígenas, armados con flechas y escopetas, acudieron a reconquistar el puesto. Pero esta vez la sangre no llegaría al río. Los ánimos se fueron calmando y se logró acordar que, tanto indígenas como “sindicatos”, podían circular libremente por el paso Uraima y trasladar sus utensilios de trabajo y provisiones, siempre y cuando se mostrara respeto por la autoridad indígena y nadie portara armas o, al menos, hiciera exhibición de ellas.
Ciertamente los indígenas no se dejaron amedrentar. Pero para conservar la paz pagaron un precio: negociar el paso por sus tierras ancestrales y franquearlo a los irregulares.
Las comunidades nativas siguen respetando ese status quo. Sin embargo, en su momento no dejaron de informar a las autoridades estatales sobre el incidente y sus consecuencias.
A principios de 2014, el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres vistió la zona y prometió la creación de grupos especiales para la “neutralización de esas bandas que están haciendo prácticamente lo que les da la gana”. Pero un año y medio después, la realidad no cambió casi en nada.
El demonio del oro
El comunicado de enero 2014 a la Asamble General terminó siendo un documento fundamental para Musukpa y su repentina ambición de convertirse en un enclave autónomo.
Viendo que la “ley del más fuerte” empezaba a dominar la región, sobrepasando a la autoridad del estado venezolano, el comunicado incluye una afirmación que, como se verificaría más tarde, no era una amenaza vacía. La comunidad indígena estaba preparada para defenderse.
“De no asumir las instituciones de seguridad, nos veremos en la obligación de organizarnos para la defensa de nuestros derechos y combatir la inseguridad en nuestros territorios”, dice el documento.
En enero de 2014, se dio por inminente la conformación de autodefensas. Los indígenas plantearon el mantenimiento de estos grupos por autogestión con aportes económico de comerciantes, transporte fluvial, visitantes, dueños de máquinas, paleros y obreros.
El ejemplo de Musukpa resultó contagioso en Venezuela. Dos años después de la toma de Toronó, más al sureste, en la Gran Sabana, los pemones volvieron a desarmar a efectivos militares venezolanos que los sometían al pago de diezmos o vacunas en la zona de Ikabarú.
Ahora en zonas de la Gran Sabana, como los sectores cinco y seis, hay brigadas locales. La última semana del pasado mes de julio hubo una reunión de la que surgió la idea de una futura universidad aborigen de la seguridad.
La popularidad del autogobierno en la región se debe en parte a Romero, el líder comunitario que ayudó a negociar la situación de reos con los militares en 2011. Romero pagó un precio alto por su asesoría: fue el único de los cinco capitanes imputados que terminó en prisión por el alzamiento contra las autoridades militares. Estuvo confinado en el Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como La Pica, a las afueras de Maturín, capital del estado Monagas. Tras varios días de reclusión, el preso político recibió un inesperado indulto presidencial de Hugo Chávez Frías.
VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Venezuela
Romero, que habla por teléfono desde la comunidad de Maurak, en la Gran Sabana, aconseja prudencia para valorar lo que pasa entre los pemones en materia de seguridad comunitaria. Primero, para que no se confundan las iniciativas locales con otras formas en boga durante los últimos años, como los llamados “colectivos”. Teme que la confusión sirva en algún momento para criminalizar el movimiento autóctono en ciernes.
Luego, para que no se idealice la situación. No se trata ya del estado virginal del Buen Salvaje, sino de supervisar una actividad extractiva que depreda la naturaleza y la moral colectiva. Es el demonio del oro.
“Los indígenas son mineros porque nadie los ha apoyado en ningún otro tipo de actividad,” dice el antropólogo Esteban Mosonyi. “Ellos han solicitado ayuda para el turismo, ayuda para la agricultura, actividades económicas normales y nunca han recibido apoyo”.
En Musukpa, donde muchos jóvenes son reservistas y bachilleres, pocos, sin embargo, se muestran dispuestos al trabajo comunitario, base de la propia existencia de la colectividad indígena.
“Como no es un trabajo remunerado, para cubrir la necesidad se dedican a ser mineros”, es el lamento con que Lucila Morales cierra su relato. “Es la triste expresión que diagnosticamos”.
Un video del levantamiento indígena en contra de los soldados-mineros en 2011. Parte 2
*Este artículo se publicó originalmente en Armando Info. Fue editado y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea la versión orginal aquí.