Los movimientos contra la corrupción en Latinoamérica han sido un avance importante en el año 2015 y han agitado a las élites políticas en países como Guatemala y Brasil. El analista de seguridad James Bosworth analiza la manera como las investigaciones en torno a la corrupción podrían impactar la política regional.

En Latinoamérica se han presentado muchas violaciones terribles a los derechos humanos y a la democracia en el pasado reciente. Esto ha llevado a que toda una generación se esfuerce por investigar, procesar y condenar a los exdirigentes responsables de esas violaciones. El nivel de resultados ha variado en cada país, pero el sólo hecho de investigar los abusos del pasado ha ayudado a promover la idea de que nadie debería estar por encima de las leyes y que las instituciones deben responsabilizar a los líderes actuales y a los del pasado. Esto ha permitido que las investigaciones y los enjuiciamientos por los escándalos de corrupción de la actual generación hayan sido más rápidos y eficaces.

Este artículo fue publicado originalmente en Bloggings by Boz y ha sido reproducido con permiso. Vea el original aquí.

El párrafo anterior es una generalización enorme (y arriesgada), tratándose de una región tan diversa. Sin embargo, creo que la afirmación será verdadera durante la próxima década. Los escándalos de corrupción están siendo enjuiciados más rápidamente que los abusos del pasado, en parte porque en la región se crearon instituciones para investigar esos abusos y en parte porque en general la cultura de la región ha cambiado. Si el escándalo de corrupción que actualmente nos llama más la atención no ha sido enjuiciado aún, yo supongo que ello ocurrirá menos de diez años después de que el líder en cuestión abandone su cargo, en vez de los veinte o treinta que se demoraron las investigaciones de los abusos durante las guerras sucias en Suramérica y los conflictos de Centroamérica.

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Esto conduce a algunos puntos interesantes.

1) Aunque judicializar la corrupción y reducir la impunidad es algo que mejora la gobernabilidad en el largo plazo (al menos en teoría), crea cierta inestabilidad política a corto plazo. La actual ola de enjuiciamientos y protestas contra la corrupción amenaza la gobernabilidad de por lo menos media docena de países latinoamericanos, o quizá un poco más. Asimismo, ha debilitado a los líderes y ha hecho mucho más difícil incluir otros temas en la agenda del sistema político.

2) Líderes como el brasileño Lula da Silva, quien enfrentó decididamente las dictaduras militares en décadas pasadas, están sorprendidos y quizá ofendidos porque están siendo blanco de investigaciones por corrupción a un nivel que nunca enfrentaron los líderes anteriores. No se trata de un doble criterio sino más bien de un avance. Aunque no hay excusas para la corrupción, es por lo menos comprensible que algunos líderes se sientan molestos por el hecho de que una generación anterior de torturadores y asesinos hayan pasado su vida en la impunidad mientras que la generación actual puede enfrentar penas de prisión por rasguñar algún presupuesto.

3) Para algunos líderes como el actual caudillo a cargo del gobierno venezolano, darse cuenta de que podrían enfrentar grandes investigaciones por corrupción luego de terminar su administración aumenta sus incentivos para mantenerse en el poder a cualquier costo. Al ver las investigaciones de corrupción que se adelantan en Guatemala, Panamá y Brasil, deben ser conscientes de que las instituciones que han socavado ya no los protegerán cuando la oposición retome el poder. Retrasar ese día del juicio es ahora su objetivo.

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