Los ciudadanos de El Salvador elegirán un nuevo presidente este 3 de febrero, en medio de un repunte de la violencia que se presentó en el mes de enero, el cual ha vuelto a llamar la atención sobre la situación de seguridad en el país.

Cada vez se hace más evidente que es necesario realizar un cambio significativo en la política de seguridad. Por eso todos los candidatos presidenciales están proponiendo medidas preventivas para hacer frente al crimen y la violencia de una manera más decisiva que en años anteriores.

Aun así, en los discursos políticos oficiales están ausentes las propuestas concretas para enfrentar la violencia criminal, controlar las dos principales pandillas del país —Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18— y su creciente influencia en el proceso electoral del país, y resolver la militarización de la policía nacional.

Como lo señaló recientemente el periodista salvadoreño Carlos Dada en una entrevista, “encontrar una solución política para las causas estructurales que permiten el crimen organizado (principalmente las pandillas)” es probablemente el mayor desafío al que se enfrentará el próximo presidente de El Salvador.

A continuación, InSight Crime analiza las plataformas de seguridad propuestas por los tres candidatos principales.

Hugo Martínez, el candidato del gobierno del FMLN

Salvador Sánchez Cerén llegó a la presidencia en 2014, y su periodo como jefe de Estado está llegando a su fin. Su partido político, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) —que ha estado en el poder durante los últimos 10 años— lanzó como candidato al conocido político Hugo Martínez.

Martínez ha propuesto una ambigua plataforma de seguridad que carece de suficientes detalles y se centra en el uso de “toda la fuerza pública necesaria para garantizar la seguridad y la tranquilidad”. Específicamente, la plataforma de Martínez hace énfasis en que la capacitación de la policía nacional y su despliegue en todo el país permitirán mejorar la seguridad y fortalecer el tan anunciado Plan El Salvador Seguro (PESS), puesto en marcha en 2015 por Sánchez Cerén, pero cuya eficacia todavía está en duda.

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Su plan “promovería el mayor despliegue estatal para fortalecer las estrategias de prevención de la violencia y derrotar la criminalidad”, además de “garantizar el control territorial del Estado mediante el uso de inteligencia policial e investigación científica de los crímenes”.

Si bien la prevención ha hecho parte de las últimas propuestas de seguridad del FMLN, el partido parece estar promoviendo otra vez las estrategias de seguridad de mano dura y la militarización de la policía.

Durante años, las autoridades han redoblado las medidas de seguridad extraordinarias contra las pandillas del país, no solo bajo la administración del actual presidente Sánchez Cerén, sino también durante las administraciones anteriores a él. Pero aunque los funcionarios han señalado que es gracias a estas medidas que se ha logrado disminuir las tasas de homicidio del país, resaltando los supuestos avances en materia de seguridad, la inseguridad sigue siendo constante y lo más probable es que otros factores complejos estén contribuyendo a la disminución de la violencia.

Recientemente, el mismo Martínez admitió en un debate que “se han hecho avances, pero no han sido suficientes”. Sin embargo, parece que él y su partido —que han hecho acuerdos con las pandillas para influir en otras elecciones presidenciales en el pasado—­­ carecen de propuestas claras para hacer frente a las pandillas de El Salvador o a los problemas de seguridad recientes o de vieja data, a pesar de que se ha dicho que esta debería ser “una prioridad” de su administración.

Nayib Bukele, el opositor favorito de GANA

Las encuestas recientes indican que Nayib Bukele, exintegrante del FMLN y exalcalde de San Salvador, continúa liderando la contienda presidencial e incluso podría obtener una victoria rotunda, como representante del partido de oposición Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

En materia de seguridad pública, la plataforma de Bukele se centra sobre todo en la prevención y en la búsqueda de nuevas formas de mejorar la capacidad de las fuerzas de seguridad mediante el uso de tecnología.

Bukele propone que la policía nacional y las fuerzas armadas de El Salvador ayuden a diseñar e implementar programas de intervención en escuelas diseñadas para establecer prácticas de lucha contra la violencia. El aspirante presidencial también propone, entre otras cosas, establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil para reducir las condiciones que causan la violencia y la marginación e incrementan los factores de riesgo.

“El problema con los grupos criminales que atacan a las fuerzas de seguridad es que no pueden ser tratados exclusivamente desde una óptica de lucha contra el crimen, ya que es un problema social en el que la falta de oportunidades y opciones de vida comienza a producir un círculo vicioso de pobreza, delincuencia y violencia”, se lee en el plan de Bukele.

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Además de la prevención, Bukele propone aumentar la capacidad técnica de la policía nacional y crear un plan de protección fronteriza contra el narcotráfico transnacional, coordinado por varias instituciones de seguridad.

La llamada región del Triángulo Norte de Centroamérica se ha vuelto cada vez más importante como punto de trasbordo de los cargamentos de drogas procedentes de Suramérica, dado el auge en la producción de cocaína. Sin embargo, los grupos criminales han demostrado su capacidad de burlar a las autoridades y a su alta tecnología mediante técnicas elementales, como el uso de los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS).

Bukele también propone la creación de una comisión con respaldo internacional contra la impunidad y la corrupción en El Salvador, similar a los organismos contra la corrupción en los países vecinos, Guatemala y Honduras, que han logrado enviar a prisión a un expresidente y una vicepresidenta, y han investigado la presunta criminalidad de otros poderosos miembros de las élites.

Sin embargo, quedan serias dudas acerca de la capacidad de Bukele para hacer frente a las pandillas y a la inseguridad en el país, especialmente mediante una comisión de lucha contra la corrupción. Durante su periodo como alcalde de San Salvador, por ejemplo, Bukele hizo tratos con las pandillas y prometió darles beneficios a cambio de que “proporcionaran seguridad y permitieran el acceso a los territorios bajo su control durante las actividades de campaña”. Esta y otras acciones cuestionables lo pondrían directamente en la mira de dicha comisión.

Carlos Calleja, el opositor de derecha de ARENA

En contravía de las campañas que el partido político de extrema derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ha adelantado anteriormente en cuanto a seguridad ciudadana (como la de plantear el Plan de Mano Dura en 2003), las propuestas de seguridad del candidato presidencial Carlos Calleja se enfocan principalmente en la prevención, en lugar de las medidas represivas para impedir la expansión del crimen y la violencia.

“Es importante señalar que lo que se ha hecho hasta el momento no ha funcionado; tenemos que buscar una solución definitiva, una visión integral […] y ejecutar más programas preventivos”, dijo Calleja durante un debate recientemente.

En parte, Calleja ha prometido continuar apoyando el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), que fue creado en 2014 para promover el diálogo y llegar a acuerdos sobre las políticas públicas relacionadas con las seguridad ciudadana.

En cuanto al desmantelamiento de las estructuras criminales del país, Calleja ha prometido coordinar los servicios públicos y las políticas sociales, además de mejorar la rendición de cuentas al interior de la policía nacional, reestructurar la institución y asignar más recursos para la formación, las capacidades forenses y la inteligencia policial.

Reformar la policía salvadoreña —en la que en años recientes han abundado los asesinatos extrajudiciales, las violaciones a los derechos humanos y los escuadrones de la muerte— es una tarea primordial, pero los planes para lograrlo se han quedado cortos.

ARENA y sus integrantes han tenido dudosas relaciones con las pandillas durante las campañas electorales anteriores, lo que pone en duda la promesa del partido de enfrentar de manera efectiva uno de los principales factores causantes de inseguridad. En 2014, el alcalde de San Salvador, afiliado al partido ARENA, le dio a la MS13 decenas de miles de dólares a cambio de que apoyara al candidato presidencial del partido en ese momento.