Hay un creciente cuerpo de evidencia que sugiere que la militarización de la seguridad interna lesiona los derechos humanos y tiene poco impacto sobre el crimen y la violencia a largo plazo. ¿Por qué entonces los gobiernos latinoamericanos se siguen viendo atraídos por la adopción de estas políticas de “mano dura”?
Si damos una mirada al panorama de seguridad en Latinoamérica, nos daremos cuenta de que los países más violentos están utilizando un enfoque militarista para su seguridad interna. Los tres países que encabezan la lista de homicidios elaborada por InSight Crime han adoptado medidas recientes para aumentar el papel de los militares en la lucha contra el crimen y la violencia.
El Salvador ha desplegado brigadas militares de élite en entornos urbanos para luchar contra la explosión de la violencia de las pandillas que aqueja al país. Honduras ha instalado una fuerza de policía militar y designó a un general en la dirección del Ministerio de Seguridad del país. Venezuela también ha asignado a oficiales militares para ocupar puestos de seguridad que normalmente han estado reservados para civiles, y acaba de lanzar una ofensiva conjunta de la policía y los militares contra las bandas.
Por su parte, bajo la administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012), México —que durante mucho tiempo ha sido fuente de violencia del narcotráfico— aumentó drásticamente el papel del ejército en la lucha contra los poderosos carteles de la droga. A pesar de un cambio inicial en la retórica, el actual presidente Enrique Peña Nieto ha hecho poco para reducir la militarización de la seguridad ciudadana.
Una promesa incumplida
A pesar de la aparente popularidad de la militarización en muchas partes de la región, hay poca evidencia de que recurrir a los militares dé como resultado mejoras en materia de seguridad a largo plazo.
De hecho, muchos estudios han demostrado que la violencia aumentó en aquellas zonas de México donde se desplegaron tropas para combatir a los carteles. Las Naciones Unidas llegaron a una conclusión similar en cuanto a los resultados de la militarización en Guatemala.
Incluso en Honduras es difícil atribuir la disminución en los homicidios a la instauración de una policía militar. Hernández observó un descenso de 13 puntos en la tasa de homicidios a nivel nacional durante su primer año como presidente, y los homicidios han seguido disminuyendo en el año 2015, según las estadísticas del gobierno.
Estas disminuciones se han presentado en algunas zonas donde Hernández ha desplegado la policía militar. Sin embargo, si se atribuyen estos logros en la reducción de la violencia únicamente a esos despliegues se ignora el hecho de que la tasa de homicidios de Honduras tuvo el mismo nivel de descenso en 2013, el año antes de que él asumiera el cargo.
Quizá lo más preocupante es que el aumento de la militarización ha estado estrechamente vinculado al aumento de las violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad en la región. En México, el observatorio de derechos humanos Amnistía Internacional identificó un aumento del 600 por ciento en los reportes de torturas por las fuerzas de seguridad entre 2003 y 2013. Reuters también descubrió que las violaciones de los derechos humanos por los militares hondureños han aumentado desde 2012, el mismo año en que el gobierno intensificó el papel de las fuerzas armadas en las actividades policiales.
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Los soldados están entrenados para combatir y abatir enemigos, no para resolver conflictos o investigar delitos. No saben cómo vigilar las escenas de los crímenes, y las leyes a menudo los protegen contra juicios en los tribunales civiles, lo cual permite que haya impunidad generalizada para los ataques de los militares contra civiles.
La militarización también puede conducir a abusos de derechos humanos que van mucho más allá de los asesinatos extrajudiciales. Los militares, por ejemplo, a menudo tratan a los sospechosos como enemigos combatientes, no como civiles.
“En muchos casos, el uso de las fuerzas armadas va acompañado de otras políticas, como arrestos sin órdenes previas, alargamiento de las penas de prisión [y] violaciones al hábeas corpus,” le dijo a InSight Crime Orlando Pérez, vicedecano de la Universidad de Millersville y uno de los coordinadores del estudio AmericasBarometer (vea referencia abajo).
¿Qué tienen en común el Papa y un general del ejército?
Si bien hay algunos ejemplos de que la militarización ha conducido a mejoras sostenidas en materia de seguridad, el atractivo de obtener logros rápidos mediante una mayor presencia militar continúa impulsando a los gobiernos de la región a adoptar esta estrategia. Esto es a menudo una decisión tanto política como de seguridad.
“Incluso si los niveles de delincuencia no bajan del todo, el solo hecho de ver soldados en las calles envía un fuerte mensaje”, le dijo a InSight Crime Adam Isacson, director asociado de Política Regional de Seguridad en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
De hecho, Hugo Pérez Hernaiz, profesor de sociología en la Universidad Central de Venezuela, dijo que el giro del gobierno venezolano hacia la militarización puede deberse en parte a las próximas elecciones.
“Dado que hay una deteriorada situación de seguridad ciudadana y elecciones legislativas programadas para diciembre, el gobierno siente que tiene que debe demostrar que está ‘haciendo algo’ con respecto [a las altas tasas de criminalidad en el país]”, dijo Pérez.
Aunque estas decisiones las toman las élites políticas, a menudo tienen el apoyo de la población general. Según la encuesta AmericasBarometer 2014, de Vanderbilt University (pdf), una significativa mayoría de los encuestados de países de la región respondieron que están de acuerdo con el hecho de que las fuerzas armadas participen en la lucha contra el crimen. Llama la atención que los dos primeros puestos en este sentido los ocupen los dos países más violentos de Latinoamérica (Honduras y El Salvador), donde más del 80 por ciento de los encuestados dijeron que apoyan la participación de los militares en la seguridad interior. (Vea el gráfico de AmericasBarometer abajo).
Esto se debe a dos factores claves, que se encuentran interconectados. Uno es la percepción de que las fuerzas policiales en toda la región son ampliamente corruptas, ineficientes y mal capacitadas. (Vea abajo los resultados de AmericasBarometer sobre esa pregunta). El otro es que el ejército es una de las instituciones del Estado más respetadas en la mayoría de los países latinoamericanos; según el informe de AmericasBarometer, sólo la iglesia Católica supera al ejército en términos de confianza. Al parecer, en Latinoamérica sólo el Papa inspira más respeto y confianza que los generales del ejército.
El pasado nunca muere
Un creciente número de analistas considera que el enfoque militarista de seguridad socava las democracias jóvenes de la región. Para muchos, la actual ola de militarización evoca la época de la Guerra Fría, cuando casi una docena de países de Latinoamérica estuvieron dirigidos por gobiernos militares represivos.
“Volver a asignarles a los militares un papel en la seguridad interna parece un retroceso en los avances de la época democrática”, señaló Isacson.
Incluso en México, donde nunca ha habido una dictadura militar, hay dudas sobre el amplio papel del ejército en el gobierno. Jesús Pérez Caballero, investigador independiente sobre crimen organizado en América Latina, le dijo a InSight Crime que los militares siempre han tenido un “papel tutelar” en la democracia mexicana.
“No cabe duda de que los militares tienen la mayor capacidad, no sólo en términos de inteligencia, sino también en asuntos de seguridad”, dijo Pérez. Esto genera un fuerte incentivo para que el gobierno recurra permanentemente a los militares para que ejerzan funciones policiales, en lugar de utilizarlos como un último recurso.
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En lugares como México, el ejército es además una opción más fácil. Desde una perspectiva económica, los gastos son responsabilidad de los gobiernos federales y no de los estatales, por lo que es una fácil decisión para los gobernadores de estados afectados por el crimen.
Pero en algunos países la creciente influencia de los militares no se limita sólo a la seguridad ciudadana. En Honduras, funcionarios del ejército ya han asumido el control de varios puestos de gobierno que han sido tradicionalmente civiles, como la dirección del sistema penitenciario nacional, la aviación civil y los organismos de servicio social.
En Guatemala, las autoridades militares han permeado numerosos organismos civiles y controlan grandes porciones del presupuesto del gobierno nacional.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro nombró recientemente a altos oficiales militares para dirigir la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (empresa siderúrgica de propiedad estatal), así como una red administrativa regional.
“Hay esa misma sensación que se tiene con respecto a la policía”, dijo Isacson. “Utilicemos a los militares porque al menos ellos tienen los recursos, están bien entrenados y pueden movilizarse rápidamente. ¿Por qué entonces no involucrarlos en la lucha contra la inflación o para construir un sistema de alcantarillado?”.
Hay sin embargo quienes afirman que el ejército es renuente.
“A diferencia de épocas anteriores, ellos [los militares] no quieren involucrarse en cosas distintas a las misiones o funciones militares”, le dijo a InSight Crime Frank Mora, profesor de la Universidad Internacional de Florida y ex vicesecretario adjunto de defensa para el hemisferio occidental.
La Trinidad profana: ejército, policía y policía militar
La militarización tiene varias facetas y puede implicar mucho más que aumentar el papel del ejército en la seguridad nacional. En muchos países de Latinoamérica, es cada vez más difícil distinguir entre unidades de policía y brigadas militares.
“Se están diluyendo las distinciones entre la policía y las instituciones militares y entre la guerra y la aplicación de la ley”, le dijo a InSight Crime Robert Muggah, director de investigaciones y coordinador del programa de seguridad ciudadana del Instituto Igarape, Brasil.
Según Muggah, la militarización de las fuerzas policiales de Latinoamérica fue impulsada por la “guerra contra las drogas” apoyada por Estados Unidos. Los países que se encontraban en transición de sus guerras civiles o regímenes autoritarios en las décadas de los ochenta y los noventa, típicamente trataban el crimen con un enfoque de mano dura, señaló Muggah.
Sin embargo, “La inversión de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico llevó estas estrategias policiales represivas a otro nivel”, añadió.
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El ejemplo más claro de la militarización de la policía ha sido la creación de las fuerzas de policía militar. Según Orlando Pérez, estas unidades híbridas están entrenadas para manejar situaciones que van más allá de las capacidades de la policía local, pero no para la guerra. La policía militar en Brasil es notoriamente violenta, y los grupos de derechos humanos han llamado la atención sobre el uso sistemático de la fuerza letal por parte de estas unidades.
En Honduras hay cierto debate acerca del papel de Estados Unidos en la formación e implementación de la policía militar. Isacson le dijo a InSight Crime que ha habido un “verdadero cambio” por parte de Estados Unidos en cuanto a poner límites al apoyo a los militares en funciones de seguridad ciudadana, y la embajada de Estados Unidos ha declarado públicamente que no apoya el énfasis del gobierno de Honduras en la policía militar.
Sin embargo, Isacson señala que hay otras partes del gobierno estadounidense que están fomentando esta militarización en Honduras.
“[Estados Unidos] todavía alienta la participación de los militares en funciones policiales internas a través de nuestras palabras. Si bien no estamos ayudando a la PMOP en Honduras, yo creo que el general [John] Kelly [subcomandante del Comando Sur de Estados Unidos] ha expresado muchos elogios por la decisión del presidente Hernández de desplegar [las fuerzas]”, afirmó Isacson, refiriéndose a la Policía Militar de Orden Público (PMOP). “Así que el mensaje todavía está allí, incluso si no siempre hay dinero”.
Es un delicado equilibrio que va más allá de las políticas de seguridad ciudadana locales. Por ejemplo, Mora sostiene que Estados Unidos apoya al presidente Hernández debido a la estratégica importancia de Honduras para la Alianza para la Prosperidad en la iniciativa del Triángulo Norte y no debido a su enfoque de mano dura.
“Estados Unidos confía en adelantar ese plan de trabajo en Guatemala, Honduras y El Salvador”, dijo Mora, agregando que la Alianza para la Prosperidad hace énfasis en el uso de métodos menos duros para mejorar la seguridad en el Triángulo Norte.
Es hora de cobrar el cheque
Los gobiernos latinoamericanos han prometido rutinariamente desplegar las fuerzas armadas sólo como una medida provisional que puede centrarse en mejorar las fuerzas policiales del país. Sin embargo, la falta de voluntad política y de recursos a menudo obstaculiza los esfuerzos de la reforma policial, y el ejército sigue en las calles de manera indefinida. A manera de metáfora, los gobiernos les han extendido un cheque a sus electores, pero cuando éstos van a cobrarlo se encuentran con que el cheque tiene “fondos insuficientes”.
Aunque el despliegue militar es una opción atractiva en el corto plazo, de hecho puede retrasar el proceso de reforma policial.
“El uso del ejército se sustenta en las debilidades de la policía”, le dijo Orlando Pérez a InSight Crime. “Si se recurre a las fuerzas armadas, esos recursos no se usan para mejorar la policía”.
De hecho, a pesar de años de esfuerzos por una reforma integral en Venezuela, Honduras y México, las fuerzas policiales de estos tres países siguen siendo lamentablemente corruptas. El secuestro y homicidio de 43 estudiantes el año pasado en Guerrero, México, por parte de una organización criminal con la ayuda de la policía local, es el caso más sobresaliente de participación de la policía en actividades criminales, pero está lejos de ser el único.
Mora señala que los gobiernos latinoamericanos también deben mostrar más voluntad para combatir las causas estructurales de la violencia y el crimen, como la desigualdad. “Si se entrena a la policía, de cierta manera lo que se está haciendo es atacar el síntoma del problema, no los generadores ni las causas del mismo”, anotó.
Encontrar un equilibrio entre las exigencias del aquí y el ahora y las opciones de seguridad a largo plazo es algo difícil para los gobiernos. Los desafíos son enormes, pero posponer el verdadero trabajo que debe hacerse involucrando continuamente al ejército presagia un futuro para Latinoamérica angustiosamente similar a su presente: como la región más violenta del mundo.