El Procurador General de México, Jesús Murillo, ha rechazado las acusaciones de corrupción en contra de Tomás Ángeles, un general retirado del ejército y ex subsecretario de la Defensa Nacional; el último de los principales juicios, impulsados por el ex presidente Felipe Calderón en contra de la corrupción, en colapsar lo que demuestra la continua fragilidad del sistema judicial.
El periódico de Ciudad de México El Universal informó que los fiscales federales eran propensos a abandonar los cargos contra Ángeles tras un fallo judicial, a principios de esta semana, que rechazaba los cargos contra el ex zar anitdorgas y ex jefe de la unidad contra el crimen organizado de la Procuraduría General (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada – SIEDO), Noé Ramírez Mandujano. Murillo lo hizo oficial el 17 de Abril. Luego un juez liberó al ex general.
Un juez federal dictaminó que la prueba de connivencia con la Organización de los Beltrán Leyva (OBL) en contra de Ramírez, presentada por un testigo protegido bajo el nombre clave de “Jennifer”, fue fabricada. Ramírez había sido detenido en 2008, junto con otras dos docenas de funcionarios de la unidad de lucha contra el crimen organizado, en una operación llamada “Operación Limpieza”.
El testimonio de “Jennifer”, en realidad un testigo protegido masculino, también fue clave en el caso contra Ángeles, otros dos generales y varios oficiales de menor rango detenidos en mayo de 2012, por ayudar a la OBL.
Algunos observadores, en ese momento, sugirieron que el arresto de Ángeles era consecuencia de las luchas internas entre los altos mandos militares, entorno al nombramiento de un nuevo Secretario de la Defensa luego de las elecciones presidenciales del año pasado.
El Presidente Enrique Peña Nieto señaló el martes la voluntad de su gobierno de no perseguir los casos de corrupción, diciendo que el caso resuelto en contra de Ramírez refleja profundas deficiencias en los aparatos de justicia del país.
“(…) creo que todos estos casos dejan una lección muy clara, creo que lo que tenemos que hacer es capacitar, preparar a las fiscalías, a los agentes del Ministerio Público, a la propia policía investigadora, en trabajo pericial y de investigación científica que dé el soporte debido y suficiente para respaldar cualquier acusación”, dijo Peña el martes en un foro sobre esfuerzos contra el crimen.
Análisis de InSight Crime
La reducción en los casos de corrupción marca un reproche vergonzoso de los seis años de esfuerzos, respaldados por Washington, del gobierno de Calderón para reformar el sistema judicial, acabar con la corrupción y luchar contra el crimen organizado. De hecho, la formación de la policía y los fiscales federales era un objetivo clave de los US$1,6 mil millones en ayuda de Estados Unidos a México, bajo la Iniciativa Mérida.
Los casos en contra de Noe Ramírez, y una serie de oficiales militares, parecían resaltar algunos avances. Y, en muchos sentidos, la destrucción de la OBL fue un logro del gobierno de Calderón. La OBL se fragmentó después del asesinato del capo Arturo Beltrán, el 12 de diciembre de 2009 por parte de la marina mexicana respaldada por Estados Unidos, y parecía estar tambaleándose. Pero el grupo se ha recuperado desde entonces, con la ayuda de algunos aliados formidables, los Zetas. El hermano de Arturo, Héctor, ahora controla los remanentes del grupo, que todavía tiene una fuerte presencia a lo largo de la costa del Pacífico y en la periferia de Ciudad de México.
Aunque nadie duda de que las conexiones de los mafiosos con los oficiales han permitido su supervivencia, los casos también subrayaron cuán frágil es el sistema judicial de México en realidad. Calderón aprendió esa lección cuando decidió enfrentarse a las pandillas: las fuerzas de seguridad civiles demostraron estar mal preparadas, soldados policías pobres, los fiscales y los jueces fueron guardianes inadecuados de la justicia. Seis años más tarde el objetivo de profesionalizar a la policía y a los fiscales sigue siendo un objetivo más que una realidad.
Peña ha expresado su apoyo a la continua cooperación con Washington, bajo los auspicios de Mérida. Pero los cambios en el enfoque de los programas son probables y, de hecho fueron pedidos esta semana por el canciller mexicano José Antonio Meade.
No obstante, la estrategia más grande de Peña contra el crimen sigue siendo imprecisa. Él ha dicho que sería injusto juzgar su eficacia antes de que termine el año. Pero los casos contra Ramírez y los generales – sin importar si tenían algún mérito o no – dan a entender lo empinada que es la colina que Peña, su equipo de seguridad y los planificadores estadounidenses estarán subiendo.