Fiscales estadounidenses han acusado a cinco ciudadanos de Venezuela por un caso relacionado con una red de tráfico de armas desde Miami, lo cual ilustra la importancia de esta ciudad para los traficantes que envían armas de Estados Unidos al extranjero.
Según una acusación del 16 de febrero, los venezolanos Ender Enrique Soto Hernández, Ender Alberto Soto Hernández, Luis Antonio Urdaneta Pozo, Wilmer Onelis Hinestroza Pereira y Alcibíades de Jesús Palmar Narváez han sido acusados, en el Distrito Sur de Florida, de violaciones federales al tráfico de armas.
Los cinco hombres se encuentran acusados de participar en un esquema de exportación ilegal de armas y municiones a Venezuela desde 2013.
Su caso se relaciona con cargos levantados anteriormente contra otros tres ciudadanos venezolanos. José Gutiérrez Morales, Alfredo Montilla Hernández y Abrahán José Aguilar Sánchez se han declarado culpables en las últimas semanas por cargos según los cuales ellos conspiraron para enviar ilegalmente armas desde Miami a Venezuela.
Según El Nuevo Herald, el abogado de Aguilar Sánchez les dijo a los jueces que su cliente iba a cooperar con las autoridades luego de declararse culpable. Es probable que la información proporcionada haya ayudado a generar la nueva acusación contra los cinco venezolanos.
Los investigadores alegan que los cinco hombres acusados recientemente compraron o robaron por lo menos 13 armas de fuego, 5 rifles y 54 libras de municiones en Florida y los transportaron en sus equipajes o los enviaron a través de servicios de mensajería desde Miami a Maracaibo, Venezuela.
La investigación sobre la red de tráfico comenzó en abril de 2016, cuando funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) interceptaron un paquete en el aeropuerto internacional de Miami enviado desde Maracaibo por un hombre llamado Ender Soto. Tras la inspección, la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) descubrió que el paquete contenía 25 cajas vacías de baterías de automóvil. La agencia rastreó el paquete, lo cual condujo a los investigadores a Gutiérrez Morales y Montilla Hernández, según la denuncia presentada contra los dos hombres.
En mayo, funcionarios del aeropuerto sometieron a un interrogatorio a Aguilar Sánchez, quien llegaba a Miami en un vuelo procedente de Maracaibo. Durante la inspección, el teléfono de Aguilar Sánchez fue revisado, y se encontró el número telefónico de Soto, lo que lo vinculaba a la investigación sobre Gutiérrez Morales y Montilla Hernández, según otra denuncia criminal.
Luego, en el mes de junio, según documentos de la corte, Aguilar Sánchez fue al aeropuerto de Miami para recoger a Gutiérrez Morales, quien había volado de Maracaibo a Miami. Gutiérrez Morales había indicado que la residencia de Aguilar Sánchez era el lugar donde se hospedaría durante su permanencia en Estados Unidos, según señala la denuncia.
Poco después, HSI comenzó a observar con cámaras de vigilancia a Gutiérrez Morales y Montilla Hernández en la dirección que aparecía como destino del paquete encontrado en abril con las baterías de auto vacías.
Más adelante, en el mismo mes de junio, según la denuncia, se observó que Morales Gutiérrez entregó en Conavenca Freight Forwarders, una compañía de transporte de carga ubicada en Miami, dos cajas que contenían dos fusiles de asalto y casi 15.000 cartuchos camuflados al interior de generadores eléctricos.
La operación de vigilancia culminó meses después, en octubre, cuando un funcionario de HSI interceptó una camioneta blanca en Conavenca, la compañía de transporte de carga. Se había observado que ese mismo día, antes de que la camioneta partiera sin ellos, Gutiérrez Morales y Montilla Hernández habían dejado armas de fuego en la dirección que estaba siendo vigilada.
Durante las inspecciones, los funcionarios encontraron en el vagón de la camioneta las mismas cajas de batería de automóvil vacías que se habían encontrado en el paquete en el mes de abril. Según los registros de la corte, las cajas contenían ocho armas de fuego, unos 23.500 cartuchos y 19 cilindros de alta capacidad. Gutiérrez Morales y Montilla Hernández fueron abordados mientras conducían su automóvil y detenidos ese mismo día. En su auto, los funcionarios encontraron dos armas cortas, cinco fusiles de asalto AR-15 que habían sido puestos aparte y más de 1.700 cartuchos.
Según los documentos judiciales, la fiscalía estadounidense levantó cargos contra Gutiérrez Morales y Montilla Hernández el 1 de diciembre de 2016 por intentar exportar ilegalmente armas y municiones a Venezuela.
Ese mismo día, Aguilar Sánchez fue interceptado en el aeropuerto de Miami, cuando intentaba abordar un avión hacia Venezuela. Los documentos de la corte señalan que, después de interrogatorios adicionales, los agentes de HSI encontraron fotografías de generadores eléctricos en el teléfono móvil de Aguilar Sánchez, que coincidían con la descripción de los que habían sido utilizados en el cargamento del mes de junio. Él también fue acusado de tráfico de armas.
Los tres hombres dijeron que eran inocentes inicialmente, pero luego se declararon culpables. La Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentario por parte de InSight Crime, en relación con la situación de los cinco hombres acusados.
Análisis de InSight Crime
El caso en desarrollo contra la red de traficantes llama la atención sobre varias condiciones que han contribuido a que Miami se convierta en un importante centro del comercio ilegal de armas a nivel internacional.
Un importante atractivo de Miami para los traficantes de armas es la gran cantidad de cargamentos legítimos que transitan por el puerto de la ciudad, que es uno de los más activos de Estados Unidos. El gran volumen de mercancías les hace relativamente fácil a los traficantes ocultar los bienes de contrabando entre la mercancía legítima sin ser detectados, especialmente en lo que se relaciona con envíos a países latinoamericanos. Según un informe reciente (pdf), Miami es el principal punto de entrada de Suramérica y Centroamérica, pues recibe “la mitad de los ocho millones de toneladas de carga que vienen o van hacia Latinoamérica cada año”.
Otro factor que hace de Miami un centro atractivo para el tráfico de armas es la disponibilidad de armas de alta calidad en la ciudad, facilitada en parte por las laxas normativas locales sobre la venta de armas. Según el Balance Estatal de Leyes sobre Armas (Gun Law State Scorecard), publicado en 2016 por el Centro para la Prevención de Violencia Armada (Law Center to Prevent Gun Violence), Florida obtuvo una calificación “pésima” en cuanto a sus leyes sobre armas. El informe señala que Florida “no promulgó leyes significativas relacionadas con las armas de fuego en 2016”.
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El reciente caso en Miami también es una señal de la alta demanda de armas de fuego en Venezuela. Según investigaciones de Gun Policy, un observatorio internacional sobre armas de fuego, se estima que en Venezuela hay unas 2,7 millones de armas de fuego ilícitas. Sólo Brasil —centro mundial de la producción de armas de fuego— cuenta con un mayor número de tráfico ilícito de armas de fuego en Suramérica.
La demanda de armas en Venezuela está probablemente relacionada con la continua agitación económica y política del país, que ha llevado a altos niveles de violencia en los últimos años. Aunque es difícil obtener estadísticas precisas, la tasa de homicidios de Venezuela el año pasado, que se ubicó en unos 59 por cada 100.000 habitantes, sitúa al país como el segundo más violento de Latinoamérica, después de El Salvador.
No queda claro para quién o para qué propósito se estaban traficando las armas de Miami a Venezuela en el caso en mención. Pero es probable que estuvieran destinadas a actividades criminales. A medida que el caso avance, es posible que otros acusados revelen nuevos detalles que les ayudarán a las autoridades a entender la dinámica de los flujos de tráfico ilegal de armas de Florida a Venezuela.