Aunque las autoridades todavía no han revelado la cifra oficial de homicidios, las estadísticas disponibles hasta el momento señalan que la atribulada Colombia puede haber registrado su año más pacífico en varias décadas. Sin embargo, estos datos no dan cuenta de todo el panorama.
Según estadísticas de la policía consultadas por El Tiempo, entre enero y el 1 de diciembre de 2014 en Colombia hubo más de 11.600 asesinatos. Si a este número se agregan las cifras más recientes de la policía, que indican que en el mes de diciembre hubo 1.155 asesinatos, esto significa que Colombia terminó el año 2014 con 12.776 homicidios, según informó El Tiempo. El diario señala que este es el año más pacífico que ha tenido Colombia desde 1984, el mismo año en que el líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, estaba quizá en la cima de su poder y ordenó el asesinato del ministro de Justicia.
Ese año hubo un poco menos de 10.000 homicidios. En 1991, la tasa de homicidios en Colombia se disparó hasta llegar a 78 asesinatos por cada 100.000 habitantes —un total de 28.280 muertos—. Junto con la guerra contra las drogas, el conflicto con el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aumentó la violencia. En 2002, año en que el presidente Álvaro Uribe asumió el poder, Colombia se veía afligida por una tasa de homicidios de 67 por cada 100.000 habitantes.
La policía colombiana aún no ha revelado su recuento oficial de asesinatos para 2014, y sus cuentas suelen diferir ligeramente de las de otros organismos colombianos como el instituto de ciencias forenses, Medicina Legal, dado que la policía no contabiliza a quienes han sido heridos y mueren como consecuencia de sus lesiones.
Sin embargo, la tendencia general es a la disminución de la violencia. Entre 2012 y 2013, los homicidios en Colombia bajaron casi nueve por ciento, tras una caída de alrededor del siete por ciento entre 2011 y 2012. A este fenómeno contribuye el descenso en la tasa de homicidios en ciudades como Medellín y Cali, en las cuales los homicidios han disminuido considerablemente en los últimos años. Todavía hay algunas excepciones a esta tendencia en el país, incluyendo la ciudad capital Bogotá, donde la violencia va en aumento.
Análisis de InSight Crime
La pregunta es hasta qué punto los planes estatales y de las fuerzas de seguridad están llevando a estas tremendas mejoras en Colombia y qué parte de este descenso en los índices de violencia se debe a la iniciativa de los actores ilegales. La tregua negociada en 2013 entre el grupo criminal más grande de Colombia, los Urabeños, y los descendientes del Cartel de Medellín, conocidos como la Oficina de Envigado, contribuyó sin duda al descenso de la tasa de homicidios en Medellín.
A mediados de 2013, los Urabeños y la Oficina de Envigado llegaron a la conclusión de que sus disputas eran desfavorables para los distintos negocios ilícitos con base en Medellín, como el tráfico de drogas, el negocio de las armas y la extorsión. Después de que los representantes de estos grupos criminales discutieron un trato en una lujosa casa de campo, el efecto sobre la seguridad en Medellín se empezó a notar. La ciudad registró solo 653 asesinatos en 2014 —su nivel más bajo en 35 años y un verdadero contraste con la época de Pablo Escobar, cuando en un momento dado la ciudad llegó a tener 17 homicidios por día—.
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Un pacto similar parece haberse realizado en Cali a finales de 2013. La tercera ciudad más grande de Colombia también ha experimentado un descenso en los niveles de violencia: los homicidios disminuyeron un 23 por ciento entre 2013 y 2014 —la mayor disminución en dos décadas—, según el diario El País de Cali.
Aunque es difícil cuantificar exactamente en qué medida cada uno de estos dos pactos ha contribuido al descenso en la tasa nacional de homicidios en Colombia, es claro que esta nueva ola de tranquilidad es frágil. En caso de que estos pactos se rompan y la violencia incremente drásticamente, Colombia podría enfrentarse a la verdad incómoda de que su seguridad puede depender más de los intereses de los actores criminales que de las acciones del Estado.
En el año 2014, en Colombia se arrestaron 1.894 miembros de lo que el gobierno llama “bacrim” (de “bandas criminales”), según la Fiscalía de Colombia. Como muestra el gráfico que acompaña este artículo, solo una parte de estos arrestos involucraron a funcionarios públicos —miembros del sector político y de la seguridad que refuerzan el poder del crimen organizado colombiano y les permiten a las estructuras criminales actuar en la impunidad. Si Colombia va tras estos funcionarios en lugar de seguir arrestando combatientes rasos, demostrará que el Estado está en verdad comprometido con la construcción de una paz y unas condiciones de seguridad duraderas.
