Las autoridades de Honduras declararon culpables a siete de los ocho acusados en el asesinato de la reconocida activista ambiental Berta Cáceres, un avance bien recibido, pero justicia se hizo solo en parte.
Los fiscales declararon culpables del homicidio de Cáceres a siete de los acusados: Sergio Ramón Rodríguez, ingeniero en Desarrollos Energéticos S. A. (DESA); Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA y militar retirado; Mariano Díaz Chávez, exsoldado que sirvió con Bustillo; Henry Javier Hernández, exsoldado hondureño que sirvió con Díaz; Edwin Rápalo, exsoldado hondureño; Edilson Duarte Meza, y Óscar Torres, según el anuncio de la Fiscalía General el 29 de noviembre.
El octavo imputado, Emerson Duarte Meza, fue declarado inocente por falta de evidencia suficiente en su contra, y puesto en libertad. Hernández, Rápalo, Edilson Duarte y Torres fueron hallados culpables de tentativa de homicidio contra el ambientalista mexicano Gustavo Castro.
El veredicto se dictó más de dos años después de que pistoleros armados irrumpieran en la vivienda de Cáceres en La Esperanza, suroeste de Honduras, el 2 de marzo de 2016, la asesinaran y dejaran herido a Castro, quien sobrevivió solo porque fingió estar muerto.
(Gráfico donde se muestra la escena del crimen de Cáceres, cortesía de informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas)
En 2015, Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), recibió el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su activismo.
Se cree que una de las causas que deteminaron su muerte fue su firme oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, administrada por DESA, que amenazaba con poner en riesgo a las comunidades indígenas Lenca que habitan a lo largo del río Gualcarque, sagrado para ellos.
En un inicio las autoridades de Honduras detuvieron a Rodríguez y Bustillo y a dos más, en relación con el asesinato en mayo de 2016. Para enero de 2017, habían capturado a Hernández, Rodríguez y Atilio Duarte, además de otros dos acusados.
En marzo de 2018, las autoridades aprehendieron a Roberto David Castillo Mejía, director ejecutivo de DESA en la época del homicidio de Cáceres. No es claro cuándo comparecerá él en juicio. Los propietarios de DESA, la poderosa familia Atala Zablah, no han sido acusados de ningún crimen y niegan cualquier participación en el homicidio.
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La hija mayor de Cáceres, Olivia Zúñiga, declaró a The Guardian que la familia está “contenta de ver en la cárcel a los asesinos que mataron a mi madre”, pero agregó que exigen “que se lleve a la justicia a los autores intelectuales del asesinato”.
Robert Amsterdam, abogado internacional de DESA, y representante de Rodríguez, rechazó el veredicto condenatorio de la corte y anunció que apelará el fallo.
“No hay duda de que este juicio fue objeto de una abrumadora presión internacional fundada en pretensiones falsas, y ahora ha producido el resultado deseado: una farsa con motivaciones políticas para encerrar a un inocente a pesar de la falta de evidencia”, señaló en un comunicado.
Los acusados podrían recibir hasta 30 años de prisión por el homicidio de Cáceres, y de 20 a 30 años por la tentativa de homicidio contra Castro. La lectura de la sentencia está programada para el 10 de enero de 2019.
Análisis de InSight Crime
Las condenas en el caso de Berta Cáceres, aunque imperfectas, son históricas.
El hecho de que casi todos los identificados como autores materiales fueran puestos en custodia, juzgados y condenados por sus delitos es un paso histórico para un país que ha tenido problemas para mejorar la capacidad investigativa y fiscal de sus instituciones en los últimos años. Esta no fue tarea fácil y podría ser un trampolín para futuros juicios.
El éxito de las condenas en casos de este tipo son raras en Honduras y más generalmente en Latinoamérica, que es una de las regiones más mortales del mundo para los activistas ambientales. Un informe de Global Witness, de 2017, halló que los asesinatos de defensores ambientales «rara vez conllevan juicios».
Pero aún queda un largo camino por recorrer para lograr justicia.
El veredicto de culpabilidad en el caso de homicidio más publicitado que puedan haber visto las autoridades en Honduras tuvo buena acogida pero, como era de esperarse, no satisfizo a las familias de las víctimas ni a los observadores internacionales, que afirman que hubo graves problemas en la parte acusadora y que las autoridades no revelaron toda la verdad ni detuvieron a todos los implicados en el crimen.
“Desde el inicio de este proceso, hace casi tres años ya, ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a las Fuerzas Armadas de Honduras”, señaló COPINH en un comunicado.
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La investigación por el asesinato se vio afectada por la controversia mucho antes del inicio del proceso.
Es increíble que dos vehículos pararan a una jueza de la corte de apelaciones en octubre de 2016 y le robaran el expediente que había sacado de su oficina para estudiarlo en su casa. Además, una investigación adelantada por un grupo de expertos independientes halló que la evidencia existente es “concluyente en relación con la participación de numerosos agentes del estado, altos ejecutivos y empleados de DESA en la planeación, la ejecución y el encubrimiento del asesinato”. Castillo Mejía, quien aguarda el juicio, es el único presunto autor intelectual del crimen detenido hasta el momento.
El juicio mismo también estuvo plagado de obstáculos e irregularidades.
El juicio por homicidio se dilató desde el inicio, por ejemplo, luego de que los abogados privados que representaban a la familia Cáceres acusaran de abuso de autoridad y encubrimiento a los jueces que presidían el caso. Luego, justo antes de la apertura del juicio, los jueces los excluyeron, lo que dejó a las familias de las víctimas con un defensor de oficio.
Pese a las obvias fallas y los vacíos del caso, y a los muchos problemas estructurales que el sistema de justicia hondureño aún tiene por enfrentar, el veredicto de culpabilidad es un paso para llegar a que se haga plena justicia. La próxima prueba se cumplirá durante el juicio de Castillo Mejía, exdirector ejecutivo de DESA, quien fue supuestamente el autor intelectual de la muerte de Cáceres.
El caso Cáceres ilustró la capacidad del sistema de justicia de Honduras de lograr condenas. Pero la mayor pregunta es si este fue un fallo aislado, que se hizo posible por la fuerte presión nacional e internacional que recibió el caso. Está por ver si el sistema de justicia puede funcionar efectivamente sin los ojos del mundo puestos en él.
Fotografía: AP/Fernando Antonio