Una comisión del congreso de Venezuela afirma que se ha desviado la pasmosa cifra de US$70 mil millones de las instituciones públicas, una señal de que la corrupción generalizada puede desestabilizar aún más la ya precaria situación política del país con el desmoronamiento de la economía.

El vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Ismael García, señaló que sus investigaciones indican que Venezuela ha perdido US$70 mil millones —casi el 16 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en 2013, según datos del Banco Mundial— por la corrupción dentro de sus entes públicos, informó RunRun.es.

García declaró que una de las entidades más corruptas fue la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que representa casi el 95 por ciento de las divisas de Venezuela y aporta el 25 por ciento del PIB del país. El presidente de la comisión, Freddy Guevara, afirmó el 19  de octubre que entre 2004 y 2014 se perdieron US$11 mil millones.

García mencionó los nombres de dos antiguos directivos de PDVSA que se encuentran detenidos en Estados Unidos, Roberto Rincón y Francisco Illaramendi, y asegura que sus declaraciones de culpabilidad habían arrojado luz sobre más de US$1.500 millones en sobornos a PDVSA. También señaló que Rafael Ramírez, antiguo ministro y ejecutivo de PDVSA, está implicado en el fraude, pero tiene inmunidad por su actual cargo como Representante Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas.

No es la primera vez que García hace acusaciones públicas de corrupción contra altos funcionarios del gobierno. En julio, demandó que la Fiscalía General investigara al general Carlos Osorio, exministro de alimentación, por la presunta malversación de US$ 27 mil millones en alimentos importados, según informó El Nacional.

Entre tanto, el 17 de octubre, RunRun.es informó que el exdirector del organismo antinarcóticos de Venezuela y actual ministro del interior, Néstor Luis Reverol Torres, nombró a su suegra, Susana Coromoto Acosta de Márquez, como directora general de la institución responsable de la administración de los activos incautados al crimen. El presidente Nicolás Maduro designó a Reverol nuevo ministro de interior el 2 de agosto, un día después de que Estados Unidos le formulara cargos por narcotráfico.

También el 17 de octubre, un militar de bajo rango, junto con otros tres sospechosos, fue acusado por el Ministerio Público del robo de 2,5 toneladas de alimentos de propiedad del gobierno, en un país que padece escasez general de productos básicos como resultado de la intensificación de la crisis económica.

Análisis de InSight Crime

Aunque la pasmosa cifra de US$70 mil millones viene de la Asamblea Nacional, en control de la oposición, y no se informó la metodología para respaldar el estimativo, García puede no estar muy equivocado. Incluso, a juzgar por estimaciones anteriores de anteriores funcionarios de gobierno y analistas independientes, esos US$70 mil millones pueden quedarse cortos para describir la escala real de la corrupción en el país.

Héctor Navarro, exministro de energía eléctrica de 2012 a 2013 durante la presidencia de Hugo Chávez, alegaba que la corrupción le ha costado a Venezuela no menos de US$300 mil millones, en una declaración rendida ante la Comisión de Contraloría en abril de 2016. Y en marzo, un especialista peruano afirmó que se habían desviado US$350 mil millones de las arcas del gobierno, 3,5 veces más que cualquier otro país del mundo.

Combinada con el peso del deterioro de la situación económica y de seguridad en el país, la corrupción está desestabilizando —y puede incluso llegar a desbaratar— el ya precario control del poder para Maduro.

Para cualquier país es difícil  definir el alcance de la corrupción con una cifra en dólares. Pero el amplio rango que reflejan los estimativos para Venezuela subraya la falta de transparencia del gobierno. Este secretismo se extiende más allá de la corrupción a otros sectores del gobierno, incluyendo los datos de criminalidad. Las estadísticas oficiales sobre crímenes mayores, como el homicidio rara vez se informan, y en el pasado altos funcionarios han admitido que se abstienen de publicar cifras de crímenes que puedan afectarlos.

Algunas de las mismas políticas fallidas que han permitido sumir a Venezuela en una crisis económica facilitan y exacerban la corrupción. Uno de los esquemas de corrupción más comunes puede remontarse a la decisión del expresidente Chávez de controlar el ingreso de moneda extranjera  al país, en particular el dólar estadounidense, fijando artificialmente la tasa de cambio.

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La escasez de dólares estadounidenses en Venezuela y la gran disparidad entre las tasas de cambio controladas por el gobierno y las del mercado negro hacen que los importadores muchas veces inflen el precio de sus facturas para obtener la mayor cantidad de dólares posible. Pero para obtener el derecho a negociar con las bajísimas tasas de cambio del gobierno, los importadores tienen que sobornar a los funcionarios a cargo de distribuir los dólares. Una firma consultora económica citada en un informe de 2015 por el New York Times estimaba que se robaron US$69.500 millones exclusivamente en fraude por importaciones entre 2002 y 2013.

Aunque la corrupción masiva existía mucho antes de que Maduro asumiera su cargo, la difícil situación económica del país la ha hecho mucho más notoria. Los estantes de alimentos están vacíos y los hospitales se quedan sin medicamentos. Una investigación reciente del Wall Street Journal halló que la mortalidad infantil en Venezuela supera ahora la de Siria.

Como si la crisis económica no fuera bastante, hay una batalla política inminente entre Maduro y la Asamblea Nacional. En medio de índices de aprobación a la baja, Maduro ha obstaculizado los intentos de la oposición por instalar un referendo revocatorio que daría pie a un término prematuro del mandato presidencial.

Con la actual agitación, preservar el apoyo de los militares se ha vuelto crítico para la vida política de Maduro, quien a diferencia de su carismático predecesor nunca estuvo en las filas del ejército. Con ese fin, el presidente nombró a militares de alto rango, como Reverol, en cargos importantes en el gobierno, y recientemente delegó en el ejército el control absoluto de la distribución de alimentos, así como la administración de los puertos. Pero la reputación de las fuerzas armadas de Venezuela se ha visto manchada con acusaciones de actividades criminales y la existencia de grupos narcotraficantes en sus filas.

La corrupción endémica es apenas una de las crisis que se entretejen para llevar a Venezuela en una espiral cuesta abajo. Combinada con el peso del deterioro de la situación económica y de seguridad en el país, la corrupción está desestabilizando —y puede incluso llegar a desbaratar— el ya precario control del poder para Maduro.

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