Protestas callejeras han inundado Guatemala después de que el congreso aprobó un presupuesto para 2021 que, entre otras medidas controversiales, recortaba la mitad de los fondos al Órgano Judicial mientras asignaba más dinero a oficinas señaladas por malversación del erario.
Las manifestaciones han puesto al gobierno frente a uno de sus momentos más críticos y han vuelto a provocar preguntas sobre la capacidad de la nación centroamericana para enfrentar su corrupción sistémica.
El 17 de noviembre, la mayoría de diputados del Congreso, alineados con el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, aprobaron para el año 2021 un presupuesto de 99,700 millones de quetzales (unos US$12,800 millones) en una sesión realizada en la madrugada y sin apenas consulta previa.
El presupuesto, además de desfinanciar al órgano judicial, redujo las asignaciones a programas de asistencia nutricional y a entes contralores. En contraste, el ministerio más favorecido por la asignación de fondos para el próximo año es el de Comunicaciones, encargado de proyectos de infraestructura vial y otros contratos estatales, que en el pasado ha sido señalado por actos masivos de corrupción. Para 2021, los diputados asignaron a Comunicaciones 1,935 millones de quetzales más (unos US$249 millones) que en 2020. Dos ministros de comunicaciones recientes, Alejandro Sinibaldi y José Luis Benito Ruiz, esperan juicios por actos de corrupción millonarios.
La oposición inicial al nuevo presupuesto fue general: el poderoso sector privado, la iglesia católica, organizaciones indígenas, el sector académico y el mismo vicepresidente de Giammattei, Guillermo Castillo, lo rechazaron por considerarlo desfinanciado, propenso a generar más corrupción estatal y por minimizar la labor de las cortes y de otras instancias como la Procuraduría de Derechos Humanos.
El órgano judicial de Guatemala advirtió que el nuevo presupuesto le impediría “cumplir con su obligación constitucional de brindar los servicios del acceso a la justicia a la población guatemalteca”, según una nota de Prensa Libre.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) también advirtió de que el presupuesto dejaba abiertos huecos que facilitarían la corrupción, entre ellos la asignación de fondos a organizaciones no gubernamentales de origen opaco sin mecanismo de control.
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“(Se) ha detectado anomalías graves en su contenido que abren espacios para la corrupción y que agudizan los cuestionamientos a la legitimidad del presupuesto para 2021”, escribió ICEFI en un comunicado.
Una investigación de El Periódico establece que al menos 32 millones de quetzales (unos US$4.1 millones) del presupuesto habían sido asignados a organizaciones no gubernamentales relacionadas con algunos de los mismos diputados que aprobaron la designación de fondos.
La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) señaló que el congreso guatemalteco no incluyó “mecanismos de control apropiados para garantizar el debido uso de los recursos y se fortalecieron ministerios que han sido focos de corrupción”.
La condena más fuerte vino de la calle. El 21 de noviembre, miles de personas se manifestaron en varias plazas y avenidas del país en contra del presupuesto, de los diputados y del gobierno Giammattei. Horas antes, el vicepresidente Castillo había propuesto públicamente que él y el presidente renunciaran para aliviar la crisis.
Cerca de 10,000 manifestantes se reunieron ese día frente al palacio de gobierno en Ciudad de Guatemala; ondeaban banderas y sostenían pancartas para exigir el fin de la corrupción endémica en el país. A unas cuadras, una protesta más pequeña se tornó violenta luego de que un grupo de personas prendió fuego al edificio del congreso, lo que provocó que policías antidisturbios llenaran de gases lacrimógenos todo el centro de la ciudad.
Análisis de InSight Crime
La polémica por el presupuesto 2021 parece ser solo una variación distinta de un guion que es mucho más viejo que el gobierno Giammattei en Guatemala, el de las élites políticas inmersas en complejas tramas de corrupción y desfalcos a un estado incapaz de detenerlas.
Las imágenes del sábado en las plazas de Guatemala se parecían en mucho a otras de 2015, cuando multitudes se tiraron a las calles para pedir la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos investigados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por un masivo esquema de fraude aduanero conocido como La Línea.
Las manifestaciones de 2015 y las posteriores detenciones y enjuiciamientos de Pérez y Baldetti crearon en Guatemala la impresión de que la persecución penal de la corrupción, incluso en las más altas esferas del poder político y económico, era posible. Y así fue durante un tiempo.
Pero entre 2017 y 2018, Jimmy Morales, el sucesor de Pérez en la presidencia de la república, se aseguró de desmantelar los esfuerzos de CICIG y el Ministerio Público (MP) por perseguir la corrupción. Morales echó a la comisión y eligió a una fiscal general menos combativa.
A la llegada de Giammattei a la presidencia, los diques institucionales contra la corrupción se redujeron prácticamente a una oficina del MP, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que ha sido bombardeada incluso desde el despacho de la fiscal general. Aun así, FECI sigue llevando adelante investigaciones complejas, como una reciente al exministro de comunicaciones Benito Ruiz por presunto lavado de dinero.
Este año, además, las altas cortes del país han estado en la mira de operadores políticos que buscan posicionar en la judicatura a funcionarios aliados para prevenir investigaciones criminales. En julio, intentos de los mismos operadores por levantar la inmunidad a magistrados de la Corte de Constitucionalidad provocaron fuertes llamados de atención contra diputados señalados por intentar detener investigaciones anticorrupción.
Las protestas impulsadas por la aprobación temporal del presupuesto 2021 tienen matices diferentes a las de 2015. La respuesta del Estado ha sido más violenta ahora.
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También es notable, en esta ocasión, la división en el ejecutivo: mientras Giammattei clama que todo es parte de una conspiración para derrocarlo, su vicepresidente Castillo entiende que lo del presupuesto es otro intento del sistema por protegerse, por lo que propuso algo inédito: la renuncia del binomio presidencial para “oxigenar el rumbo del país”.
Al final, las manifestaciones del sábado anterior dejaron 40 detenidos (la mayoría de los cuales ya recobró la libertad), 26 lesionados -entre manifestantes y policías- y 3 periodistas agredidos, según un recuento de No-Ficción. Las marchas obligaron al Congreso a renegar del polémico presupuesto, y en una decisión inusual los diputados mandaron al archivo el plan de gastos aprobado el 17 de noviembre para iniciar una nueva discusión.
No parece, por ahora, que el gobierno Giammattei haya sorteado esta crisis, la más importante de un mandato que apenas lleva 10 meses y que, hasta la semana pasada, había estado marcada solo por la atención a la crisis que generó la pandemia de coronavirus. Hoy, los viejos ecos de corrupción y abuso de la fuerza estatal, que ya habían resonado alrededor del presidente cuando fue funcionario en otros gobiernos, han vuelto a las plazas de Guatemala.