El contrapunteo en el que están sumidos fiscales federales y jueces que llevan casos de corrupción de alto perfil en Argentina ha llevado a proponer que un organismo anticorrupción internacional como la CICIG ayudaría a afrontar este problema enquistado en el país. Pero aún no hay consenso al respecto.

El juez federal argentino Alejo Ramos Padilla investiga al fiscal federal Carlos Stornelli, quien lleva un caso de corrupción de alto perfil que involucra a exfuncionarios de gobierno, entre los que se cuentan la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner.

Stornelli está acusado de pedir una coima a un empresario a cambio de retirar su nombre de una investigación por corrupción conocida como “los cuadernos“. Stornelli rechazó la acusación y la desestimó calificándola como un intento de frenar la investigación contra Fernández de Kirchner.

Padilla también investiga una presunta red de espionaje ilegal en la que estarían implicados políticos, empresarios y periodistas, quienes presuntamente realizaron “operaciones de inteligencia” para obligar a algunas personas a confesar delitos relacionados con corrupción o a implicar a otros. En una presentación ante el Congreso, el juez afirmó que las “confesiones” fueron usadas posteriormente por jueces y fiscales para adelantar causas criminales.

El presidente Mauricio Macri dijo que la investigación de Padilla tiene motivaciones políticas y pidió su destitución. Esto, a su vez, generó quejas de intentos de interferencia política en la rama judicial.

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La judicatura en Argentina viene enfrentando crecientes críticas en los últimos años, especialmente en lo que respecta a casos de corrupción.

El jefe de la Corte Suprema del país, Carlos Rosenkrantz, afirmó que la rama judicial padece una “crisis de legitimidad”.

Un informe del Consejo de la Magistratura de la Nación, en Argentina, organismo judicial encargado de la designación y remoción de jueces, halló que el 92 por ciento de los casos de corrupción que implicaban a altos funcionarios en las últimas dos décadas nunca llegó a los tribunales, según información de La Nación.

Análisis de InSight Crime

El escandalosamente bajo índice de condenas por corrupción de alto nivel en Argentina demuestra que la rama judicial del país tiene un largo camino por delante para llevar a buen término su propuesta.

Algunos proponen que Argentina mire hacia otros países de la región y considere la creación de un órgano de investigación independiente similar a la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como opción para ayudar a enfrentar la crisis judicial.

Pese a una larga historia de escándalos de corrupción de alto nivel que involucra a algunos de los miembros más poderosos de la élite, solo un presidente ha sido declarado culpable de este tipo de delitos en la historia reciente de Argentina.

En 2013, el presidente Carlos Menem, quien estuvo en el poder entre 1989 y 1999, fue sentenciado a una pena de prisión por tráfico de armas a Croacia y Ecuador. El expresidente, ahora senador, nunca puso un pie en prisión, porque aún está cobijado con inmunidad parlamentaria.

La expresidenta, y ahora senadora, Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta actualmente acusaciones relacionadas con corrupción en 13 causas distintas.

A finales de 2018, el último vicepresidente de Fernández, Armando Boudou, fue sentenciado a cinco años de prisión por acusaciones de corrupción. Fue declarado culpable de tráfico de influencias luego de que se conociera que fue socio silencioso en una firma impresora que recibió contratos del Ministerio de Economía.

Al posesionarse en 2015, el presidente Mauricio Macri tenía una investigación abierta en una causa de escuchas ilegales. Pocos días después de su elección, los tribunales sobreseyeron la causa. En la actualidad hay investigaciones en curso sobre funcionarios de alto nivel de su administración por financiamiento electoral irregular.

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Los expertos sostienen que la corrupción dentro de la rama judicial en Argentina impide que el país combata la corrupción dentro de su élite nacional.

“La judicatura en Argentina es un lodazal. La mayoría de quienes están a cargo de las investigaciones por corrupción son cuestionados: jueces, fiscales, órganos de control, expertos”, comentó Pablo Slonimsqui, abogado y autor de un libro sobre corrupción judicial en entrevista con InSight Crime.

Slonimsqui señala que la forma de designación de los jueces says that the way in which judges are selected —son nombrados por el presidente con aprobación del senado— tiene un impacto negativo en su independencia. También apunta que el hecho de que Argentina solo tenga un número muy reducido de jueces federales, quienes asumen la investigación de casos de corrupción y un pequeño número de fiscales federales facilita la corrupción, pues los recursos son extremadamente limitados.

“Los jueces federales detentan un gran poder, porque monopolizan las investigaciones de figuras políticas y deciden a qué investigaciones se da trámite y a cuáles no. El problem es que responden a intereses políticos y económicos”, explicó Slonimsqui.

Pero la administración Macri ha dado algunos pasos positivos dirigidos a contrarrestar la corrupción, una de las mayores plataformas de campaña de la coalición política Cambiemos, de Macri.

Esos pasos incluyen una nueva ley de negociación de penas, que permite a las autoridades ofrecer reducciones de penas o indultos a sospechosos que les entreguen nombres u otra información que ayude a dilucidar casos de corrupción o narcotráfico.

En abril, la oficina anticorrupción de Argentina lanzó un nuevo programa para “prevenir, detectar, sancionar y erradicar” la corrupción en el desempeño de los funcionarios públicos.

Un nuevo Codigo Penal, que se debate actualmente en el Congreso, también hace especial énfasis en la lucha contra la corrupción.

Pero con todo y lo encomiables que puedan ser, estos esfuerzos oficiales se ven empañados por acusaciones de sesgo político entre los encargados de erradicar la corrupción.

Entonces, ¿cuál es la salida para Argentina?

Erradicar la corrupción no solo es importante para proteger las instituciones. También es clave para enfrentar las organizaciones criminales, pues con frecuencia estas dependen de funcionarios corruptos para sus actividades.

Pero con una rama judicial tan cuestionada que al parecer es incapaz de operar de manera independiente y efectiva, algunos ha propuesto que Argentina podría necesitar ayuda de un organismo internacional.

En una columna de opinión publicada por el New York Times, el abogado y experto en justicia Juan Pappier y la periodista Jordana Timerman sostenían que Argentina podía seguir los ejemplos de algunos otros países de Latinoamérica, que han buscado asesoría externa.

“Tener observadores internacionales experimentados e independientes que den su opinión sobre casos claves ofrecería algo de transparencia a los procesos y generaría confianza en la población para pedir a las autoridades una rendición de cuentas adecuada. Una presencia internacional también podría disuadir a los funcionarios de cometer actos de corrupción”, dice la columna.

En Guatemala, la CICIG, organismo independiente avalado por la ONU que actuó como ente fiscal adjunto en apoyo de la Fiscalía General en casos complejos que comprendían casos de corrupción en el gobierno y crimen organizado, ayudaron a develar la corrupción enquistada en el país, que puso fin a la presidencia de Otto Pérez Molina en 2015.

La CICIG también ha ayudado a los fiscales públicos del país a investigar al actual presidente Jimmy Morales por presunto financiamiento electoral ilícito, lo que llevó a Morales a declarar el fin del mandato del organismo en el país.

Otros gobiernos de la región, entre ellos Honduras, Ecuador y México también ha  experimentado con comisiones internacionales y el recién presidente electo de El Salvador afirmó que está dispuesto a respaldar un ente de esa naturaleza.

Pero no todos coinciden en que esto funcionaría en Argentina.

“Conociendo la manera como piensa la gente en Argentina, creo que sería muy difícil para que nuestra judicatura aceptara algo así. Una colaboración muy específica sería una cosa, pero algo general… dudo que funcionara, sería muy complejo”, reflexionó Slonimsqui.

Mientras se alcanza un consenso sobre si una comisión internacional es la respuesta a los males de corrupción en Argentina, mantener el statu quo conlleva el riesgo de que la situación empeore.