Este 6 de noviembre comenzó el juicio oral y público por la causa de “Los cuadernos de las coimas”, el caso de corrupción más grande de la historia argentina, que investiga un esquema sistemático de sobornos de alto perfil político y empresarial que operó durante los años 2003 y 2015, y que presuntamente tendría como líder a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
¿Cómo se inició el caso?
El caso estalló en 2018, cuando se filtraron los cuadernos escritos a mano de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, mano derecha del entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, en los que describe en detalle los supuestos pagos de sobornos de empresarios a funcionarios de gobierno durante las administraciones kirchneristas a cambio de contratos y licitaciones de obras públicas.
¿Quiénes son los implicados?
Los manuscritos de Centeno, plasmados en 8 cuadernos escolares, especifican el supuesto modus operandi del esquema de sobornos, a través del registro diario de los viajes que realizaba el exchofer para el Ministerio de Planificación durante más de 10 años, en los que detallaba las rutas, horarios, nombres, empresas, y hasta el peso de supuestos bolsos con el dinero de las coimas.
En uno de los fragmentos más difundidos en los medios locales, Centeno menciona a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la cima del esquema, cuando escribe de puño y letra: “En una reunión que tuvo el ministro De Vido; Baratta y la Sra. Presidenta Cristina F. de Kirchner, […] los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales”.
En este entramado, debajo de la expresidenta, estarían Julio De Vido, presuntamente encargado de la organización del esquema, y su colaborador Roberto Baratta, quién habría coordinado la entrega de dinero de algunos de los empresarios más poderosos del país, con la ayuda de Nelson Lazarte y José López, exfuncionarios de Obras Públicas.
La megacausa, que involucra a casi cien exfuncionarios y empresarios de alto nivel, avanzó gracias a las declaraciones de más de veinte imputados que se acogieron a la “Ley del arrepentido”, una norma que reduce las penas a quienes colaboren con la justicia, y aportaron pruebas que fortalecieron la investigación.
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Entre los que reconocieron haber participado en los sobornos por licitaciones y contratos públicos, se cuentan: Héctor Alberto Zabaleta, exdirectivo de Techint; Ángel Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri y expropietario de la constructora Iecsa; Juan Carlos De Goycoechea, exdirectivo de la constructora Isolux en Argentina; Claudio Uberti, exfuncionario del Ministerio de Planificación; José López, exsecretario de Obras Públicas; Víctor Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otras figuras clave.
¿Cuáles son las acusaciones?
El juicio contempla 304 hechos de corrupción encuadrados en seis tipologías delictivas: asociación ilícita, encubrimiento, dación y admisión de dádivas, y cohecho activo y pasivo. Y, según las estimaciones del fiscal Carlos Stornelli y el ya fallecido juez Claudio Bonadio, el total de la recaudación de las coimas alcanzaría al menos los US$200 millones.
En sus declaraciones, los arrepentidos dieron detalles del esquema de sobornos y los beneficios recibidos. Uno de los empresarios, Miguel Aznar, expresidente de la empresa de construcción e ingeniería civil Decavial S.A., reconoció haber realizado pagos para que se aprueben sus contratos y sean otorgadas concesiones viales a su empresa en 2003.
Aldo Roggio, expresidente del Grupo Roggio que controla Metrovías S.A., concesionaria del Subte de Buenos Aires y del Ferrocarril Urquiza, afirmó que debía realizar una devolución del 5% de los subsidios al transporte que le habían otorgado a su empresa.
Carlos Wagner, expresidente de la empresa de construcción e ingeniería Esuco y de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), tras confirmar su participación, le embargaron una cuenta no declarada en Suiza de U$S20 millones.
¿Qué irregularidades rodean la causa?
La principal irregularidad es que el caso comenzó sin los cuadernos originales. Los ocho cuadernos de Centeno no fueron secuestrados por orden judicial ni entregados directamente por él a las autoridades.
El periodista Diego Cabot, quien afirmó haberlos recibido del amigo de Centeno, Jorge Bacigulpo, entregó las copias al fiscal Carlos Stornelli en abril de 2018, lo que dio origen a la causa.
Stornelli luego remitió las copias al juez Claudio Bonadio, quien asumió la investigación. En Argentina, los jueces a cargo de cada expediente son generalmente designados mediante sorteo aleatorio realizado por la Cámara Federal, una vez presentada la denuncia.
El hecho de que el material pasara por Stornelli generó cuestionamientos sobre la legalidad del inicio de la causa. Además, su participación desató controversia debido a su reputación: aunque nunca fue acusado formalmente, ha sido cuestionado por presunta falta de imparcialidad en otros expedientes.
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Cuando el juez le pidió a Cabot los cuadernos originales, este respondió que ya no los tenía, y Centeno aseguró haberlos quemado. Más tarde, seis de los ocho reaparecieron en poder de Cabot, presuntamente entregados por una fuente anónima.
Un peritaje de la Gendarmería Nacional confirmó que Centeno era efectivamente el autor, pero determinó la existencia de alrededor de 1.500 alteraciones, como sobreescritos, tachaduras, corrector líquido, borrados químicos o abrasivos, e inserciones posteriores.
¿Cuál fue la respuesta de los principales acusados?
En septiembre de 2025, en la antesala del juicio oral y público, cerca de 50 empresarios imputados en la causa realizaron una oferta económica de más de US$13 millones en concepto de “reparación integral del daño”, una figura jurídica contemplada por el Código Penal argentino, a cambio de su sobreseimiento, pero fue rechazada.
Según la fiscal del caso, Fabiana León, aceptar los pagos habría significado “abrir un mercado de impunidad” y debilitar la rendición de cuentas estatal.
De ser condenados los empresarios involucrados podrían enfrentar penas de uno a seis años de prisión, multas de montos iguales o superiores a los sobornos realizados, embargos e inhabilitación para ser parte de contrataciones y licitaciones públicas por al menos 10 años.
Gregorio Dalbon, abogado de la Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que al igual que lo ocurrido en la “Causa Vialidad”, por la que la expresidenta se encuentra bajo prisión domiciliaria, se trata de una persecución política y la sentencia ya está escrita.
La expresidenta ya ha sido procesada en diez causas, 5 de las cuales han sido elevadas a juicio. De ser condenada en la causa de “Los cuadernos de las coimas”, podría enfrentar entre 5 y 18 años de prisión.
¿Qué nos dice este caso sobre el crimen organizado?
El juicio por la causa de “Los cuadernos de las coimas” expone la gran vulnerabilidad a la corrupción sistemática de las licitaciones y las contrataciones públicas en Argentina que entrelazan a políticos y empresarios del más alto nivel con dinámicas propias del crimen organizado.
En este entramado, la corrupción funciona como una economía criminal, con jerarquías, intermediarios y flujos financieros comparables a los de otras actividades ilícitas que dependen de redes con acceso privilegiado al aparato estatal.
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Pero las denuncias de corrupción en el más alto nivel en Argentina no son nuevas. Otros expresidentes, como Carlos Saúl Menem y Fernando De La Rúa, han sido investigados, pero ninguno fue juzgado en un juicio oral y público en una causa de esta magnitud.
Más allá del desenlace judicial, el caso evidencia que la frontera entre lo político y lo criminal sigue siendo porosa, y que las estructuras que permiten la captura del Estado continúan operando con la misma lógica de impunidad que en el resto de América Latina.
El resonado caso Odebretch, una red de sobornos empresariales que operó en al menos 12 países de América Latina para asegurar contratos públicos, y el de Guatemala, conocido como “Cooptación del Estado”, que involucró al expresidente Otto Pérez Molina, acusado de favorecer con contratos públicos a empresarios que financiaron de forma ilícita su campaña electoral, son solo una muestra de un problema más extenso y profundo.
