Casi dos meses después de la desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero, al suroeste de México, el gobierno está en medio de una carrera por demostrar que se está haciendo justicia, que los cuerpos han sido encontrados y los asesinos capturados. Pero la historia no comienza ni termina con los estudiantes -y las acusaciones por la responsabilidad de los hechos van mucho más allá de los asesinos.

El 26 de septiembre estudiantes de una escuela de formación de docentes en Ayotzinapa desaparecieron después de viajar a la cercana ciudad de Iguala para asistir a una protesta. Y a medida que se iba acumulando la evidencia que señalaba que el alcalde de Iguala y miembros de la policía habían entregado los alumnos a un grupo criminal para masacrarlos, la indignación pública obligó a las autoridades a actuar.

Una semana más tarde, el gobierno federal tomó las riendas del caso. El alcalde, José Luis Abarca, y su esposa fueron detenidos junto a más de 40 policías municipales y varios miembros de Guerreros Unidos –el grupo criminal acusado de llevar a cabo los asesinatos-, y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, se vio obligado a renunciar a su cargo. El 7 de noviembre el gobierno federal anunció que había encontrado lo que podían ser los restos de los estudiantes.

Nadie escuchó

Pero hay mucho más detrás de esta historia. Las semillas de la masacre de los estudiantes pueden ser encontradas en mayo de 2013, cuando, la evidencia sugiere, el entonces alcalde Abarca ordenó el secuestro y asesinato de un grupo de activistas de izquierda.

El día antes de su desaparición, los activistas firmaron una declaración -vista por InSight Crime- diciendo que tenían miedo de que el alcalde los mandara a asesinar. Después, un sobreviviente dijo a las autoridades que Abarca había visitado el lugar donde el grupo estaba detenido y que asesinó de un disparo a uno de ellos, el político local Arturo Hernández, diciendo: “Me voy a dar el gusto de matarte”.

Pero a pesar de que estos hechos fueron ampliamente informados en la prensa mexicana, Abarca seguía libre y en el cargo, hasta que el caso de los estudiantes capturó la atención del país.

“Fue un crimen anunciado”, Sofía Lorena Mendoza, la pareja de Hernández, dijo a InSight Crime. “Esto se puede haber evitado, pero nunca nadie nos escuchó. Ya había pasado lo de los activistas y nadie hizo nada. Entonces eso significaba que podían estar pasando cosas, cada vez más y cada vez peores, y que no iba a pasar nada. Aparecieron [los cuerpos] el 3 de junio de 2013, y hasta la fecha hay impunidad”.

Puede que Abarca y su esposa ahora estén bajo arresto -el exalcalde finalmente fue acusado por el secuestro de los activistas en octubre de este año-, pero el sistema que llevó a Abarca al poder y lo mantuvo allí a pesar de la espantosa evidencia en su contra, permanece intacto.

José *, un compañero de clase de los estudiantes desaparecidos, dijo a InSight Crime que él y otros en la escuela de Ayotzinapa todavía están lejos de sentirse satisfechos.

“Nosotros no sólo queremos que Abarca sea detenido y eso sea todo”, dijo José. Queremos que se castigue también a los otros ¿Quién fue el que ordenó que él fuera alcalde? ¿Quiénes son los que lo propusieron a él para estar al frente de Iguala, Guerrero, cuando tiene un historial de familiares que están ligados con la delincuencia organizada? A pesar de la muerte de Arturo Hernández Cardona, siguió gobernando… ¡Siguió! Por lo tanto son cómplices también el gobierno federal y el gobierno estatal”.

“Era un pueblo así, como fantasma, miedoso”

El caso de 2013 no sólo sirvió para establecer un precedente sobre la brutal represión de los movimientos sociales, sino que también ayudó exacerbar la animosidad del alcalde contra los estudiantes de Ayotzinapa. Después de la desaparición de los activistas, los estudiantes de la escuela se tomaron el ayuntamiento de la ciudad en protesta contra el alcalde, explicó Magda López, de la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad, una ONG que trabaja en el caso de 2013.

Para López, la responsabilidad va más allá de las autoridades del estado de Guerrero.

“Hubo negligencia federal”. Dijo a InSight Crime. “Si hubiera una investigación expedita como debe de ser entonces se hubieran evitado esos lamentables hechos del 26 de septiembre”.

Miedo y complicidad

Pero un crimen de esta magnitud -el secuestro y asesinato de 43 personas- no puede ser llevado a cabo en secreto. Se requirió de una cultura de miedo y complicidad para evitar la intervención de otras autoridades de Iguala, y para mantener a los locales en silencio.

Luego de que los estudiantes no regresaran a casa en la noche del 26 de septiembre, el día siguiente un grupo de familiares y compañeros de clase partieron hacia Iguala en su busqueda.

“Fuimos a la PGR [Procuraduría General de la República] para investigar”, dijo a InSight Crime Raúl*, el padre de uno de los estudiantes desaparecidos. “Fuimos a los hospitales, incluso le pedí ayuda al ejercito de Iguala. ¿Qué me dijeron? que no se dieron cuenta y no oyeron a escasos metros de donde se dieron los hechos. No se vale que la policía [estatal] o los militares no se dieran cuenta”.

El coronel Aranda Torres, comandante del 27 batallón de Iguala, tenía una estrecha relación con el exalcalde Abarca, y la noche de los asesinatos era un invitado en una fiesta organizada por Abarca y su esposa, informó La Jornada. Durante las detenciones y los asesinatos, los soldados del batallón atacaban a los estudiantes mientras ellos trataban de escapar, según el diario.

José dijo a InSight Crime que los residentes locales habían sido intimidados al silencio.

“Nosotros preguntamos a las familias, ahí donde fueron los hechos hay unas casas, y unos nos cerraban la puerta, otros no querían hablar con nosotros. Era un pueblo así, como fantasma, miedoso”, explicó.

La profunda corrupción y el miedo que este caso ilustra, ayudan a explicar el auge de los movimientos de autodefensa civiles y de vigilantes en la región -desde las fuerzas de Policía Comunitaria de larga data en Guerrero hasta los grupos de autodefensa establecidos más recientemente en ese estado y en el vecino estado de Michoacán. Como Raúl, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, explicó a InSight Crime, las familias siguen llevando a cabo su propia búsqueda con la ayuda de la Policía Comunitaria.

“Confiamos en la Policía Comunitaria”, explicó el padre. “Ellos tienen referencia, tienen puntos de búsqueda”.

Los desaparecidos que pasaron inadvertidos

Tal vez el aspecto más preocupante del caso Iguala es que está lejos de ser un incidente aislado. Miles, quizá decenas de miles de personas han desaparecido durante los últimos años –a manos de agentes del Estado, grupos criminales, o, como la evidencia sugiere en este caso, en un trabajo conjunto de ambos. Muchos otros han sido ejecutados sumariamente por las fuerzas de seguridad. Si las desapariciones de las 43 víctimas se hubiesen presentado en varios estados y meses diferentes, probablemente la respuesta de las autoridades habría sido mucho menor -y los casos no habrían capturado la atención de los medios internacionales.

“Si los cuerpos no son los de nuestros compañeros, ¿de quiénes son?”

Y de hecho, en los días y semanas posteriores a la desaparición de los estudiantes, las autoridades mexicanas encontraron al menos 30 cuerpos en fosas comunes cerca de Iguala -pero no eran los cuerpos de los estudiantes. Un informe de Excelsior proporciona el ejemplo revelador de un hombre cuya tarjeta de crédito fue encontrada en una de las fosas en octubre. Había desaparecido en septiembre de 2013, pero su familia nunca denunció su desaparición por temor a las represalias. En una declaración reciente, el procurador general dijo que hasta el momento sólo cuatro de los cuerpos habían sido identificados, y que creían que la policía de Iguala había estado involucrada en las muertes.

Un residente de Iguala que pidió permanecer en el anonimato, señaló a InSight Crime que los lugareños dicen que hay muchas más fosas comunes cerca de la zona, regularmente utilizadas por los criminales para arrojar restos humanos. Estas víctimas han pasado inadvertidas.

“Si los cuerpos no son los de nuestros compañeros, ¿de quiénes son?”, pregunta José. “Nos queda claro que en Guerrero han desaparecido a mucha gente y es el claro ejemplo de los 38 cuerpos que han encontrado hasta ahora”.

El caso de los estudiantes ha llamado la atención nacional e internacional por varias razones: la gran cantidad de personas que desaparecieron simultáneamente; el activismo de las familias; la clara evidencia que implica a las fuerzas de seguridad; y el hecho de que las víctimas fueran jóvenes preparándose para ser maestros, y por lo tanto “inocentes”. Ellos no pueden ser registrados como simples criminales abatidos en medio del conflicto del narcotráfico en México, como tantos otros han sido definidos.

Caso abierto

Estando en el centro de la atención de los medios, las autoridades se han mostrado más que dispuestas a cerrar el caso Iguala. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, anunció el 7 de noviembre que miembros capturados de un grupo criminal confesaron haber asesinado a los estudiantes e incinerado sus cuerpos, antes de arrojar los restos a un río.

Sin embargo, para las familias de las víctimas, el caso no debe ser cerrado hasta que no tengan pruebas definitivas de lo que ocurrió con sus seres queridos.

Raúl, el padre de uno de los estudiantes, dijo que no aceptaba las declaraciones del gobierno.

“Murillo está diciendo ‘estos son sus muertos y aquí se acabo todo’”, afirma. “No se vale, por que [el gobierno] no tiene un papel de ADN, un prueba donde diga ‘aquí están sus muertos, llévenselos’, pero no, aquí no acaba todo”.

Raúl también explicó que, como otros familiares de los desaparecidos, seguirá buscando a su hijo hasta que encuentre las pruebas de lo sucedido.

“Muchos padres de familias estamos muy enojados. Yo no se si mi hijo come, si tiene ropa. Yo tengo la fe, así como otros padres de familia, de que están vivos, los muchachos”, dijo. “A mi me llena de ira y de coraje, que el gobierno no haya hecho su papel. La policía se los llevo, y la policía los tiene que entregar”.

Ciertamente la costumbre de las autoridades de México de usar la tortura para extraer la información deseada de los detenidos siembra dudas frente a la versión del gobierno sobre lo sucedido, la cual en gran medida está basada en confesiones. Según el procurador general, los restos humanos encontrados en un río a raíz de las confesiones se encontraban en tan mal estado que sólo dos fragmentos de hueso contaron con las condiciones necesarias para intentar realizarles pruebas de ADN, sugiriendo que es posible que las familias nunca consigan las pruebas que necesitan.

La vida en la escuela de Ayotzinapa ha sido suspendida mientras la comunidad espera respuestas. Según José, el estudiante de docencia, las clases han sido canceladas y muchos de los estudiantes están viviendo en la escuela.

“Ahí duermen, ahí comen”, dijo. “Sí se siente muy triste uno, muy con coraje, con rabia porque son alumnos, son de escasos recursos, son gente indígena, campesinos”.

Para Raúl, el hecho de que su hijo y muchos otros estudiantes desaparecidos sean de origen humilde es lo que los hace desechables.

“Ya van para dos meses y no saben nada. Soy una persona humilde, pobre, no me da vergüenza de mis raíces. ¿Qué pasaría si los diputados perdieran uno de sus hijos o Peña Nieto perdiera uno de sus hijos? Los encontrarían”.

*Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de quienes desean permanecer anónimos por preocupaciones de seguridad.