El pasado 26 de septiembre se cumplió el primer aniversario del secuestro de 43 estudiantes cerca de Iguala, México. Este incidente sigue marcando un momento decisivo de la presidencia de Enrique Peña Nieto, aunque aún se desconoce la verdad de lo que les sucedió a los estudiantes aquella noche.
Según investigadores del gobierno, la noche del 26 de septiembre de 2014, varios estudiantes inconformes de una escuela normal cerca de Iguala, un pueblo del estado de Guerrero, en el suroeste de México, fueron detenidos por la policía local y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Este grupo supuestamente procedió a asesinar a disparos a los estudiantes en un vertedero de basura, para luego quemar los restos y arrojarlos a un río (vea abajo la línea de tiempo de InSight Crime, que presenta un resumen completo del caso de los estudiantes desaparecidos).
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos pronto llamó la atención internacional. El gobierno mexicano desplegó más de 4.000 policías y soldados federales en Guerrero para buscar a los estudiantes. Los investigadores creyeron haber hecho un gran avance cuando un presunto jefe de Guerreros Unidos fue capturado a mediados de octubre. Al mes siguiente, la policía capturó al fugitivo alcalde de Iguala y a su esposa, quien más tarde fue identificada por las autoridades como líder de Guerreros Unidos. En diciembre, las autoridades dijeron que habían identificado los restos de uno de los estudiantes desaparecidos.
Sin embargo, cuando las autoridades presentaron las conclusiones de su investigación en enero, se encontraron con un escepticismo generalizado.
Desde entonces, numerosos observadores han encontrado vacíos en la versión oficial de los hechos. Equipos forenses extranjeros han puesto en duda la posibilidad de que los estudiantes hubieran sido quemados en el vertedero de basura (previamente, investigadores mexicanos habían sugerido que los cuerpos fueron incinerados en un crematorio del ejército). Recientemente, un informe encargado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó varias razones por las que la versión del gobierno sería improbable.
Análisis de InSight Crime
Uno de los principales impactos del caso de Iguala ha sido el desprestigio de la cuidada imagen del presidente Enrique Peña Nieto, que ha señalado que México ha dado un giro positivo en la lucha contra el crimen organizado. Los escandalosos detalles del caso han recordado que existe abundante corrupción al interior de los gobiernos locales mexicanos.
Asimismo, el caso simboliza la manera como ha cambiado la naturaleza del crimen organizado mexicano. La caída de los monolíticos carteles de la droga ha dado lugar a grupos criminales menores que dominan el hampa del país. En muchos sentidos, Guerreros Unidos —una célula disidente de la otrora poderosa Organización Beltrán Leyva— son una muestra de que estos grupos más pequeños siguen siendo la principal amenaza para la seguridad de México, especialmente en las zonas rurales donde dichos grupos trabajan a menudo de la mano con las autoridades municipales.
VEA TAMBIÉN: Perfil de Guerreros Unidos
La investigación de Iguala también se convirtió en algo así como un referéndum sobre la credibilidad en el gobierno mexicano, que ha disminuido a medida que más observadores nacionales e internacionales han criticado cada vez más la investigación. A pesar de varios indicios de que la seguridad general está mejorando en México, el caso de Iguala sigue siendo un aspecto crítico para la administración de Peña Nieto: después de todo, nadie puede negar que México necesita urgentemente una mejor policía e investigadores más competentes. Por otro lado, el vergonzoso escape del narcotraficante más famoso del mundo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, de una prisión mexicana en julio, deterioró aún más la confianza en el gobierno mexicano.
En cuanto a las víctimas, el gobierno sólo ha identificado los restos de dos estudiantes, y hay pocos indicios de que las autoridades encontrarán los demás pronto. El gobierno de Peña Nieto sigue insistiendo en que está comprometido con la búsqueda de “verdad y justicia” para el caso, y ha adoptado una serie de importantes medidas a raíz de la publicación del informe de la CIDH a principios de septiembre. Ello incluye el hecho de que la Procuraduría General de la República haya abierto el caso al público por primera vez, que se haya detenido a otro sospechoso clave en el caso, o que se mantenga a otros estudiantes en un programa de protección de testigos.
Sin embargo, un año después, la probabilidad de que se sepa la verdad de lo que sucedió aquella noche en Iguala parece ser más remota que nunca.