El tráfico de drogas en Perú llegó a estar altamente centralizado y era facilitado por un poderoso hombre: Vladimiro Montesinos, el ex jefe de inteligencia del gobierno. Aunque él y su sistema ya no están presentes, los traficantes todavía necesitan de intermediarios políticos.
Ha pasado más de una década desde que Montesinos, comúnmente llamado el “Rasputín” del presidente Alberto Fujimori, recibió su primera condena en la que sería una serie de más de 30, por delitos como malversación, tráfico de influencias, participación en escuadrones de la muerte y soborno. También ha sido declarado culpable por orquestar un acuerdo de armas en 1999, con el cual unos 10.000 fusiles fueron vendidos a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Montesinos, el antiguo jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Perú, nunca ha sido condenado por tráfico de drogas. Sin embargo, la evidencia sugiere que él jugó un papel fundamental en facilitar el comercio de droga en el Valle del Alto Huallaga -una vez en el corazón del próspero comercio de la industria de la cocaína en Perú- donde cobraba tarifas de protección a los principales traficantes de drogas. Incluso llegó a tratar directamente con Pablo Escobar, el capo más infame de Colombia. Él era, en esencia, el intermediario del hampa en Perú, la persona que podía asegurar que las actividades de tráfico no fueran interrumpidas por las fuerzas judiciales y de seguridad; a cambio de cuantiosas sumas de dinero.
Desde la caída de Montesinos -y de Fujimori- la cara del narcotráfico en Perú ha sufrido un cambio dramático. El área geográfica del comercio de drogas ha cambiado, los principales intermediarios que una vez actuaron como los proveedores de los colombianos han caído, los mexicanos y los brasileños han aparecido en escena y el puente aéreo que solía unir al país con Colombia ha sido desviado hacia el oriente, con destino a Brasil.
Sin embargo, lo que se ha mantenido constante es el sistema político del país, el cual continúa plagado de corrupción, con numerosas acusaciones de políticos que siguen apoyando a los traficantes de drogas.
El “Rasputín” de Fujimori y el comercio de drogas en Perú
Formalmente, Montesinos ocupaba la jefatura del SIN de Perú. Pero detrás de ese título se desempeñaba en muchos otros frentes.
“No hay nadie que pueda competir con Montesinos en el gobierno peruano, y nada de lo que el gobierno haga en términos de inteligencia, implementación y seguridad se produce sin su bendición”, dice un cable de 1999 del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Para promulgar su voluntad política y realzar su poder, Montesinos dependía en gran medida de los sobornos (ver vídeos publicados por IDL-Reporteros). Contaba con un amplio control sobre el ejército y desarrolló una estrecha relación de trabajo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, a pesar de las dudas expresadas por la Embajada de Estados Unidos en Perú y por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Montesinos (en un acto público en la foto) contó con el apoyo de la CIA -que aparentemente le proporcionó unos US$10 millones en ayuda durante los años noventa- cuando centralizó en el SIN todos los asuntos antidrogas del país.
El director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, señaló a InSight Crime que el papel de Montesinos en el tráfico de drogas era “ambiguo”. Por un lado, Montesinos era considerado un héroe de la guerra contra la guerrilla del Sendero Luminoso y se llevó el crédito por la caída de algunos grandes narcotraficantes. Eventualmente incluso llegó a imponer una política de interdicción aérea que esencialmente congeló el comercio de drogas en el país.
Por el otro lado, Montesinos ha sido vinculado a varios narcotraficantes. Estos presuntos vínculos con el tráfico de drogas se remontan a los años setenta, cuando trabajó como abogado de algunos de ellos, incluyendo a Evaristo Porras Ardila, alias “Papa Doc”, un miembro de alto nivel del Cartel de Medellín.
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Según varios narcotraficantes importantes, durante su época en el SIN Montesinos esencialmente dictaba las reglas del comercio de drogas.
Boris Foguel y Suengas (en la foto), el fallecido capo peruano-panameño de la organización de tráfico de drogas los Camellos, afirmó tras su captura que Montesinos le había exigido US$300.000 dólares por limpiar su historial. También afirmó haberle pagado US$100.000 en sobornos para sacar cocaína del país en helicópteros del ejército.
Demetrio Chávez Peñaherrera, alias “El Vaticano”, quien durante los años noventa fue el principal proveedor de base de coca del Cartel de Medellín desde su base en la ciudad amazónica de Campanilla, también tiene una historia similar.
Según Vaticano (de camisa blanca en la foto), un capitán del ejército -a quien se refiere como “Capulina”- se le acercó en marzo de 1991 afirmando que tenía una conexión de alto nivel -presumiblemente Montesinos- que podía actuar como garante de su negocio, a cambio de una tarifa. Montesinos presuntamente exigía a Vaticano pagos mensuales de US$50.000 a cambio de los derechos de explotación de una pista de aterrizaje, asesoramiento operativo y alertas sobre operaciones antidrogas en la región. Vaticano también aseguró que el Estado le proporcionó toda la maquinaria necesaria para construir su pista de aterrizaje. Sin embargo, a mediados de 1992, Montesinos intentó duplicar la cuota y Vaticano se negó. Un mes después, la policía desmanteló la pista de aterrizaje de Campanilla y Vaticano huyó a Colombia, donde fue capturado en 1994.
Posteriormente, tanto un exjuez como exgobernador dijeron a la revista Caretas que durante ese tiempo habían visto a Montesinos visitar Campanilla.
Roberto Escobar, hermano del difunto capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, también ha señalado que Montesinos aceptó US$1 millón para la primera campaña presidencial de Fujimori y que recibió cientos de miles de dólares a cambio de facilitar vuelos de drogas hacia el extranjero. Incluso afirmó que había visitado a Pablo en su hacienda Nápoles en Colombia.
“Fujimori le dijo a mi hermano telefónicamente que si llegaba a la presidencia con gusto le colaboraba en lo que estuviera a su alcance”, afirmó Escobar en el año 2000.
El cambiante panorama del tráfico de drogas
A principios de los años noventa, durante el apogeo de Montesinos, sólo en el Valle del Alto Huallaga se llegó a cultivar la misma cantidad de coca que hoy en día en todo el país. La región fue, en esencia, una “colonia” de los principales carteles colombianos –primero el de Medellín y después el de Cali- según IDL-Reporteros. Grandes “firmas” del narcotráfico peruano (como el Vaticano) actuaron como proveedores de los carteles. Cada día docenas de aviones trasladaban cocaína hacia Colombia, en su mayor parte sin refinar, una forma conocida como base o pasta de coca.
El puente aéreo fue clausurado a finales de los años noventa y, sin embargo, el precio de la coca se desplomó. Estimaciones sugieren que para el año 2000, en la región del Alto Huallaga, quedaban 13.600 hectáreas de coca, menos de una cuarta que durante el apogeo del narcotráfico en Perú.
Desde entonces, el panorama del tráfico de drogas en Perú ha cambiado dramáticamente. El Alto Huallaga ya no es el principal centro de producción. Ese título ahora ha pasado a manos de la región del Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM), más al sur del país (ver mapa de FONCODES).
Y los colombianos ya no son los principales compradores. Ahora grupos como el Cartel de Sinaloa de México o el Primer Comando Capital de Brasil (PCC) están comprando cocaína y pasta de coca de los peruanos. En un ejemplo reciente, las autoridades de Perú llevaron a cabo la mayor incautación de cocaína en la historia del país en la ciudad portuaria de Trujillo: más de siete toneladas de droga encapsuladas en un cargamento de carbón. Según las autoridades, la droga pertenecía al Cartel de Sinaloa.
Estos grupos criminales contratan intermediarios peruanos, los cuales recolectan cocaína y base de coca de los diversos clanes locales de drogas. Los intermediarios trabajan para varios compradores en lugar de ser exclusivos de un solo cartel, y como señaló a InSight Crime el exministro del Interior peruano y analista de seguridad Fernando Rospigliosi, las autoridades no han identificado a los principales protagonistas y actualmente tampoco hay grandes sindicatos peruanos, como los había a principios de los años noventa.
“Así funcionan las cosas en Perú, los peruanos son acopiadores [de cocaína y pasta de coca], nada mas, porque no manejan las relaciones con el extranjero”, dijo Rospigliosi.
También hay custodios peruanos. Hay pruebas, por ejemplo, de que lo que queda del grupo guerrillero Sendero Luminoso en el VRAEM, protege las operaciones de drogas a cambio de una tarifa. Lo que esto significa en la práctica es que el grupo se asegura de que otras operaciones no invadan el territorio de sus clientes, con lo que reducen la posibilidad de robo de su mercancía.
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Según Gorriti, los mexicanos están presentes principalmente como compradores, a diferencia de los colombianos, quienes por lo general no operan en las regiones de coca ni se involucran en otros eslabones de la cadena de la droga en Perú.
Por su parte, los brasileños se están aprovechando de un cambio en la demanda. En el último par de años el puente aéreo peruano ha resurgido, pero esta vez está dirigido principalmente hacia el mercado brasileño -y al argentino en menor medida. Un agente de inteligencia que pidió no ser identificado dijo al diario peruano Gestión que el PCC de Brasil actualmente es el principal comprador de cocaína peruana.
Sin embargo, según Gorriti, los clanes peruanos todavía son los que transportan la droga dentro del país y los brasileños tienen muy poca presencia en el Perú. Por su parte, Bolivia es utilizada como punto de parada para la droga transportada hacia el oriente, aunque también podría ser un punto de producción de cocaína. Los precursores químicos son más baratos que en Perú, y Gorriti dijo que los peruanos están moviendo base de coca -la pegajosa pasta que es el primer paso en la producción de cocaína- hacia Bolivia, donde es transformada en cocaína en laboratorios más sofisticados.
¿Un nuevo intermediario del narcotráfico en la política?
Las fuerzas de seguridad del Perú tan sólo incautan alrededor del siete por ciento de la cocaína producida en el país. El analista de seguridad Rubén Vargas dice que esto es debido a la corrupción.
“Los carteles mexicanos usan, como lo hizo en su oportunidad el capo colombiano Pablo Escobar, el soborno como principal mecanismo para tener éxito en sus negocios”, dijo Vargas. “Hoy, como ayer, la narcocorrupción sigue haciendo un excelente trabajo: compra jueces, fiscales, policías, militares, agentes de aduanas, gerentes de bancos comerciales y a la facción terrorista [del Sendero Luminoso] que opera en el VRAEM”.
Rospigliosi y Gorriti no tienen dudas de que los políticos se siguen desempeñando como intermediarios de los traficantes de drogas. Sin embargo, así como la naturaleza del negocio de la droga en Perú, la forma en que esta colaboración se da también ha cambiado desde la época de Montesinos.
La dispersión que ha vivido el comercio de drogas en Perú se ha visto reflejada en la colaboración política que éste recibe. Hoy en día no existe una figura política conocida en la cual se concentre el mismo tipo de poder que alguna vez estuvo concentrado en Montesinos. En su lugar, hay un mayor número de intermediarios políticos que proporcionan ayuda a los traficantes de drogas a menor escala.
“[Los actores políticos de hoy] tienen menos importancia, tienen mas miedo, así como además ha habido una descentralización”, explicó Gorriti.
También dijo que la mayoría de los colaboradores políticos de los traficantes de drogas ahora son vistos a nivel regional y provincial, y su participación es limitada:
“No hay nadie que se aproxime ni de lejos a la figura de Montesinos”, añadió.
Este apoyo generalizado por parte de las figuras de bajo nivel ha sido puesto de relieve en las más recientes elecciones locales y regionales de Perú. La principal fiscal antidrogas del país incluso llegó a señalar que hasta 700 candidatos podrían haber estado vinculados al narcotráfico.
El caso del cargamento de varias toneladas de cocaína que fue incautado en Trujillo también es una señal de esta nueva relación de la narcopolítica en el país. El congresista José León alquiló una propiedad a Rodrigo Torres, alias “Lic”, uno de los presuntos narcotraficantes mexicanos responsables por el alijo incautado. Videos filtrados posteriormente (ver más abajo) lo muestran durante una reunión con este hombre.
León también ha admitido que en el pasado mantuvo una relación “profesional” con Manuel Sánchez Paredes, investigado por lavado de dinero y cuyos predecesores del clan Sánchez Paredes estuvieron directamente involucrados en la producción y el tráfico de cocaína. También se cree que tiene vínculos con un candidato de las últimas elecciones que ha sido vinculado al tráfico de drogas en el VRAEM.
Un antiguo alto funcionario de migración de Perú también ha sido cuestionado por este caso, luego de que una visa de trabajo residencial fuera otorgada a Torres en tan sólo tres días, cuando el proceso normalmente se tarda un mínimo de 45.
Sin embargo, Gorriti dijo que la participación de estos personajes probablemente estuvo limitada a recibir sobornos. Según él, en lugar de haber jugado un papel central, los funcionarios podrían haber estado buscando hacer dinero con un trato que sólo ocurriría una vez.
Hay algunos otros ejemplos ilustrativos.
Han surgido informes de que el alcalde de la ciudad de Pichari, en el VRAEM –la cual ha sido descrita por la publicación salvadoreña Contrapunto como el actual “corazón” de la producción de coca– es primo de un conocido narcotraficante de la región.
Cesar Álvarez Aguilar, el exgobernador del departamento de Áncash, ha sido investigado por encabezar una “mafia criminal” y por el cobro de tarifas a narcotraficantes para que utilizaran el puerto de Chimbote para sus envíos, con la ayuda del mayor de la policía José Luis Carmen Ramos, también conocido como “Vladimirito”.
El congresista peruano Heriberto Benítez Rivas ha sido relacionado tanto con Álvarez como con una red criminal presuntamente dirigida por un prominente hombre de negocios, Rodolfo Orellana, y por el coronel retirado de la policía, Benedicto Jiménez. Se cree que la red lavó grandes cantidades de dinero de la droga, y Orellana ha sido acusado de mantener vínculos con el tráfico de drogas en México, Colombia e Italia.
Según Rospigliosi y Gorriti, algunos miembros de las fuerzas armadas de Perú también permiten a los narcotraficantes sacar drogas del VRAEM por vía aérea a cambio de una tarifa. La diferencia, así como en el caso de los políticos, es que, hoy en día, este sistema no es manejado únicamente por una figura central, como lo fue Montesinos en su tiempo.