La sorpresiva destitución de un alto fiscal estadounidense de Nueva York puede tener repercusiones en sonados casos de drogas en Latinoamérica, dos de los cuales implican a presidentes en ejercicio.

El 19 de junio, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció mediante un comunicado oficial que Geoffrey Berman, fiscal para el distrito sur de Nueva York, había dimitido, y que el presidente Donald Trump nominaría a Jay Clayton, actual presidente de la Comisión de bolsa y valores, como su sucesor. 

Berman no tardó en replicar en un comunicado, diciendo que no había renunciado y no tenía intención de hacerlo, lo que desató una confrontación entre el Departamento de Justicia y su poderoso distrito, que lleva algunos de los casos criminales más importantes del país.

Barr señaló que Clayton sería un “sucesor digno de las muchas figuras históricas que han ocupado ese cargo” en Nueva York.

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Berman afirmó que no dejaría el cargo hasta hasta que el Senado confirmara “un nominado designado por la presidencia”. Hasta entonces, se comprometía a que sus investigaciones continuaran “sin demora ni interrupción”, y añadió que aseguraría que los muchos “casos importantes” que llevaba su oficina “prosiguieran sin impedimentos”.

El fiscal general Barr respondió en una carta del 20 de junio diciendo que le había pedido al presidente Trump que destituyera a Berman. “Y lo ha hecho”, remató Barr.

Finalmente, Berman anunció el sábado 21 de junio que dejará su puesto en el SDNY. Su decisión final, dijo, se debe a que el fiscal general había decidido nombrar como jefa interina del distrito a Audrey Strauss, hasta ahora una colaboradora cercana de Berman.

Análisis de InSight Crime

Durante su ejercicio, el fiscal Berman imputó a élites latinoamericanas de todo el espectro político por facilitar y beneficiarse del narcotráfico hacia Estados Unidos.

Berman encabezó el proceso contra Juan Antonio “Tony” Hernández, el hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien terminó condenado por narcotráfico en octubre de 2019.

Desde entonces, sin embargo, se ha postergado cinco veces la lectura de la sentencia contra Tony Hernández, que ahora está prevista para septiembre, más de un año después de ser condenado, lo que plantea interrogantes sobre el impacto sobre esos procesos judiciales que tendrá la reestructuración en Nueva York.

Además, los fiscales del distrito sur de Nueva York en repetidas ocasiones han tratado de coconspirador al presidente Hernández en la red de narcotráfico de su hermano, e incluso lo han señalado de prestar protección a un laboratorio de drogas que producía cientos de kilogramos de cocaína al mes a lo largo de tramo de la costa del país sobre el mar Caribe. Los fiscales también acusaron a varios funcionarios hondureños de nexos con la presidencia y narcotráfico; el último señalado es el exjefe de la policía Juan Carlos Bonilla Valladares, también conocido como “El Tigre”.

En el acta de imputación de Bonilla se menciona que el presidente Hernández, a quien se identifica solo como CC-4, ayudó al exjefe policial a escalar posiciones en la Policía Nacional de Honduras, cuando Hernández era el presidente del congreso, entre 2010 y 2013. A cambio, Bonilla “protegía” las actividades de narcotráfico y gozaba de “tanta confianza” del presidente Hernández y su hermano que le encargaban “tareas especiales, incluyendo homicidios”, señalaron los fiscales.

Los señalamientos en torno al presidente Hernández han generado dudas sobre una posible imputación en Nueva York, dado que Estados Unidos por lo general no formula actas de acusación sobre mandatarios en ejercicio o expresidentes.

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Sin embargo, las reservas sobre la imputación de jefes de estado no impidió que la oficina de Berman del Distrito Sur de Nueva York presentara un acta de imputación general en marzo de 2020 contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y varios de sus principales aliados políticos. Berman acusó a Maduro y a otros funcionarios de dirigir una “alianza narcoterrorista con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante los últimos 20 años”.

Antes de eso, en marzo de 2019, Berman también lideró el intento de procesar a Tarek El Aissami, uno de los operadores políticos más poderosos de Venezuela, por violar las sanciones estadounidenses impuestas como resultado de sus presuntos nexos con el narcotráfico internacional. 

En abril de 2018, los cargos por narcotráfico presentados por el Distrito Sur contra el excomandante de las FARC Seuxis Pausías Hernández, alias “Jesús Santrich”, llevaron a este y otros jefes insurgentes claves a abandonar el proceso de paz en Colombia. Finalmente, en agosto de 2019, enfiló su artillería nuevamente hacia el excomandante Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”. Este año, Márquez fue acusado formalmente de narcotráfico, junto con Maduro. 

Dicho esto, aún es demasiado prematuro señalar las implicaciones de la salida de Berman para el futuro de los casos por narcotráfico en Latinoamérica.