Los mensajes de texto intercambiados entre un diputado y un criminal condenado en Paraguay pueden ser sólo la punta del iceberg cuando se trata de los vínculos entre políticos y el crimen organizado en el país, el mayor productor de marihuana de Suramérica.
Los mensajes interceptados por la policía en 2011, y revelados por el diario ABC Color, pintan un cuadro de la relación entre el diputado Bernardo Villalba, quien aún no había sido elegido para el cargo en ese momento, y Carlos Antonio Caballero, alias “Capilo”, presuntamente un importante proveedor de drogas para la pandilla de prisión brasileña Primer Comando Capital (PCC). En los mensajes de texto, Villalba pide financiamiento para la campaña, menciona sobornar a un juez, y hace referencia a un proyecto de ley para evitar la extradición de narcotraficantes.
“Whisky Jhony Etiqueta Azul. Una caja Agua Perrier y una caja Skol [cerveza] boca grande. Eso cuesta suspender la audiencia del 17”, dice un mensaje de texto, en el que Villalba se refiere a los procedimientos legales contra Caballero.
Según ABC Color, tres días después de que Villalba enviara el mensaje de texto, el juez que supervisa el caso de Caballero suspendió su audiencia preliminar. En total, los procesos judiciales contra Caballero se prolongaron durante cerca de cinco años y se suspendieron un total de 14 veces. Caballero fue finalmente condenado a siete años de prisión por lavado de dinero, violación a la ley de armas y asociación ilícita.
En otro mensaje de texto, Villalba pidió a Caballero una contribución de campaña de US$5.000, a la que Caballero respondió: “Te doi lunes amigo”.
Además, los mensajes entre Villalba y Caballero al parecer mencionan una ley que fue propuesta por otro miembro del Congreso paraguayo que habría evitado que traficantes de drogas paraguayos y extranjeros naturalizados –como el socio de Caballero, un brasileño- fueran extraditados.
Los mensajes de texto también se refieren a “salmón” en varias ocasiones, lo que parece ser una especie de código. Sin embargo, en una entrevista con la emisora de radio 780 AM, Villalba afirmó que de hecho estaba hablando acerca de comer salmón en las conversaciones de texto con Caballero. También dijo que el mensaje de texto sobre el soborno de un juez con whisky y agua Perrier era una broma. Villalba añadió que nunca recibió dinero de Caballero, y que su relación con el presunto narcotraficante consistía en darle consejo legal.
ABC Color reveló el contenido de los mensajes de texto entre Villalba y Caballero menos de una semana después de que el Senado de Paraguay presentara un documento describiendo los vínculos entre narcotraficantes y funcionarios públicos a la Procuraduría General. Según Terra, las acusaciones se basaron en un informe de la autoridad antidrogas de Paraguay, conocida como la SENAD.
Análisis de InSight Crime
Teniendo en cuenta el papel de Paraguay como el mayor productor de marihuana de Suramérica y las acusaciones del Senado, el caso de Villalba podría ser el primero de muchos en exponer la colusión entre grupos criminales y funcionarios públicos de alto nivel.
El reciente asesinato del periodista de ABC Color, Pablo Medina, quien reportó sobre el tráfico de drogas para el periódico, también sugirió que hay lazos desagradables entre funcionarios del gobierno paraguayo y el crimen organizado. Un intendente local es el principal sospechoso del asesinato, el cual al parecer fue llevado a cabo por el hermano y el sobrino del intendente. Cuando la policía registró una propiedad perteneciente al intendente, encontró prensas hidráulicas utilizadas para procesar marihuana y más de tres toneladas de la droga. Mientras tanto, una exgobernadora ha sido acusada de proteger a un alcalde de las autoridades y de manejar una red que protege las operaciones de tráfico de drogas.
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Cabe destacar que el jefe de la SENAD, Luis Rojas, recientemente ha sido muy franco en denunciar la narcopolítica en Paraguay. En una conferencia de prensa, el 21 de octubre, Rojas señaló que los narcotraficantes pagan a políticos, militares, funcionarios judiciales, y a los medios de comunicación por protección.
Queda por ver si estos eventos recientes escalarán a una investigación más grande y más seria sobre la corrupción paraguaya. Esto puede depender en gran medida de la voluntad política y de la independencia de organismos como el Senado y la Procuraduría General. También puede depender de los esfuerzos de los medios de comunicación como ABC Color para continuar arrojando luz sobre el problema -a pesar de los peligros obvios que su personal está enfrentando.
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Esta presunta connivencia entre narcotraficantes y funcionarios paraguayos sigue el patrón observado en otros países que cuentan con una significativa presencia del crimen organizado. Esto incluye a México, donde los gobiernos locales y las fuerzas de policía municipales han sido infiltradas por los carteles de la droga, y Perú, donde más de 100 candidatos a las elecciones regionales de 2014 estaban vinculados con casos de tráfico de drogas.