La propuesta del gobierno mexicano de usar monitoreo por GPS para prevenir la tortura por parte de oficiales de seguridad es otro ejemplo de arreglos innecesariamente elaborados para problemas simples, pero insolubles.
El Senado mexicano aprobó a finales de abril un proyecto de ley que busca reducir las violaciones a los derechos humanos, informaron Excélsior y otros medios. El proyecto todavía requiere aprobación de la Cámara de Diputados, donde cursa actualmente.
El proyecto de ley, conocido como Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, incluye una intrincada cadena de mecanismos que aspiran a dar solución a uno de los problemas de seguridad más persistentes en México.
En caso de que se convierta en ley, los policías que realicen detenciones tendrán que activar un dispositivo GPS al momento de un arresto. El dispositivo enviaría actualizaciones en tiempo real sobre la ubicación del sospechoso a un centro de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Todos los agentes del gobierno involucrados en la cadena de custodia serían igualmente monitoreados.
El proyecto de ley también propone la creación de un Mecanismo Nacional de Prevención, el cual estaría integrado por empleados de la semiautónoma Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estos supervisores tendrían autorización para hacer visitas sorpresa a cualquier centro de detención o prisión, incluyendo los de tipo militar.
La propuesta de ley es un intento de hacer frente a uno de los problemas más persistentes que frustran los esfuerzos del gobierno mexicano por mejorar y modernizar su sistema de seguridad. Incrementaría las penas para agentes del gobierno acusados de tortura y ampliaría la definición legal de esta práctica.
En los últimos años ha prendido alarmas la frecuencia con la que se ha filtrado evidencia sobre abusos a los derechos humanos por parte de los organismos de seguridad mexicanos, lo que afecta la imagen del gobierno tanto en el país como en el exterior. El propósito que orientó la propuesta de ley es loable en el sentido de que trata de dar solución a un problema verdaderamente apremiante.
Sin embargo, al igual que tantas otras iniciativas de reforma, no queda claro si la ley antitortura propuesta supondrá algún avance en la creación de organismos de seguridad más efectivos o en el mejoramiento de la confianza de un público receloso y descontento.
Análisis de InSight Crime
La falencia básica del nuevo sistema de rastreo por GPS de la ley y su detallado registro de la cadena de custodia es que no apunta a las causas de la brutalidad policial: la predisposición de los organismos de seguridad de hacer uso de la tortura y la renuencia del sistema judicial a castigar con el debido rigor dichas tácticas. No queda claro si la nueva ley antitortura tiene alguna disposición para hacer frente a esos problemas básicos.
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Para los policías corruptos empeñados en golpear a sus detenidos, hay al parecer muchas maneras de eludir las nuevas disposiciones, la más obvia de las cuales es no notificar los arrestos hasta después de haber infligido cualquier abuso que deseen sobre el detenido. También pueden incurrir en comportamientos abusivos sin salirse de la cadena de custodia, o confabularse con cómplices en el Sistema Nacional de Información para que oculten su comportamiento ilegal.
Para los muchos agentes honestos que no recurren a la tortura, los nuevos requisitos que impondría la ley y el costo de su implementación son simplemente innecesarios.
Al final, el problema es una cultura con profundas fallas en ciertos sectores de los organismos de seguridad, los cuales no sufrirían ni con la incorporación de avanzados sistemas de rastreo GPS ni con el endurecimiento de las sanciones.
Por la misma razón, es improbable que esta ley tenga un impacto importante en la percepción pública o en el descontento generalizado de la población por los varios defectos de la policía. A pesar de la jerga llamativa y los nuevos procesos aparentemente sofisticados, lo único que mejorará la opinión pública sobre el proceder de los organismos de seguridad es un mejoramiento concreto y duradero en su comportamiento. Es decir, poner fin a los abusos generalizados, comprometerse a castigar los que ocurran y mejorar las condiciones de seguridad pública. Este proyecto de ley tendrá poco efecto en alguno de estos aspectos.
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Al igual que sucede con el proyecto de ley antitortura, los líderes políticos en México tienen un historial de propuestas grandilocuentes para mejorar los problemas de seguridad nacional de manera inmediata y decisiva, basados en una idea superficial y una lógica errónea. Por mencionar uno de los ejemplos, en el 2009 la administración de Felipe Calderón puso en marcha un programa para registrar cada número de celular en el país, con la esperanza de reducir los intentos de secuestro virtual. A un gran costo, el gobierno logró registrar una porción sustancial de números, pero los intentos de secuestro virtual continúan siendo extremadamente comunes.
El registro de celulares, así como la nueva propuesta de rastreo por GPS, demuestran que se logra poco con solo incrementar la capacidad de monitoreo, y lo que puede hacerse es terminar incitando nuevos abusos.
Se podría decir que la misma dependencia de razonamientos simplistas y arreglos superficiales —si bien en ocasiones tecnológicamente complejos— se hace evidente en los pomposos planes estratégicos de México, ya sea la decisión de Calderón de declararle la guerra al crimen organizado en el 2006, o la negociación derivada de la anterior con la Iniciativa Mérida en 2008, o la decisión de Peña Nieto de pasar la página y restar importancia al tema de la seguridad en 2012. Todas estas fueron ideas justificables que se pusieron en práctica sin la debida consideración de los detalles, los argumentos en contra o las posibles dificultades. No es casualidad que ninguna lograra producir los resultados deseados.