Un alto funcionario antidrogas de Estados Unidos ha advertido que podrían resultar “problemas políticos bilaterales” a raíz de las diferencias de opinión entre Estados Unidos y Colombia acerca de cómo enfrentar la creciente producción de cocaína en el contexto de la actual implementación del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.
En una audiencia del Congreso estadounidense el 2 de agosto, William Brownfield, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, hizo fuertes y polémicas recomendaciones para detener la creciente producción de cocaína en Colombia, que contrastan con la estrategia que ha planeado el gobierno colombiano para enfrentar el problema.
Según Brownfield, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus iniciales en inglés) y exembajador de Colombia, Estados Unidos tiene “limitadas capacidades para modificar las recientes tendencias preocupantes en cuanto a los narcóticos” en Colombia, donde, según él, ha habido un aumento del 200 por ciento en la producción de cocaína en los últimos tres años.
Brownfield señaló que el consumo de cocaína en Estados Unidos ha estado aumentando durante este mismo periodo y que en 2015 se presentó el mayor número de muertes por sobredosis de cocaína en casi una década.
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El subsecretario expuso los aspectos principales de la nueva política de drogas de Colombia, descrita en el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se enfoca en la sustitución de coca por cultivos legales y en el desarrollo de infraestructura en las zonas rurales. Explicó que algunos obstáculos legales y políticos impidieron que Estados Unidos apoyara esos elementos del acuerdo.
“Estados Unidos no apoya el programa del gobierno colombiano de erradicación voluntaria y sustitución de cultivos porque las FARC están involucradas en algunos aspectos del programa y ellas siguen siendo consideradas una Organización Terrorista Extranjera según varias leyes y regímenes de sanciones de Estados Unidos”, dijo.
Brownfield también se refirió a las limitaciones de recursos de la estrategia de Colombia.
“En verdad alentamos al gobierno colombiano para que limite el número de acuerdos de erradicación voluntaria que negocian y firman para posibilitar la implementación”, dijo. “Los acuerdos de erradicación voluntaria deben además tener fechas de finalización establecidas para que las fuerzas de seguridad puedan llevar a cabo las erradicaciones forzadas en las zonas donde las comunidades cocaleras no cumplan con sus obligaciones”.
Colombia pretende erradicar 100.000 hectáreas de cultivos de coca a finales del año, mediante un programa mixto de 50 por ciento de sustitución de cultivos y 50 por ciento de erradicación forzada.
Por otra parte, Brownfield sostuvo que “los dirigentes colombianos debe encontrar la manera de implementar un fuerte programa de erradicación manual forzada” para animar a los agricultores a abandonar los cultivos ilícitos.
Tras la audiencia, Brownfield le dijo a la prensa: “Si no llegamos a una solución aceptable para ambos países relativamente pronto, tendremos problemas políticos bilaterales y esto es lo que quiero evitar”.
Análisis de InSight Crime
Los comentarios de Brownfield muestran que Estados Unidos sigue manteniendo un enfoque tradicional frente a los programas antinarcóticos —el cual ha tenido pocos logros y va en contravía de la estrategia establecida por el gobierno colombiano—. Pero el respaldo político y financiero de Estados Unidos es importante para el futuro del proceso de paz con las FARC, por lo que para Colombia resulta difícil contradecir o simplemente ignorar las preferencias de Estados Unidos en este tipo de políticas.
John Marulanda, analista de seguridad colombiano, considera que estos intereses encontrados han puesto a la administración del presidente colombiano Juan Manuel Santos entre la espada y la pared.
“El gobierno está atrapado entre la necesidad política de cumplirle a las FARC […] y aliviar las reiteradas preocupaciones de su principal socio y colaborador, Estados Unidos, que tiene fundadas preocupaciones sobre su seguridad”, le dijo Marulanda a InSight Crime.
Y aunque el argumento de Brownfield de que Colombia no tiene los suficientes fondos para sus programas de sustitución de cultivos puede ser justificado, Estados Unidos podría tratar de apoyar más esta alternativa, como señala Adam Isacson, miembro sénior de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés).
“Claramente, [al gobierno de Estados Unidos] no lo entusiasma el plan de sustitución de cultivos de Colombia”, le dijo Isacson a InSight Crime.
La estrategia dual y aparentemente contradictoria planteada por Colombia ya está causando problemas en varias áreas. Al erradicar por la fuerza amplias franjas de cultivos de coca, mientras que al mismo tiempo intentan convencer a los agricultores de que se inscriban en programas de sustitución de cultivos, las autoridades han provocado confusión e incluso violentas protestas en los campos. En caso de que el país acate las demandas de Estados Unidos de aumentar la erradicación forzosa, ello empeorará las cosas.
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Otro obstáculo subyacente es que Estados Unidos no ha sacado a las FARC de su lista de organizaciones terroristas. Mantener dicha denominación dificultará el apoyo de Estados Unidos a elementos cruciales del acuerdo de paz que pueden ser considerados “apoyo material a los terroristas”, explicó Isascon.
Ademas de impedir el apoyo de Estados Unidos para los programas de sustitución, el estatus de “terrorista” de las FARC puede llegar a afectar la ayuda económica para la reintegración de los rebeldes.
“La pregunta de ‘cuándo un terrorista deja de ser un terrorista’ sigue estando sin resolver”, dijo Isacson, agregando que la misma cuestión obstaculizó el apoyo de Estados Unidos para los paramilitares colombianos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), después de que se desmovilizaron a mediados de la década pasada. Finalmente, el pacto con las AUC no logró reintegrar a decenas de combatientes desmovilizados, muchos de los cuales continúan operando en las organizaciones criminales más poderosas de Colombia.
Además, la solicitud de Estados Unidos de que Colombia no descarte la extradición de personas involucradas en los acuerdos de paz es un serio problema. La amenaza de la extradición podría hacer que algunos líderes de las FARC reconsideren su poco decidido apoyo al proceso de paz. En los últimos meses, decenas de guerrilleros han abandonando sus campamentos y se han dedicado al crimen.
Si el gobierno colombiano accede a la presión de Estados Unidos para que adopte políticas antidrogas de línea más dura, corre el riesgo de incumplir sus promesas a los rebeldes desmovilizados y a los cultivadores de coca, lo que amenazaría la viabilidad del histórico acuerdo de paz. Esta posibilidad ya se está observando en varias áreas vulnerables, donde ha habido violentas consecuencias. Pero si Colombia ignora las exigencias de Estados Unidos, sostiene Marulanda, sigue siendo posible que se presente una “confrontación política” entre las dos naciones.