Pese a los reportes de la aparición de un “ejército” al estilo paramilitar dedicado a luchar la restitución de tierras en el norte de Colombia, no se sabe mucho de este grupo y es muy seguro que el gobierno enfrente mayores retos de los actores criminales ya existentes.
El llamado Ejército Antirestitución de Tierras es un nuevo actor en el panorama criminal de Colombia. Es descrito por algunos como una nueva organización paramilitar, aparentemente producto de la resistencia al programa estrella del gobierno de restitución de tierras, el cual empezó el 12 de junio como parte de la Ley de Víctimas. Algunos reportes sobre la existencia del grupo comenzaron a circular en febrero cuando el analista Ariel Ávila, de la Corporación Nuevo Arco Iris, habló sobre una reunión entre terratenientes y políticos en el departamento del Cesar derivando en la creación del grupo.
Según Ávila, la reunión fue llevada a cabo dadas las preocupaciones sobre una posible incursión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al área, culminando con el acuerdo de crear “un ejército que los protegería. Luego, en una segunda reunión el 13 de enero (…) fue determinado que [el ejército antirestitución] sería un instrumento en contra de la ley de restitución de tierras.” Ávila agregó que exparamilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estaban siendo buscados para unirse al “ejército” con miras a empezar sus operaciones en marzo.
La advertencia de Ávila parece estar cumpliéndose. El 4 de julio, una amenaza empezó a circular en internet dirigida ha 13 líderes humanitarios de Colombia, promotores del programa de restitución de tierras, entre ellos el actual congresista Iván Cepeda.
Un aparte de la amenaza dice:
“Nuestro ejército tiene instrucciones claras para dar de baja a estos malparidos que quieren quitarles la tierra los ciudadanos de bien para dársela a guerrilleros igual que ellos (…) Quedan advertidos y en conocimiento pues tenemos plenamente identificado sus esquemas (…) Ejército Antirestitución”
Luego de esta amenaza, el Presidente Juan Manuel Santos sorprendió a muchos al reconocer la existencia del “ejército”, y nombro a dos ex miembros del Bloque Norte de las AUC quienes se cree son los líderes, Augusto Francisco Castro Pacheco, alias “El Tuto”, y Omar Montero Martínez, alias “Codazo”. Una recompensa de más de US$80.000 ha sido ofrecida por información que conduzca a su arresto, y la policía ha anunciado que investigarán si hay grandes terratenientes detrás del grupo.
La emergencia de este “ejército” es una señal de preocupación para la administración de Santos, que apunta al enorme reto que significa el intentar restituir 7 millones de hectáreas – 12,9 por ciento de la tierra cultivable del país – a aquellos desplazados por la violencia, o que simplemente fueron despojados de su tierra desde enero 1 de 1991.
En el departamento de Cesar, donde se dice que el “ejército” tiene sus raíces, 200.000 hectáreas son para restituir. Sin embargo, el “ejército” representa solo una fracción del movimiento de resistencia, que está compuesto por numerosos actores con diferentes motivaciones.
Aunque el gobierno ve al Cesar como un área prioritaria (ver mapa de El Espectador aquí), muchos de sus puntos focales son a lo largo de la Costa Pacífica, que se extiende desde el Urabá en el norte de Antioquia hasta el departamento de Nariño. De acuerdo a las estadísticas citadas por Nuevo Arco Iris, Cesar únicamente ha reportado el asesinato de un líder de restitución de tierras entre 2005 y 2012, en comparación a los nueve y seis en el Valle del Cauca y Chocó, respectivamente, en el mismo periodo. Antioquia ha sido el departamento más peligroso, con 16 asesinatos.
Muchas de estas áreas prioritarias son territorios de las antiguas AUC o fortines de las BACRIM (bandas criminales). Las AUC trabajaban de la mano de grandes empresas agrícolas, forzando a las personas a salir de sus tierras bajo el engaño de que estaban “limpiando” el área de la guerrilla. Un ejemplo son las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó en Chocó, donde grandes compañías de palma de aceite y ganaderos locales se establecieron luego de que la población había sido desplazada a finales de los noventa, introduciendo una forma de pseudo legitimación al proceso de apropiación.
El fundador de las AUC, Vicente Castaño, admitió en una entrevista en 2005 que él había reclutado activamente a empresas de palma de aceite para que se establecieran en tierras robadas en el Urabá. Esta historia crea un enrome desafío administrativo para el gobierno ya que muchos de los títulos se encuentran a nombre o de empresas legales o de terceros actores. Adicionalmente, emprender una cruzada contra negocios agrícolas, pese a su naturaleza ilegal, puede presentar un conflicto de interés para Santos en un momento en el que la economía del país está creciendo y el gobierno está abogando para atraer más inversión.
En cuanto a las regiones controladas por las BACRIM, la principal área de operación de los Rastrojos es la Costa Pacífica, mientras que los Urabeños controlan gran parte del Urabá. Ambas regiones son corredores vitales del narcotráfico para las bandas, lo que es un problema adicional para los intentos de restitución del gobierno.
Es preocupante que el “ejército antirestitución” aparentemente opere como los antiguos paramilitares, enviando amenazas a los activistas de la restitución con retórica política sobre “liberar la tierra de la guerrilla”. No obstante, aunque Santos lo reconoció oficialmente como una amenaza, falta ver que tan grande se puede convertir un fenómeno de grupos operando bajo este lema. Lo que es más, aunque son los únicos que se hacen llamar “antirestitución”, no implica que sean los únicos con esta motivación. Varios actores criminales de Colombia tienen sus manos en tierras robadas, y las grandes compañías pueden volverse un verdadero dolor de cabeza administrativo para el gobierno al luchar por sus títulos sobre las tierras.