El fiscal general de El Salvador anunció la creación de una nueva unidad antiimpunidad dentro de la Fiscalía General, la cual abordará casos políticamente delicados y tendrá un fuerte apoyo del gobierno estadounidense, aunque carecerá de directa participación internacional.
El fiscal general Douglas Meléndez anunció, durante una teleconferencia en el Wilson Center de Washington el 14 de septiembre, que en las próximas semanas empezará a funcionar en la Fiscalía General el Grupo Especial Contra la Impunidad (GECI). El Salvador ha estado bajo presión para permitir que una misión internacional asista al país a abordar casos de corrupción, así como las que se establecieron en los países vecinos Guatemala y Honduras.
El GECI, sin embargo, no será como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que otorga capacidad de investigación criminal a un ente internacional. Tampoco será como la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que brinda asesoría a la fuerza pública de ese país e intenta empujar políticamente la lucha contra la corrupción.
El modelo antiimpunidad salvadoreño empezará y terminará, por ahora, en la Fiscalía General de la República, bajo la supervisión de Meléndez.
El fiscal general dijo que en la unidad participará un grupo selecto de fiscales. Tres funcionarios que han estado al tanto de las discusiones entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y Meléndez le confirmaron a InSight Crime que Estados Unidos apoyará a la nueva unidad con entrenamiento, así como con ayuda financiera.
Meléndez hizo el anuncio durante una teleconferencia organizada por el Wilson Center de Washington, en la que abordó los principales retos que tiene la Fiscalía que él dirige para aplicar la ley en El Salvador, especialmente cuando hay casos políticamente delicados de por medio.
En el evento también participó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el exdirector policial Mauricio Ramírez Landaverde.
Meléndez no abundó en detalles sobre la unidad antiimpunidad, pero adelantó que varios fiscales de su confianza ya están dando los últimos toques a la unidad, que podría ser presentada al público antes de que termine el mes de septiembre.
InSight Crime ha consultado a funcionarios estadounidenses en el Congreso y el Ejecutivo estadounidenses, así como a otros dos oficiales en San Salvador, sobre los detalles del proyecto. Todos ellos confirmaron que el proyecto se discute al menos desde julio pasado, y que recibiría asesoría técnica de Washington, sobre todo en investigaciones relativas a la corrupción de funcionarios y exfuncionarios, al enriquecimiento ilícito y al blanqueo de capitales.
“En El Salvador la justicia ha estado clasificada… Es como decía Monseñor Romero… como una serpiente que solo pica al descalzo.” – Fiscal General Douglas Meléndez.
“Casos como el de Enrique Rais y el exfiscal [Luis Martínez], el del ex presidente [Mauricio] Funes, o investigaciones que pueda haber contra [el ex presidente Antonio] Saca cumplen esos perfiles”, aseguró un funcionario del gobierno estadounidense que conoce sobre este proyecto.
El 15 de septiembre, una fuente dentro de la Fiscalía General le dijo a InSight Crime que la nueva unidad comenzará a investigar y a procesar los expedientes ya abiertos en contra de exfuncionarios por enrequicimiento ilícito y malversación de fondos.
Durante la conferencia, Meléndez dio la noticia de la nueva unidad tras abordar la corrupción en el sistema judicial salvadoreño. Dijo que los primeros casos que ha presentado ante los tribunales – entre los que están el de Rais-Martínez y el de Funes ¬¬– le han servido de “termómetro” para medir la reacción del Órgano Judicial.
Funes es acusado de usar su posición como presidente para obtener beneficios financieros y el exfiscal general, Martínez, es acusado de aceptar beneficios de Rais a cambio de manipular casos judiciales a favor del empresario.
“Ya tuvimos las primeras experiencias con el Órgano Judicial y en algunos casos creemos que la respuesta no ha sido la más adecuada,” dijo Meléndez. El fiscal general fue menos diplomático en declaraciones con referencia a la corrupción en los tribunales.
“No solo las pandillas tienen clicas sino también la estructura del sistema judicial”, lanzó Meléndez el 31 de agosto, poco después de presentar en tribunales la acusación fiscal contra Enrique Rais, quien controla el negocio de los desechos sólidos en el país, y Luis Martínez. Al exfiscal general no sólo se le acusa de favorecer a Rais en varios casos, sino también de toleral la fabricación de pruebas falsa para hacerlo.
Meléndez sabe que el proyecto del GECI encontrará resistencia.
“El tema de la impunidad ha existido y sigue existiendo,” dijo. “No se puede ocultar el sol con un dedo.” Meléndez dijo a 30 académicos y periodistas reunidos en la conferencia que el proyecto ya estaba trayendo críticas en El Salvador.
La postura del fiscal general también generó las primeras reacciones en Washington.
“No es fácil investigar la corrupción,” dijo a InSight Crime Norma Torres, representante demócrata por California en la Cámara de Representantes en Washington y miembro del comité de Seguridad Nacional de ese cuerpo legislativo. “El fiscal tiene poco tiempo en su cargo, pero sí espero que él pueda investigar casos de corrupción sin consideración por la afiliación partidaria de los implicados.”
Torres asegura que la lucha contra la corrupción es uno de los ejes fundamentales de la política exterior estadounidense en Centroamérica.
Los reclamos de los políticos
El gobierno de Salvador Sánchez Cerén ha dicho, casi desde el inicio de su administración, que no ve necesario un mecanismo como CICIG para combatir la impunidad en El Salvador. El foro de Sao Paulo, del que el partido de Sánchez Cerén es miembro, fue más allá en una reunión celebrada en junio en San Salvador y acusó de “golpistas” a quienes abogan por un mecanismo similar.
Ni Sánchez Cerén ni su Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) su partido se han pronunciado por la iniciativa antiimpunidad presentada por Meléndez, pero hay miembros del FMLN que ya cuestionaron al fiscal general por algunas investigaciones.
Uno de los casos que más ha irritado al FMLN es la investigación por tráfico de armas al exministro de Defensa y actual embajador de El Salvador en Alemania, el general Atilio Benítez. Blandino Nerio, diputado efemelenista, incluso acusó a la embajadora estadounidense Jean Manes de “injerencia irrespetuosa” tras acusarla de intentar influir en una votación del Congreso para levantar la inmunidad a Benítez.
Consultada al respecto, la diplomática hizo una pregunta retórica: “¿Por qué alguien no quiere combatir la corrupción?”
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En el evento del Wilson Center, Meléndez incluyó el caso de Benítez entre sus prioridades y en la lista de investigaciones que su antencesor, Luis Martínez, tenía engavetadas.
“En El Salvador la justicia ha estado clasificada,” dijo Meléndez. “Es como decía Monseñor Romero,” añadió con referencia al ex arzobispo martirizado y beatificado. “Como una serpiente que solo pica al descalzo. No es fácil revertir la tendencia con el empoderamiento que algunos grupos y personas han alcanzado en el país.”
En el evento, Héctor Rodríguez, un académico salvadoreño radicado temporalmente en Washington, preguntó a Meléndez por el matiz político de las investigaciones. Por qué, cuestionó, la Fiscalía no ha seguido las denuncias de casos de corrupción en gobiernos del partido de la oposición.
El fiscal general defendió su neutralidad, señalando que ha reactivado investigaciones relacionadas con la tregua de pandillas en El Salvador y que ha iniciado casos en contra de alcaldes de ambos partidos políticos que son acusados de haber trabajado con las pandillas. Meléndez también subrayó que él ha estado investifando alcaldes de la oposición por malversación de fondos públicos.
“Es bien difícil evitar que la clase política se pronuncie sobre nuestras investigaciones,” advirtió Meléndez. “Lo que no pueden hacer es pretender teledirigir las investigaciones.”