La nueva estrategia de la Casa Blanca para enfrentar el narcotráfico en el Caribe estadounidense, el primer plan federal de este tipo, surge en medio de preocupaciones sobre la creciente problemática del narcotráfico y la violencia pandillera en la región.
La nueva estrategia establece seis objetivos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, combinando enfoques “duros” y “blandos” que van desde la reducción del consumo de drogas por parte de los jóvenes hasta operaciones de incautación más eficaces.
El documento argumenta por qué el Caribe estadounidense requiere el mismo tipo de plan antinarcóticos que normalmente se usa en el sureste del país. En el año 2013 se reportó el mayor flujo de cocaína a través del Caribe desde 2003, con un total de 91 toneladas métricas incautadas. También ha aumentado el contrabando de otros tipos de drogas a través de Puerto Rico, como lo evidencia el desmantelamiento, en el año 2013, de la primera organización de tráfico de metanfetamina en la historia de la isla.
El aumento del narcotráfico ha estado acompañado de un aumento en los crímenes financieros: el documento señala que cerca de un tercio de todas las ganancias provenientes de la economía ilegal en Puerto Rico —unos US$5 mil millones— puede estar relacionado con el tráfico de drogas.
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Y aunque los niveles de violencia han disminuido en Puerto Rico —de un récord de 1.164 asesinatos en 2011 pasó a solo 681 en 2014—, el documento señala que existe “un fuerte nexo entre narcotráfico y crímenes violentos”, y que la mayor parte de los crímenes relacionados con drogas en Puerto Rico tienen que ver más con el tráfico que con el consumo.
El documento reconoce que varias iniciativas han permitido disminuir la tasa de homicidios en Puerto Rico. Entre dichas iniciativas se encuentra una dirigida al control de las armas de fuego ilegales y otra en la que participan grupos locales especiales de fiscales y agentes de seguridad experimentados, conocidos como “fuerzas de ataque”.
Análisis de InSight Crime
Uno de los detalles más interesantes de esta estrategia es que una agencia federal, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (US Customs and Border Protection), planea implementar una aplicación para teléfonos inteligentes que les permitirá a sus agentes acceder más rápidamente a bases de datos relevantes. Se reconoce además que otros tipos de tecnología —incluyendo una aplicación móvil que se utiliza para enviar avisos anónimos a la policía— han ayudado a mejorar los niveles de criminalidad de Puerto Rico. En Latinoamérica ya existen bastantes aplicaciones de seguridad ciudadana, desarrolladas por civiles y diversas ONG; ahora parece que por lo menos una agencia federal de Estados Unidos está desarrollando una para uso exclusivo de los funcionarios.
En general, la nueva estrategia antinarcóticos en el Caribe pretende que su objetivo central no consista en suministrar equipos de seguridad, lo cual alguna vez caracterizó el plan estadounidense denominado Iniciativa Mérida para México. Por el contrario, se ajusta al cambio propuesto por la administración Obama, orientado hacia una política antidrogas más humanista que hace énfasis en la prevención y el tratamiento al interior del país, junto con una retórica que hace hincapié en un enfoque más “flexible” en el extranjero.
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Podría decirse que uno de los mayores desafíos para las autoridades locales en Puerto Rico consistirá en detener el control que tienen las pandillas callejeras sobre los proyectos de vivienda pública. El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico ha indicado que 300 de los 333 proyectos de vivienda pública de la isla están controlados por organizaciones narcotraficantes, como señala el documento publicado por la Casa Blanca. Según los informes, algunas de estas pandillas han realizado alianzas con organizaciones políticas locales —un fenómeno que se presenta en otras partes del Caribe, especialmente en Jamaica—.
El éxito de la implementación de la estrategia estadounidense en Puerto Rico puede llegar a hacer de la isla un lugar menos atractivo para los grupos del narcotráfico transnacional. Pero hay muchos otros lugares en el Caribe donde estos grupos podrían fijar su atención, incluyendo la República Dominicana, que actualmente lucha por frenar la corrupción relacionada con las drogas.