Un nuevo estudio del sistema judicial de México sugiere que el gobierno ataca y castiga de manera desproporcionada a traficantes de bajo nivel en lugar de figuras de alto perfil y grandes traficantes, lo cual de hecho puede ser una estrategia para reducir la violencia. (Nota del editor, el autor del estudio responde abajo).
Según un estudio publicado el 3 de octubre, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE), la gran mayoría de los criminales en el país son pequeños traficantes y consumidores de drogas, y la amenaza que representan a la sociedad es desproporcionada en relación a los castigos que reciben. Catalina Pérez Correa, autora del informe, señala las estadísticas federales mexicanas que muestran que en 2010, el 74 por ciento de los arrestos estuvieron relacionados con crímenes relacionados con las drogas, y el 41.9 por ciento fueron por tráfico de drogas a pequeña escala.
“Estos traficantes de drogas suelen ser vendedores ambulantes, y al momento de su arresto no habían cometido otros delitos. Ellos no tenían, o por lo menos no se les había probado, vínculos con el crimen organizado”, dijo Pérez Correa.
A pesar de esto, muchos de estos individuos recibieron sentencias por cargos de posesión y distribución, que son mayores a aquellas reservadas generalmente para los criminales violentos. Por ejemplo, el estudio señala que la pena máxima reservada para adultos condenados por cargos por drogas (25 años de prisión) es de 11 años más que aquellos condenados por violación (14 años) y 10 años más que aquellos condenados por robo a mano armada o posesión ilegal de armas automáticas (15 años).
“Estamos usando los recursos de la ley para sentenciar y castigar a consumidores y a los pequeños vendedores de marihuana y cocaína. Esto se traduce en menos recursos para investigar y castigar crímenes que tanto daño le hacen a la sociedad mexicana”, dijo Pérez Correa.
Análisis de InSight Crime
Estas estrictas leyes contra las drogas son más que una cuestión de derechos humanos; están contribuyendo directamente a una crisis en el sistema penitenciario de México. En 2011, las 430 instalaciones penitenciarias del país eran capaces de albergar a 184.193 reclusos. Hoy en día, la población carcelaria es de 224.246. El hacinamiento ha contribuido a la realización de motines, y ha permitido a muchas estructuras criminales manejar directamente sus negocios desde la prisión. Según un informe publicado en septiembre por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), alrededor del 60 por ciento de las prisiones en el país están por fuera del control del estado y están siendo gobernadas efectivamente por los criminales. La reforma de las leyes contra las drogas que penalizan a los pequeños traficantes, así como la reducción del énfasis en la prisión preventiva en el sistema judicial del país, probablemente serán un paso importante para mejorar las condiciones de las prisiones en México.
Pero mientras las leyes contra las drogas en México deben simplificarse para reflejar más proporcionalmente la violencia que causan a la sociedad, la premisa de Pérez Correa de que los traficantes de drogas a pequeña escala no son una amenaza a la seguridad interna del país, puede no ser precisa. Oficiales y analistas en México se han preocupado cada vez más sobre el potencial que tienen los pequeños y localizados grupos narcotraficantes de convertirse en los principales generadores de violencia. Mientras las autoridades enfocan los esfuerzos de la aplicación de la ley en grandes carteles como los Zetas y el Cartel de Sinaloa, según la teoría, estos fragmentos más grandes de los grupos irrumpen en grupos divididos que luchan entre sí en guerras territoriales locales y regionales. En un informe de enero que pronosticaba el futuro de la seguridad ciudadana en el país, Southern Pulse predijo que estas pandillas más pequeñas serían la principal causa de la violencia en México para el 2014, argumentando: “al nivel local más grande, las pandillas callejeras con mucho poder, armadas con Twitter, YouTube, el arma del miedo, y un arsenal envidiable, manejarán a los políticos locales y a la policía municipal”.
Incluso el presidente electo, Enrique Peña Nieto, ha reconocido el potencial para que esto suceda, y prometió que su administración se enfocará más en las actividades violentas de las pandillas pequeñas, como La Línea y La Resistencia.
Ya hay evidencia de que esto ocurrió en Tijuana. En septiembre, el Procurador General de Baja California, Rommel Moreno, anunció que los tiroteos entre pequeñas pandillas de narcotraficantes rivales se habían convertido en la principal forma de violencia relacionada al narcotráfico en la ciudad, representando alrededor del 80 por ciento de los asesinatos en 2011 y 2012.
Catalina Pérez Correa Responde:
Al editor:
Quisiera aludir al artículo de Geoffrey Ramsey, publicado el 13 de octubre por InSight Crime, titulado “Estudio Pone en Duda la Eficacia de las Leyes Contra las Drogas en México”, el cual comenta un documento de mi autoría, sobre delitos de droga y la proporcionalidad en México: (Des)proporcionalidad y delitos contra la salud en México.
En su artículo, el Sr. Ramsey afirma que “la premisa de Pérez Correa de que los traficantes de drogas a pequeña escala no son una amenaza a la seguridad interna del país, puede no ser precisa. Oficiales y analistas en México se han preocupado cada vez más sobre el potencial que tienen los pequeños y localizados grupos narcotraficantes de convertirse en los principales generadores de violencia.” Una aclaración debe hacerse con respecto a esta declaración.
Esta no es una premisa, sino una conclusión de mi estudio de que el estado mexicano está procesando principalmente a pequeños traficantes y/o consumidores. La diferencia entre una premisa y una conclusión no es marginal – especialmente en la literatura académica – por lo que es importante aclarar que mis conclusiones no son puntos de partida sino resultados de mi investigación, a los cuales se llegó a partir de la reflexión sobre información disponible.
Como se puede observar en la siguiente tabla, en 2010 la posesión y el consumo representaron el 71 por ciento de las investigaciones iniciadas por los fiscales públicos para delitos relacionados con las drogas. Ese año, el consumo representó el 26 por ciento de las investigaciones iniciadas por delitos de drogas. En 2011, la posesión y el consumo representaron el 74 por ciento de las investigaciones iniciadas por estos delitos, y el 23 por ciento eran exclusivamente por consumo. La mayoría de estos casos eran casos no violentos, y no había otros delitos involucrados. Como señala mi texto (Des)proporcionalidad y delitos contra la salud en México, en el 80.7 por ciento de las sentencias dictadas por delitos de drogas en 2010, no hubo otros delitos implicados. Por lo tanto no es posible afirmar, como lo hace el Sr. Ramsey, que estos son casos de “pequeños y localizados grupos narcotraficantes”. La información, en todo caso, sugiere lo contrario. Esta sugiere que el estado está procesando a muchos consumidores, incluso cuando reformas legales han tenido lugar para despenalizar el uso.
Uno puede estar de acuerdo con la afirmación del Sr. Ramsey de que las bandas de narcotraficantes que generan violencia a pequeña escala deben ser una prioridad del estado. Pero esto debe ser así, no por sus insignificantes transacciones comerciales de substancias ilegales, sino porque los delitos violentos son socialmente dañinos y reprochable. Su persecución debe ser priorizada sobre los crímenes no violentos, como los delitos que actualmente son procesados por el estado. Hoy en día, sin embargo, la evidencia apunta a la conclusión de que el estado mexicano está enfocando los recursos en procesar y castigar a pequeños narcotraficantes no violentos o consumidores, en lugar de investigar homicidios, secuestros, violaciones y otros delitos más significativos para la sociedad, bien sean perpetrados por pequeñas o grandes bandas. Más importante aún, no hay evidencia para postular que esta aparente persecución de los consumidores y pequeños traficantes no violentos es una estrategia conscientemente ideada para reducir la violencia por parte de las autoridades.
Catalina Pérez Correa
Profesora/Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
Catalina.perezcorrea@cide.edu