Doce miembros de un grupo de autodefensa en el estado mexicano de Michoacán desaparecieron después de salir de patrulla en noviembre de 2014. Sus familias ahora dicen que la policía estaba involucrada, sea cual sea la verdad, el caso es indicativo de un problema más amplio en México: la falta de justicia para los desaparecidos, entre ellos (y sobre todo) aquellos que no se ajustan al perfil de un civil del común.
Michoacán presenta rasgos novedosos para los parámetros clásicos de la “guerra al narcotráfico” en México.
El nivel de penetración institucional de los Caballeros Templarios; la legalización de civiles armados para combatirlos y la dificultad en la distinción entre la actuación legal o ilegal de algunos organismos públicos, plantea si las políticas en ese estado del Pacífico no exigen superar la etiqueta de un problema exclusivamente ligado a la delincuencia organizada.
El conflicto entre las autodefensas y los Templarios se ha manifestado en episodios especialmente violentos. Un ejemplo de esto es la desaparición de doce autodefensas el pasado noviembre que se dirigían a la pequeña ciudad de Apatzingán un sábado en un convoy de cuatro camiones, de los cuales sólo uno regresó, sin ninguna explicación de lo que había ocurrido con el resto.
Sus familiares han acusado a policías federales por las desapariciones. Las cabezas de dos desaparecidos fueron encontradas en una carretera de Uruapan, lugar de la región michoacana de Tierra Caliente, donde ejercían como autodefensas. Se desconoce el paradero de los otros diez.
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Algunas teorías
Algunos de los familiares han planteado también la posible implicación de Los Viagras, un grupo que ha cobrado fuerza en el nuevo panorama michoacano. De hecho, de las cuatro camionetas que formaban el convoy de vuelta de Apatzingán, sólo regresó la de Nicolás Sierra Santana, uno de los hermanos que dirige Los Viagras.
A falta de más datos, el interés de la policía federal por posicionarse tan claramente a favor de un grupo u otro de autodefensas es dudoso, sobre todo con un delito tan aparentemente inmotivado.
Precisamente, los federales también han tenido una papel importante en la represión de acciones promovidas por Los Viagras, como la toma del ayuntamiento de Apatzingán, la capital no oficial de la Tierra Caliente, el pasado enero. Según Proceso, en esos hechos sí hay indicios de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por este cuerpo de seguridad.
Por añadidura, una colaboración entre esa institución federal y los Templarios es improbable, ya que la policía federal sufrió sangrientos ataques durante el liderazgo criminal de Servando Gómez, alias “La Tuta”, antes de su captura a comienzos de este año.
La hipótesis más plausible es la de una acción de los Templarios, todavía activos en Uruapan, a los que se alude como “Guardia Michoacana” en la manta dejada junto a los restos de los dos autodefensas. En menor medida, también podría estar detrás la rivalidad entre autodefensas, ya que los desaparecidos, según algunas fuentes, eran cercanos al encarcelado José Mireles.
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Michoacán necesita verdad y justicia
En cualquier caso, estos hechos revelan un problema más general: el modelo de extorsión de los Templarios en Michoacán —y la manera en que las fuerzas federales recondujeron la crisis— ha provocado un nuevo tipo de víctimas. En general, estas víctimas —incluyendo los miembros de autodefensas que desaparecieron en Michoacán— no siempre son reconocidas por el gobierno, pero igualmente necesitan justicia.
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Si se confirma la participación de una institución pública en la desaparición de los autodefensas, el hecho se relaciona con un desafío más amplio. |
El origen mixto de las autodefensas indica que, a pesar de ser una reacción a un conflicto, su presencia en las instituciones puede continuarlo e incluso generar otros. No sólo están compuestos por ciudadanos afectados por los Templarios y que deciden tomar las armas ilegalmente, sino también por miembros de grupos criminales que pretenden aprovechar la debilidad de la organización hegemónica. A ello se añade la presencia de exmbiembros de los Templarios que, por convicción o interés, se cambiaron de bando.
Esa dificultad para trazar una línea divisoria entre quién es o no delincuente es una primera advertencia de cara a una verdadera paz en Michoacán. No basta un cambio formal de nombres a Fuerza Rural Estatal, sino que es necesaria una política de reconciliación, que compatibilice los derechos a la verdad y a la justicia.
Además, si se confirma la participación de una institución pública en la desaparición de los autodefensas, el hecho se relaciona con un desafío más amplio. México tiene pendiente aprobar una ley que homologue la tipificación de la desaparición forzada en los códigos penales de los diferentes estados, para lo que el gobierno contará con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Pero este delito entraña problemas mayores. Por ejemplo, las dificultades técnicas para clasificar a los individuos que desaparecen. Solamente la intervención de una institución pública configura el delito de desaparición forzada, pero no hay cifras claras de las circunstancias en que han desaparecido miles de personas.
Por su parte, la fortaleza de las organizaciones criminales ha conducido a que muchas veces promuevan delitos de similar naturaleza a las desapariciones forzadas, pero que no son propiamente tales al no intervenir las autoridades. Por ejemplo, en los llamados “campamentos de secuestros”, que en algunas zonas cuentan con decenas de personas retenidas.
De cara al futuro
Todo esto ha hecho que el conflicto entre Templarios, autodefensas e instituciones públicas es borroso. Si quiere establecerse su punto y final cuando se desmantele la red de protección política y las complicidades sociales de este grupo criminal o, incluso, el narcotráfico en la región, el tiempo se contará en años. Sin embargo, una aproximación para lograr resultados duraderos, en Michoacán y en otros lugares, es reconocer la victimización de sectores como los desaparecidos, así como posibles desplazados de sus casas por los Templarios o individuos afectados por el excesivo uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad, que tienen en las ejecuciones extrajudiciales su manifestación más grave.
Casos como el de los doce desaparecidos en Michoacán ilustran escenarios distintos a los históricamente relacionados con la “guerra al narcotráfico”. Esto supone nuevos desafíos analíticos, pero puede ser el giro político que requiere la crisis mexicana.
*Jesús Pérez Caballero tiene un Ph.D. en Seguridad Internacional del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (Madrid, España) y trabaja como investigador independiente en crimen organizado, narcotráfico y derecho penal en Latinoamérica.