Latinoamérica fue testigo de un auge de minería ilegal en 2016 y de un incremento de las actividades ilícitas relacionadas, a medida que el crimen organizado ha reconocido el potencial económico de una industria ilegal de oro que ahora es más lucrativa que el negocio de cocaína.
Dos de los principales factores que explican la magnitud de este fenómeno son, como InSight Crime informó, “mayores riesgos y menores márgenes de ganancias para el tráfico de drogas, y un aumento en los precios internacionales del oro, factores que se han combinado para crear las condiciones ideales para el auge de la minería ilegal del oro.”
Esta expansión está causando daño ambiental y humanitario en los países afectados por esta actividad. Venezuela y Colombia son los países en donde la minería registró mayores índices de actividad ilegal con 90 por ciento y 70 por ciento, respectivamente. Además, en Perú la minería ilegal representa un 28 por ciento y en México un 9 por ciento.
La minería ilegal se ha convertido en un atractivo y lucrativo negocio para el crimen organizado, no solo por altas ganancias económicas o sus múnimos riesgos judiciales, pero también porque facilita el lavado de dinero. En Colombia, los grupos criminales ven la explotación ilegal de oro como una venana de oportunidad sin restricción. Se realiza en zonas de baja presencia institucional y gran parte de los esfuerzos estatales, al igual que con el narcotráfico , se concentra en el nivel más bajo de la cadena de producción —los mineros informales y la maquinaria— y no en los grandes corredores que ponen oro de “sangre” en el mercado legal e internacional.
Como en la mayoría de los países afectados por esta actividad, Panamá y México han sido testigos de la evolución de la minería ilegal hacia un mecanismo para lavar activos ilícitos, los cuales son usados por estructuras criminales domésticas y extranjeras. “Los orígenes del oro fundido son difíciles de rastrear, y las empresas estadounidenses que negocian con oro están sometidas a menos escrutinio que las instituciones que manejan transferencias en efectivo.”
Grupos criminales y sus portafolios
El interés de los grupos criminales en esta industria, particularmente en el sector ilegal, pasa por distintas facetas dependiendo del territorio en el cuál hacen presencia estas estructuras criminales. En algunos casos, como en Venezuela, sólo realizan el cobro de extorsiones a las comunidades mineras o empresas multinacionales que ejercen la actividad. En otros países, como en Colombia, controlan el total de la explotación minera, pues el crimen organizado es quien maneja la seguridad, la maquinaria, da los permisos para quienes pueden realizar actividades de barequeo y regulan el comercio de oro; en su fase más sofisticada la minería ilegal permite el lavado de activos.
Las ganancias que genera la minería ilegal en cada uno de estos países varía, sin embargo, los montos no son nada despreciables para los grupos criminales. En Perú, el departamento de Madre de Dios, dramáticamente afectado por esta economía extractiva desde el año 2011, viene reportando ganancias multimillonarias en los últimos años, las cuales lejos de disminuir, han ido aumentado.
En Colombia, como escribimos, esta actividad genera cerca de US$3 mil millones anuales, más del doble de las ganancias del negocio de las drogas y ha atraído la atención de grupos armados ilegales, según se dice, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En este país han aumentado los homicidios, la trata de personas, el trabajo forzoso y otros índices de seguridad, lo cual está ligado al amplio entramado criminal que genera la minería ilegal.
“Las operaciones de minería ilegal suelen generar actividades criminales distintas pero relacionadas entre sí,” informamos. “Uno de los crímenes más comúnmente vinculados a la minería ilegal es la trata de personas, que puede proveertrabajo forzado en los yacimientos mineros ilícitos, así comoredes de prostitución donde los trabajadores gastan el dinero ganado.”
En el caso de Colombia, que tiene sus principales depósitos auríferos en la región del pacífico, Antioquia, Córdoba y Bolívar, este negocio genera unos US$2 mil millones, por lo que son varios los actores interesados en este botín.
“La minería es una fuente clave de ingresos para las organizaciones guerrilleras y para los grupos neoparamilitares, conocidos como Bacrim (o “bandas criminales”),” comentamos. “Estos grupos administran, extorsionan y prestan servicios de seguridad a las operaciones mineras ilegales. Los departamentos con los mayores depósitos auríferos, […] son también algunos de los más violentos del país, con fuerte presencia de actores armados.”
Así mismo, las FARC son reguladores de facto de la explotación del oro en la región del Darién en Chocó, donde está activo el Frente 57. Otros frentes de este grupo, así como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), también participan de esta actividad, aunque en menor medida. En varios casos, los grupos armados ilegales cobran para permitir la entrada de dragas y retroexcavadoras y mantienen el control mediante la extorsión de quienes ingresan a los territorios para realizar actividades de minería tradicional de oro mediante barequeo.
En el caso de México, en donde “la minería en cinco estados diferentes: Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas, es controlada por los grupos criminales”, el botín alcanza los US$500 millones, como informó InSight Crime. En estos territorios, grupos como Los Zetas o Los Caballeros Templarios, cobran extorsiones a los operadores mineros locales y multinacionales a cambio de permitirles trabajar en sus concesiones.
Se presentan también serias denuncias por el entramado de corrupción y violencia que ha estado vinculado a esta actividad criminal. Uno de los casos más preocupantes es el de Venezuela, donde en el estado de Bolívar “un líder del partido […] ha acusado de corrupción a las fuerzas armadas por la desaparición de 28 mineros, e insinúa que por largo tiempo los militares han participado en la industria de la minería ilegal de oro. También afirmó que integrantes del ejército presentes en el área cobran extorsiones a los mineros ilegales a cambio de permitirles trabajar.”
Comercialización de oro y lavado de dinero
Una de las principales similitudes en estos cinco países de Latinoamérica en relación con la minería ilegal y el crimen organizado es que esta actividad se usa para ocultar dinero sucio.
En Perú se ha venido fortaleciendo un amplio portafolio criminal en torno a la minería ilegal, en donde se destaca la fase de comercialización del oro, la cual involucra territorios de Ecuador o Bolivia.
“Una investigación en Ecuador ha revelado que el país se ha convertido en un importante centro de tránsito del oro peruano ilegal exportado a Estados Unidos, lo cual está directamente relacionado con los intentos de Perú por controlar el tráfico de oro,” escribimos.
Contrarrestar este flujo transnacional de oro ilegal ha sido difícil tanto para los gobiernos como para las compañías privadas.
“Una dificultad importante para afrontar el negocio ilegal del oro se deriva del problema de demostrar cuándo organismos comerciales legales, a sabiendas o por negligencia, tratan con productos del mercado negro,” informamos. “A los importadores de oro se les exige normalmente una garantía de que sus compras proceden de fuentes legítimas, pero la demostración de origen puede falsificarse, permitiendo así que el oro de explotaciones ilegales ingrese al mercado legítimo.”
Estas dinámicas trasnacionales que facilitan el lavado de dinero se han presenciado a lo largo de la región. Por ejemplo, “el negocio del oro en Panamá ha sido por mucho tiempo uno de los métodos preferidos de lavado de dinero para los delincuentes colombianos”, como Los Urabeños.
Según un estudio realizado por la Universidad del Externado en Colombia, “[el principal] problema de la minería ilegal son de tipo financiero, ya que los minerales extraídos ilegalmente no son gravados,” lo que hace fácil no sólo su comercialización sino también el lavado de dinero.
El crimen organizado también se aprovecha del mercado legal del oro para lavar ganancias criminales, como ilustró un informe por Bloomberg sobre una operación de Estados Unidos en 2014 en contra de un esquema de lavado de dinero del Cartel de Sinaloa.
“Agentes del Cartel de Sinaloa en Chicago habrían usado ganancias de las ventas de narcóticos para comprar lingotes y joyas de oro en el área para enviarlos por FedEx a una empresa en Florida, que fundía el oro y lo vendía para obtener efectivo. La firma de Florida entonces se quedaba con uno por ciento de las ganancias y enviaba el resto del dinero a una empresa de México“, escribimos en referencia al informe de Bloomberg. “Los agentes involucrados en el esquema también falsificaban la papelería haciendo que pareciera como si la empresa mexicana hubiera hecho una venta legítima de oro a sus socios en Florida. Los miembros del Cartel de Sinaloa enviaron cientos de cajas llenas de oro a la empresa de la Florida antes de que las autoridades estadounidenses allanaran la oficina de la firma, en las afueras de Miami.”
Estas ganancias nada despreciables se han vuelto un botín de disputa para los grupos criminales, los cuales ha venido ejerciendo toda suerte de presiones sobre la población, con el objetivo de hacerse con el control de esta actividad. El desarrollo de la minería ilegal por parte de grupos criminales también permite el establecimiento de perversas alianzas con otras actividades criminales, como la explotación sexual, el trabajo forzado y el tráfico de maderas.
El reclutamiento y utilización de menores es una constante en estas actividades alrededor de la minería ilegal, y en Colombia hemos visto casos en que las niñas son llevadas a los llamados “Chongos” para la entretención sexual de quienes realizan la minería, hasta el control de la migración de personas, que son usadas para la actividad extractiva.
“El tráfico sexual en el continente americano se concentra sobre todo en las minas de oro de Perú y Colombia, lo cual se debe en parte, según el informe, a la participación de grupos del crimen organizado en la industria minera, que opera en las regiones remotas de esos países,” informamos.
Además de las preocupaciones por derechos humanos, la industria de minería ilegal ha tenido efectos perjudicales para los ríos y bosques, que son contaminados con químicos como el mercurio y otros deshechos.
Sin importar las fluctuaciones en los precios del oro, la minería ilegal continuará ofreciendo las suficientes ventajas a los grupos criminales para diversificar y consolidar sus fuentes de ingreso. Se ha convertido en un catalizador para una variedad de actividades ilícitas —prostitución, trabajo forzado y ecotráfico— y presenta un riesgo mínimo debido a la debilidad estatal en las zonas donde la minería ocurre.