La cocaína es una de las drogas con mayor demanda en el mundo. Su centro de producción se encuentra en las regiones andinas de Colombia, Perú y Bolivia, donde cada año se producen cientos de toneladas de la harina blanca, que son enviadas a los mercados de consumo de todo el mundo. Y la raíz de todo ello son las hojas verde oscuro de la planta de coca. Ahora más que nunca, esta planta ocupa un lugar central en las disputas internacionales entre viejos aliados, así como en los conflictos internos, a la vez que lleva al rompimiento del tejido de las comunidades locales.
Durante los últimos años, Colombia ha vuelto a ocupar el puesto de mayor productor de cocaína en el mundo, pero además su producción ha tenido un auge sin precedentes, según los dos informes más reconocidos sobre este tipo de estimaciones. De hecho, si bien los niveles de coca en Bolivia y Perú han disminuido levemente en la última década, el auge de la coca colombiana por sí solo ha disparado la producción de cocaína a nivel mundial.
(Gráfico de comparación de los cultivos de coca en los países andinos)
Lo cultivos ilegales en Colombia aumentaron más del 50 por ciento entre 2015 y 2016, pasando de 96.000 a 146.000 hectáreas, como consta en un informe de las Naciones Unidas. Según estimaciones de Estados Unidos, el cultivo de coca aumentó casi un 20 por ciento, llegando a las 188.000 hectáreas.
Como InSight Crime señaló en marzo de este año, “Ninguna organización gubernamental o no gubernamental ha calculado niveles tan elevados de producción de coca en Colombia desde que se comenzó a llevar registros sobre este cultivo”.
Este histórico aumento ha sido evidenciado por las investigaciones de campo que adelanta InSight Crime. Los grupos ilegales siguen presionando a los agricultores para que continúen con sus cultivos en algunas áreas, mientras que otros agricultores lo hacen debido a que carecen de alternativas, o por que esperan recibir algún beneficio del Gobierno. Con base en la información reunida, creemos que en muchas áreas los niveles reales de producción de coca están muy por encima de las estimaciones oficiales.
(Mapa tomado de un análisis regional de los cultivos de coca en Colombia)
Además, los productores de cocaína han encontrado formas cada vez más innovadoras de procesar la droga, lo que les permite aumentar la producción por hectárea. InSight Crime cree que solo en Colombia se producen actualmente unas 1.200 toneladas métricas de cocaína al año.
Debido a las grandes cantidades que salen del país, está aumentando la presión para que el Gobierno colombiano detenga el auge de las drogas —y ya se han tomado algunas polémicas decisiones con el fin de lograrlo—.
El acuerdo de paz que se firmó en noviembre de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) incluye el compromiso del Gobierno de darles prioridad a los programas de sustitución, con el fin de que los agricultores abandonen voluntariamente sus cultivos de coca y elijan los cultivos legales. Pero el proceso no ha sido tan sencillo. En lugar de concentrar sus esfuerzos en esta estrategia de línea blanda, el Gobierno colombiano optó por una política mixta para 2017: negociar con los agricultores, pero al mismo tiempo promover las operaciones de erradicación forzosa.
“El Gobierno colombiano buscará erradicar 100.000 hectáreas de la planta base de la cocaína, pese a solo haber erradicado 17.593 hectáreas en 2016 […] Los esfuerzos de erradicación se dividirán en partes iguales entre la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la erradicación forzosa mediante el uso de la fuerza pública”.
Como era de esperarse, esto ha generado intensas protestas de los cocaleros locales, así como fuertes reacciones de estos contra los erradicadores, lo cual ha tenido sangrientas consecuencias. Estas tensiones finalmente estallaron en octubre, cuando las fuerzas de seguridad presuntamente masacraron a varios agricultores que hacían protestas en el mayor centro de coca del mundo: el municipio de Tumaco en el departamento de Nariño, al occidente del país.
“Las bajas de civiles en Tumaco son las más numerosas que se hayan presentado en hechos de este tipo, y podrían indicar que el gobierno colombiano —sometido a una fuerte presión de Estados Unidos— puede estar recurriendo a medidas más duras en su esfuerzo por alcanzar su meta [de erradicación]”.
De hecho, Colombia no sólo enfrenta problemas de política interna. Estados Unidos, después de haber invertido miles de millones de dólares en la guerra contra las drogas en el país durante las últimas dos décadas, está a la espera de mejores resultados.
En lugar de concentrarse en los programas de prevención en su país, los funcionarios estadounidenses han reprochado duramente a Colombia, amenazando con descertificar al país por su “fallida” estrategia antidrogas. En agosto de este año, el principal diplomático estadounidense para temas antinarcóticos, William Brownfield, llegó incluso a advertir que “podrían surgir ‘problemas políticos bilaterales’ como resultado de las diferencias de opinión entre Estados Unidos y Colombia acerca de la manera de enfrentar la creciente producción de cocaína”.
Una de esas “diferencias” fundamentales es la fumigación aérea de los cultivos ilícitos, una práctica llevada a cabo por Colombia pero que fue prohibida en 2015 debido a los temores de que pudiera causar problemas de salud.
Tras las polémicas y confusas declaraciones del secretario de Estado Rex Tillerson sobre el tema, en el mes de junio señalamos que “Estados Unidos ha venido presionando para que se reanuden las fumigaciones incluso desde antes de que Trump asumiera la presidencia, pero los funcionarios estadounidenses no han podido abordar la larga discusión acerca de si la fumigación aérea ha sido una estrategia eficaz para el control de los cultivos de coca en Colombia”.
Con Donald Trump en la Casa Blanca, y dadas sus amenazas de reducir la ayuda ofrecida a Colombia (y al resto del mundo), Colombia está tratando de establecer un equilibrio entre la formulación de políticas inteligentes y el mantenimiento de relaciones con Estados Unidos como uno de sus principales donantes en el “posconflicto”.
Dadas estas contradicciones, la pregunta que queda es: ¿será efectivo el plan de erradicación de Colombia? El presidente Juan Manuel Santos anunció en diciembre que las autoridades habían superado su ambicioso objetivo de erradicar de manera forzosa 50.000 hectáreas de coca en 2017. Y fijó una nueva meta para 2018: 65.000 hectáreas. Sin embargo, la investigación de campo de InSight Crime ha revelado no sólo que Colombia tiene mucha más coca de lo que se ha informado, sino que, según fuentes militares colombianas, “las cifras de erradicación forzosa de este año pudieron haber sido infladas con el fin de hacer parecer que los programas tuvieron mayor éxito del que realmente alcanzaron”.
Y lo que es más importante aún, hay pocas pruebas de que la destrucción de los cultivos de coca conducirá a una reducción permanente de los niveles de cocaína. Muchos agricultores (o quizá la mayoría) vuelven a cultivar la planta después de que los cultivos han sido destruidos, y dado que no disponen de otras alternativas, no les queda otra opción.
(Gráfico en el que se compara el cultivo de coca y las erradicaciones en Colombia)
Como señalamos en junio: “Las causas del continuo cultivo de la coca, como la pobreza, el abandono estatal y la dinámica criminal, quizá influyen más en los altos niveles de cultivo”.
Colombia seguirá estando entre la espada y la pared en 2018. Si bien el país le ha apostado a su política de “la zanahoria y el garrote” durante un año más, todavía espera que los programas de sustitución den resultados, lo que puede dar lugar a más conflictos. Aun así, es poco probable que Estados Unidos se sienta satisfecho con los esfuerzos de Colombia. La nación andina podría tener que elegir entre jugárselas por las estrategias efectivas a largo plazo, o enfrentar algunas consecuencias políticas. Pero 2018 será un año de elecciones presidenciales en Colombia, lo que podría dar la vuelta a la tortilla en caso de que la oposición llegue al poder. La elección de una nueva fuerza política podría afectar los compromisos del proceso de paz y sustituirlos por políticas antidrogas con un fuerte componente armado, que son de la preferencia de Estados Unidos.
Foto superior: Associated Press/Fernando Vergara