El año 2019 marcó el fin de una breve era dorada en la que instituciones locales e internacionales aunaron fuerzas para combatir la corrupción estatal y privada en el Triángulo Norte de Centroamérica.
En Guatemala, la histórica comisión contra la corrupción vio su fin en 2019, no con bombos y platillos, sino con un triste lamento. Durante más de una década, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por la ONU, fortaleció las capacidades de investigación de los fiscales locales y contribuyó a enviar a prisión a poderosos empresarios, figuras del crimen organizado y políticos. La CICIG investigó a tres de los últimos cuatro presidentes que ha tenido Guatemala, incluido el presidente saliente Jimmy Morales, quien fue uno de los mayores artífices del fin de la comisión.
El fin de la CICIG, además, ha marcado la pauta del futuro de organismos similares en una región acorralada por la corrupción. La misión internacional para Honduras, respaldada por la Organización de Estados Americanos, cayó en una especie de limbo hasta que también fue descontinuada, mientras que la emergente comisión en El Salvador, instaurada por el presidente Nayib Bukele, enfrenta desde el inicio restricciones en su jurisdicción y sus facultades.
Lo irónico es que han sido las mismas fuerzas que contribuyeron al nacimiento de esos organismos internacionales las que en última instancia han acelerado su desaparición en Guatemala o entorpecido sus avances en El Salvador y Honduras.
Las élites políticas y empresariales de Honduras y Guatemala respaldaron las primeras iniciativas, en parte para perjudicar a sus enemigos locales, pero cuando esos mismos organismos enfilaron sus recursos hacia esas élites, estas lanzaron una campaña sistemática para debilitar y expulsar a los fiscales e investigadores extranjeros.
Al mismo tiempo, el compromiso de Estados Unidos con la lucha anticorrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica se evaporó en la administración del presidente Donald Trump. En la actualidad, las relaciones con la región se basan en la capacidad de los tres países para impedir que los migrantes lleguen a la frontera con Estados Unidos, máxima prioridad de la administración en Washington.
La larga sombra de la corrupción aún se cierne sobre todos estos países, y sin la luz de entes como la CICIG, todo volverá a ser como lo era antes.
La muerte anunciada de la CICIG también allana el camino para nuevas oleadas de narcotráfico en Guatemala —algo que InSight Crime ha documentado en recientes investigaciones de campo— y para que el crimen organizado avance en la desestabilización y la amenaza a la seguridad de la región.
El comienzo del fin
En sus doce años de operaciones, la CICIG fue reconocida —junto con su último comisionado, el experimentado juez colombiano Iván Velásquez— por liderar una de las campañas más exitosas contra la corrupción de alto nivel en el continente americano. Los investigadores de la CICIG ayudaron al Ministerio Público a llevar a la cárcel a un expresidente y una ex vicepresidenta guatemaltecos; desarticularon 70 redes criminales, entre ellas los Mendozas, una poderosa familia narcotraficante que contaba con un ejército privado y tenía nexos con funcionarios. Además, la CICIG implementó técnicas de investigación modernas, como el mapeo de las redes de crimen organizado y el uso de grabaciones telefónicas.
“El impacto más importante de la CICIG consistió en mostrarles a los ciudadanos de a pie que el Estado de derecho se ejerce incluso sobre los más poderosos”, afirma Charles T. Call, profesor de Resolución de Conflictos y Paz Internacional en American University, ubicada en Washington DC, quien recientemente publicó un libro blanco en el que analiza minuciosamente el mandato de la CICIG en Guatemala.
Juan Francisco Sandoval, director de la unidad especial contra la impunidad del Ministerio Público guatemalteco, trabajó en estrecha colaboración con la CICIG para procesar un caso de corrupción del que se desprendieron otras investigaciones que terminaron involucrando a las élites económicas más poderosas del país: «La Línea», un esquema de fraude aduanero que implicó al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
“Lo que hizo la CICIG fue poner en evidencia el fenómeno [de la corrupción], con el fin de atacar ese fenómeno”, comentó Sandoval a InSight Crime en su oficina en Ciudad de Guatemala.
En 2015, el caso de La Línea desencadenó manifestaciones callejeras masivas y la renuncia de Pérez Molina, quien fue detenido y enviado a prisión por cargos de soborno. Cuatro años después, Pérez sigue aguardando su juicio. Entre tanto, Baldetti sigue esperando juicio por el caso de La Línea y fue finalmente condenada por otro caso de corrupción en 2018.
La apertura de un caso contra un presidente en ejercicio por parte de la CICIG y de los fiscales del Ministerio Público fue una muestra del poder del organismo internacional y encendió la esperanza de que la corrupción ya no quedaría impune, aun si eso significaba llevar la batalla a los más altos escalones del poder estatal.
A este le siguieron otros casos importantes, entre ellos el conocido como “Construcción y corrupción” y el caso “Cooptación del Estado”, en los que el MP acusó a firmas constructoras de pagar sobornos a políticos a cambio de tener un tratamiento preferente en la asignación de contratos del gobierno para construir grandes proyectos de infraestructura.
Lo que hizo tan poderosa a la CICIG fue la independencia de los fiscales para llevar los casos hasta sus últimas consecuencias: La Línea comenzó con una intervención telefónica, en la que se escucha a un agente de aduanas de Puerto Quetzal hablando sobre un esquema para evadir impuestos de importación, y terminó con la caída del presidente del país.
Aquello fue una lección para el presidente Jimmy Morales, quien persiguió a la CICIG después de que la comisión ayudara a acusar de corrupción al hijo y al hermano del mandatario y comenzara a investigarlo a él por financiación ilícita de su campaña presidencial de 2015. La respuesta de Morales incluyó prohibir a Iván Velásquez el ingreso al país, revocar las visas de los investigadores de la CICIG, y anunciar en público y a los delegados de la ONU que cerraría la comisión varios meses antes de lo previsto.
Otros miembros de las élites empresariales y políticas investigados por la CICIG imitaron a Morales, lanzando ataques a la comisión y presentando denuncias contra el fiscal Sandoval y sus investigadores. En este grupo de atacantes se encontraban miembros del poderoso Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), algunos de los cuales admitieron que habían hecho aportes ilícitos a la campaña presidencial de Morales.
“Gracias a Dios los echamos”, comentó Morales a sus seguidores en septiembre, poco después de que la CICIG saliera del país.
Tras la salida de la comisión internacional, diputados aliados de Morales crearon una instancia a la que cínicamente denominaron “comisión de la verdad» para investigar a la CICIG por lo que llaman abusos de poder. Aunque la comisión de los diputados fue declarada inconstitucional, el Congreso hizo unos cambios de forma para seguir adelante con la comisión anti-CICIG.
Estos mismos legisladores también presionan para que se aprueben medidas que dificultarían la investigación de actos de corrupción, como invalidar testimonios de personas implicadas en esquemas criminales que deciden cooperar con la fiscalía o como la restricción de las escuchas telefónicas. El Congreso también modificó el código penal para asegurar la reducción de penas para condenados por cargos de corrupción.
El fiscal Sandoval, quien tiene actualmente 20 denuncias en su contra, comentó que el gobierno de Guatemala ha hecho imposible que los investigadores continúen su trabajo.
“Estamos ante el desmonte total de todas las fuerzas anticorrupción”, aseguró.
Tenues esperanzas
En Honduras, el órgano anticorrupción internacional —la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)— prosiguió su labor, en general innovadora, pero se vio inhabilitada en algunos aspectos y su futuro parece haberse definido luego de que el gobierno de Hernández anunció que no había alcanzado un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para renovar el mandato de la misión.
La MACCIH ha ido por la corrupción de alto nivel, y su más reciente caso lo constituye la condena de la esposa del expresidente Porfirio Lobo por acusaciones de enriquecimiento ilícito. Rosa Elena Bonilla fue sentenciada en septiembre pasado a 58 años de prisión por apropiarse de dineros del Estado, incluidos fondos destinados a la compra de zapatos para niños pobres. Esta ha sido la condena más importante que han logrado los fiscales con la MACCIH hasta la fecha.
Otros casos han quedado suspendidos. Por citar solo un ejemplo, el llamado caso Pandora —en el que se acusa a más de tres docenas de funcionarios públicos de desviar millones de dólares del erario con fines políticos, entre ellos la financiación de la campaña del presidente Hernández en 2013— se estancó después de que se divulgara su alcance en junio de 2018.
Con el término del mandato de la MACCIH en enero de 2020, su futuro era incierto. La Organización de Estados Americanos y el gobierno de Honduras estuvieron negociando la continuidad de la misión durante las semanas finales de 2019. Cualquier cambio en el mandato de la misión requeriría la aprobación del Congreso de Honduras, que en una votación en el mes de diciembre recomendó que no se renovara el mandato de la misión. Una fuente diplomática le dijo a InSight Crime que Honduras enfrenta presiones internacionales para continuar con la MACCIH.
Todo indica que la presión no funcionó.
El 2 de enero, la vocera de la MACCIH, Ana María Calderón, anunció su renuncia —un indicio preocupante sobre el futuro de la misión—. La negociaciones entre el gobierno hondureño y le OEA llegaron a su fin el pasado 17 de enero sin un acuerdo para que la misión permanezca en el país de acuerdo con un boletín de prensa del organismo internacional.
Aunque el presidente hondureño Juan Orlando Hernández no atacó abiertamente a la MACCIH como lo hizo su homólogo guatemalteco con la CICIG, miembros del Congreso de Honduras afines al presidente han intentado socavar el organismo desde su creación.
En mayo del año pasado el Congreso aprobó reformas legales que han reducido las penas de prisión aplicables por actos de corrupción, reactivado la inmunidad parlamentaria y aprobado una legislación que obliga a las investigaciones por corrupción a pasar por un tribunal especial de cuentas antes de llegar a los fiscales, un proceso administrativo que puede dilatar sustancialmente procesos importantes.
En octubre, el mismo Congreso tuvo que retrasar la entrada en vigencia de las reformas tras una fuerte presión de sectores académicos y de la sociedad civil. La enmienda, sin embargo, sigue en pie.
Un investigador que trabaja en la unidad anticorrupción del Ministerio Público, que colabora estrechamente con la MACCIH, comentó a InSight Crime antes de que se aprobara este proyecto de ley que, de implementarse, “prácticamente le habrán echado tierra a lo que estamos haciendo”.
En el vecino El Salvador, el recién electo presidente Nayib Bukele basó su campaña en la propuesta de llevar a su país una comisión internacional anticorrupción tipo CICIG, incluso tomando su nombre. Pero la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) terminó siendo una simple oficina de asesoría técnica que la OEA montará en San Salvador; al final, este experimento no tendrá ninguna de las atribuciones de investigación y persecución penal que si tuvo la CICIG y aún tiene la MACCIH. Ya antes el fiscal general salvadoreño Raúl Melara había declarado que su oficina “es la única que puede investigar y perseguir el delito en el país”.
“Es un animal distinto y no nos es claro cuánto poder tendrá”, afirmó Call, quien también ha publicado artículos sobre la CICIES y la MACCIH.
Al final, la comisión propuesta por Bukele, quien ya enfrenta denuncias por corrupción, será un ente bastante limitado que, por ahora, está subordinada al Poder Ejecutivo, lo que seguramente reducirá su influencia. Tampoco hay claridad sobre su fuente de financiación. Por ahora, de hecho, el único indicio de la existencia de la CICIES se observa en la forma de una pequeña oficina en el piso 17 de un edificio de la capital San Salvador.
El factor Washington
La suerte de la CICIG quedó echada cuando Estados Unidos le retiró el apoyo a la comisión.
Morales, con ayuda de cabilderos y aliados en Washington, se granjeó el favor de la administración Trump poniéndose de su lado en el intento de detener el flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos y, además, con el anuncio de la apertura de su embajada en Jerusalén dos días después de que la administración trasladara la embajada estadounidense a la ciudad en disputa. A puerta cerrada, los cabilderos, que incluían a miembros de la comunidad empresarial, torpedearon la CICIG.
La CICIG también dio algunos pasos en falso, entre los que se cuentan la extralimitación en sus esfuerzos de impulsar una reforma constitucional; no hacer la transición a un nuevo comisionado cuando fue claro que la relación del gobierno con Iván Velásquez se había agriado, y posiblemente también el hecho de ir tras demasiados blancos poderosos a la vez, según argumentó el académico Call. A pesar de todo esto, la CICIG podría haber sobrevivido con apoyo de Estados Unidos, su más importante padrino político y financiero.
“Cuando la administración Trump se echó para atrás en ese apoyo incondicional”, explicó Call, “envió un mensaje a las élites guatemaltecas de que había licencia para atacar a ese animal herido”.
Pese al divorcio entre la CICIG y el gobierno estadounidense, y en general a la apatía de la administración Trump frente a los esfuerzos contra la corrupción en el Triángulo Norte, fiscales federales en Estados Unidos han mantenido la iniciativa de enfrentar el narcotráfico entre las élites en Centroamérica, principalmente con el juicio y la condena a Tony Hernández, hermano del presidente hondureño.
El presidente Hernández se ha mostrado por mucho tiempo como el paradigma de los aliados de Estados Unidos dispuestos a combatir el narcotráfico en la región, pero el juicio a su hermano reveló hasta dónde las organizaciones narcotraficantes penetraron las instituciones del Estado en Honduras, incluida la presidencia.
Los fiscales incluso tildaron a Juan Orlando Hernández de coconspirador y alegaron que protegió a su hermano narco y que recibió ganancias de la droga para financiar sus campañas. Hernández no ha sido acusado de ningún delito, y en más de una ocasión ha negado las acusaciones.
El resultado del juicio, sin embargo, no alteró la opinión que la administración Trump tiene de Hernández. La Casa Blanca actual, que ha mostrado más inclinación por lo transaccional que por lo político, ha elogiado a al presidente hace poco por su disposición a impedir la afluencia de migrantes. “Estados Unidos es uno de los principales partidarios del presidente aquí”, comentó en intercambio con InSight Crime un diplomático, quien solicitó que se mantuviera su anonimato por carecer de autoridad para referirse al tema en público, tras la condena a Tony Hernández.
Es claro que al presidente Hernández le irritó el juicio por narcotráfico contra su hermano, pues en un trino arremetió diciendo que aquello era “menos serio que Alicia en el País de las Maravillas”. Ahora que se han hecho públicas las denuncias en su contra tras ese juicio, el presidente podría no tener el mismo compromiso con la extradición de narcos, muchos de quienes terminaron cooperando con funcionarios estadounidenses. La primera prueba puede ser si extradita a Mauricio Hernández Pineda, su primo y excomandante de alto rango en la policía nacional, quien tiene un pliego de cargos abierto en Estados Unidos por delitos de drogas y armas.
Criminales de vuelta al negocio
Lo que mostró la CICIG es que el poder de una comisión anticorrupción se deriva en gran medida del respaldo amplio en las esferas nacional e internacional, lo que da a los investigadores gran libertad para perseguir a sectores considerados intocables.
Dado que los investigadores se encuentran sitiados en Guatemala, debilitados en Honduras, y con muy poca influencia en El Salvador, es posible que los traficantes y criminales vean que hay una puerta abierta. Nueve de cada diez toneladas de cocaína que se dirigen hacia Estados Unidos pasan por Centroamérica, atravesando regiones remotas y sin ley, donde autoridades y políticos locales se dejan corromper fácilmente por el dinero de la droga.
Juan Francisco Sandoval, el fiscal que trabajó con la CICIG, señala que los ataques al organismo anticorrupción no hicieron más que reforzar el crimen organizado en el país. “La percepción que se tiene”, dijo, “es que la puerta está de par en par para la actividad del narco”.
En recientes investigaciones de campo, autoridades de los tres países declararon a InSight Crime que los traficantes de Centroamérica estaban retomando las vías terrestres para el trasiego de drogas y que el desmantelamiento de los grandes clanes narcotraficantes, particularmente en Honduras y Guatemala, abrió la oportunidad para que otros entraran al juego, lo que crea un panorama más difuso e intrincado del crimen organizado.
Nota del editor: Este artículo ha sido actualizado con nueva información sobre MACCIH.
Imagen superior: Foto de AP. Hombres prenden fuego a una figura de papel de Iván Velásquez como una manera de celebrar el fin de la CICIG.