Las autoridades de Colombia han abierto una investigación sobre grandes montos por extorsión que una empresa multinacional pagó a las guerrillas de las FARC y el ELN, lo cual pone al descubierto una fuente de ingresos a la que el ELN puede estar recurriendo cada vez más en caso de abandonar el secuestro con el fin de facilitar las conversaciones de paz.
La Fiscalía General de Colombia investiga a la compañía de ingeniería italiana SICIM por hacer discretos pagos a frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), ubicados en el oriente del país, con el fin de evitar que tanto su maquinaria como sus empleados fueran atacados, informó Reuters. SICIM fue contratada para ayudar en las fases iniciales de la construcción de un oleoducto en el noreste del país entre 2011 y 2013.
Entre las pruebas incluidas en la investigación se encuentra una carta, publicada por Semana, que un miembro de las FARC le envió a su superior en el año 2012, en la que se detalla cómo los dos grupos guerrilleros repartirían un pago de US$6 millones emitido por SICIM.
Otras evidencias incluyen numerosas llamadas telefónicas, interceptadas por la Fiscalía General, entre dos altos ejecutivos de la SICIM —identificados por Semana como Francisco Elizondo y Roberto Jorge Rigoni— y miembros del ELN. En una de las grabaciones, Rigoni le dice a un miembro del ELN que el grupo guerrillero recibiría una compensación económica a cambio de garantizar el paso seguro de tractores a través del departamento de Arauca, al oriente del país.
Pero un funcionario no identificado, que participa en la investigación del caso, le dijo a Semana que no está claro si los ejecutivos de SICIM estaban siendo extorsionados o si enviaron el dinero a las guerrillas de izquierda por su propia voluntad. Según el investigador, en enero de 2012 Elizondo informó que la compañía era víctima de extorsiones de las FARC y el ELN en Arauca.
Sin embargo, “existe la duda de si la denuncia fue real o simplemente parte de una estrategia para blindarse haciéndose pasar por víctimas y así no levantar sospechas cuando hicieran los pagos [a los grupos guerrilleros]”, dijo el investigador.
En un email, los representantes legales de SICIM dijo a InSight Crime que “hasta el momento, nunca recibió notificación alguna de las autoridades colombianas ni ninguna comunicación oficial sobre el asunto.
“Vale la pena mencionar que tan pronto que la Compañía descubrió, a partir de informes de medios colombianos en enero 2015, sobre una investigación judicial que involucraría a algunos ex empleados de la Compañía, SICIM inmediatamente comenzó una investigación interna bajo la ley italiana de su ‘Organismo de Vigilanza’ con el fin de verificar lo que sucedió, sin identificar irregularidades”.
(Ver comunicado completo abajo)
Según Noticias RCN, la multinacional está llevando a cabo su propia investigación interna sobre el caso, tras los recientes informes de los medios de comunicación.
Bajo la ley colombiana, una condena por financiar grupos armados ilegales puede resultar en una pena de prisión de entre 13 y 22 años. En 2011, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que cualquier empresa que pague extorsiones a estos grupos sería expulsada de Colombia.
Análisis de InSight Crime
El ELN se encuentra actualmente en un callejón sin salida. Por un lado, el grupo guerrillero no quiere quedarse atrás en los avances del proceso de paz entre el gobierno y sus primos mayores, las FARC. El ELN, que comenzó conversaciones preliminares de paz con el gobierno en junio de 2014, ha recurrido al secuestro en un infructuoso intento por obtener un lugar en la mesa de negociaciones. El jefe máximo del grupo guerrillero, Nicolás Rodríguez, alias “Gabino”, indicó recientemente que el grupo guerrillero estaría dispuesto a considerar un alto al fuego, que sería un paso crucial para comenzar negociaciones formales.
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Sin embargo, entrar en conversaciones formales de paz probablemente obligaría al ELN a renunciar al secuestro, una de sus principales fuentes de ingresos. Poner fin al secuestro fue una de las condiciones previas del gobierno para sentarse a negociar con las FARC en 2012, y este probablemente también será el caso con el ELN.
Las FARC pudieron comprometerse a cesar los secuestros debido a las altas ganancias que obtienen del narcotráfico: un cálculo conservador estima que son unos US$200 millones al año. Sin embargo, el ELN entró en la lucrativa industria del narcotráfico colombiano mucho después que las FARC y nunca han obtenido ganancias similares de este negocio. A diferencia de su contraparte guerrillera, comprometerse a poner fin a los secuestros perjudicaría seriamente las finanzas del ELN, y no está claro cómo el grupo podría recuperar las pérdidas.
Quizá la mejor alternativa del ELN para aumentar los ingresos en tal situación consistiría en incrementar sus actividades de extorsión, como aparentemente ocurrió en el caso de SICIM. Según lo descubierto por la investigación de la Fiscalía General, extorsionar compañías multinacionales puede producir millones de dólares, y llevarlo a cabo es usualmente menos complicado que secuestrar.
Esto último puede tener un precedente histórico. En los años ochenta, las fuerzas del ELN se habían reducido pero empezaron a extorsionar compañías petroleras extranjeras, lo cual renovó sus fuerzas y facilitó su renacimiento. Hacia mediados de los años noventa, el ELN había crecido y llegó a contar con casi 5.000 miembros, más del doble de los cerca de 2.000 combatientes que actualmente se cree que hay en sus filas.
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Otra posibilidad sería que el ELN aumentara su participación en el comercio de drogas en el país. El ELN ya ha realizado una alianza de tráfico de drogas con el grupo neoparamilitar Los Rastrojos, y parece que las objeciones ideológicas que el grupo guerrillero alguna vez tuvo frente al hecho de aprovecharse del narcotráfico ya se han desvanecido.
Es posible que el ELN se encuentre actualmente en una situación similar a la de las FARC, en cuanto a los sacrificios financieros que cada grupo guerrillero tendrá que hacer si siguen en el camino hacia la paz. Así como el ELN probablemente tendría que renunciar a los secuestros para dar el paso a conversaciones formales de paz, las FARC tienen una presión similar por cortar los lazos con el narcotráfico para que pueda alcanzarse un acuerdo de paz.
Con este objetivo, en enero de 2015 las FARC presuntamente prometieron renunciar a su participación en el narcotráfico. Pero así como con el ELN, hay más preguntas que respuestas en cuanto a cómo se daría tal paso —pues existe la posibilidad de criminalización de unidades aisladas— y cuáles serían las posibles consecuencias para la dinámica criminal colombiana.
*Este artículo ha sido actualizado para añadir la respuesta de la empresa SICIM.
SICIM Response to ELN Article by InSight Crime on Scribd