Un nuevo estudio afirma que las poderosas pandillas callejeras han llegado lejos en la creación de un estado paralelo en El Salvador, lo que constituye un marco útil para ilustrar el alcance del impacto de las pandillas en la sociedad y su efecto en detrimento de la gobernabilidad.
El informe, divulgado en octubre por la fundación Friedrich Ebert, se divide en tres partes, cada una de las cuales examina aspectos separados de la influencia de las pandillas en la sociedad salvadoreña: el impacto político, económico y social.
Citando la tregua de 2012 en la que el gobierno medió entre las dos principales pandillas callejeras, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, y evidencia —revelada por Factum, El Faro e InSight Crime— de negociaciones de altos funcionarios del partido dominante con los pandilleros en el preámbulo a las elecciones presidenciales de 2014, el autor del estudio político sostiene que las pandillas se han convertido efectivamente en actores políticos por mérito propio.
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“La negociación con las pandillas durante la administración [del expresidente Mauricio] Funes […], la confirmación de reuniones entre representantes del partido con cabecillas de pandillas durante la campaña presidencial de 2014, y los recursos reunidos para la investigación en curso sobre la tregua han reforzado la hipótesis de que las pandillas salvadoreñas definitivamente han entrado en la contienda política,” escribe el autor del informe, Marlon Hernández-Anzora.
La tesis del estudio gira en torno a la idea de que ejerciendo presión política las pandillas caen en la categoría de grupos de interés. Las pandillas, señala el informe, se diferencian de los partidos políticos tradicionales por su falta de ambición para ocupar cargos públicos. Una de las definiciones que el informe pone de manifiesto para un grupo de presión es “todo grupo que intenta influir sobre las decisiones del gobierno sin buscar ejercer él mismo los poderes formales de éste”.
Marlon Hernández-Anzora pasó a decir a La Prensa Gráfica que “la gente transita entonces entre el Estado formal y sus instituciones, y el creado por las pandillas, que al final son tomadores de decisiones”.
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Usando datos publicados este año por el banco central de la reserva del país, el estudio halló que la extorsión les costó US$756 millones a las empresas salvadoreñas en 2014 —una pasmosa porción de 3 por ciento del PIB nacional— y que el costo total de la violencia pandilleril ese año alcanzó el 16 por ciento del PIB.
El estudio también señaló que la probabilidad de extorsión guarda correspondencia con la proximidad de los negocios con el territorio bajo control de las pandillas. El análisis muestra cómo las pandillas usurpan parte del control económico del estado en áreas demarcadas.
El aspecto final del estudio ahonda en la penetración cultural de las pandillas considerando la manera como han influido en la música, la moda e incluso los deportes del país. El autor del capítulo sobre la cultura, Willian Carballo, informa que el impacto cultural de las pandillas es tal que la gran mayoría de jugadores de fútbol evitan usar los números 13 y 18 en sus camisetas. Algunos seguidores del equipo de fútbol FAS incluso se refirieron a la campaña por el decimoctavo título como “17+1”, en los medios sociales, relata el autor.
Análisis de InSight Crime
Aunque el enfoque teórico pueda tener algunas limitaciones, el estudio de la fundación Friedrich Ebert ofrece un marco interesante que ilustra hasta dónde llega el actual impacto de las pandillas en el gobierno, la economía y la cultura salvadoreñas.
La idea de que las pandillas han evolucionado para convertirse en actores políticos en la forma de grupos de presión puede observarse en la actual estrategia de la MS13 de incrementar la violencia y atacar a agentes de policía para forzar al gobierno a abandonar las recientes “medidas extraordinarias” contra los cabecillas de las pandillas presos. El objetivo detrás de la intensificación de los ataques también podría enmarcar parte de la violencia de pandillas como violencia política; un medio para obtener una concesión política. La imposición pandillera de una huelga de buses en la capital del país el año anterior, con la esperanza de que la administración modificara su posición frente a la tregua, también puede considerarse en este contexto.
El estudio señala que esta violencia política deja entrever una evolución de las maras a lo largo de los años, pues estas tradicionalmente han recurrido a la violencia por motivos pecuniarios relacionados con sus actividades extorsivas más que como medio para ejercer impacto en círculos y decisiones políticas.
Combinado con el control virtual que las pandillas ejercen sobre zonas urbanas enteras, la violencia antes mencionada apoya la idea de que las maras ahora poseen un componente político. Y las interacciones entre los líderes de las pandillas y actores políticos de alto nivel se observaron en los dos videos obtenidos en una investigación conjunta de Factum, El Faro e InSight Crime. Las grabaciones muestran que en 2014, el exministro de seguridad pública Benito Lara y el actual ministro del interior Aristides Valencia se reunieron con líderes de las pandillas, y este último les ofreció a las maras hasta US$10 millones en microcréditos. Estas revelaciones se dieron a conocer unos meses después de que El Faro sacara a la luz una grabación de audio, en la que podía oírse a Valencia negociando con los cabecillas pandilleros para hacerse a su apoyo durante la segunda ronda de las elecciones presidenciales de 2014.
Pero aunque las pandillas de El Salvador puedan intervenir directamente en ciertos temas políticos, no parecen tener una visión política de gobernanza o demandas políticas diferentes de los aspectos que afectan directamente a sus miembros. En ese sentido, parecen mucho más cercanos a los grupos de cabildeo —aunque estos recurren a la violencia con frecuencia— más que a los políticos.
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El impacto económico y social de las maras en la sociedad salvadoreña puede ejemplificarse mejor con la industria transportadora, que muchas veces sufre el impacto de las estructuras criminales de las pandillas. La extorsión a los conductores de buses y a las empresas de buses prácticamente se ha institucionalizado, y 692 conductores cayeron asesinados entre 2010 y 2015, según la policía salvadoreña, “en un país en el que pagar extorsión a las pandillas es una ley no escrita”. El problema tampoco se limita a El Salvador, pues las mismas pandillas han ido de igual manera contra empresas transportadoras en otros países centroamericanos.
El autor del estudio cultural está en lo cierto al hacer énfasis en cómo el retrato que pintan los medios del conflicto cotidiano entre el gobierno y las maras agrava el impacto de las pandillas en la sociedad. Sin duda, los medios informativos ahora tienden a asociar con pandilleros la mayoría de los crímenes cometidos.
“Usted ve el espectáculo. Ve al periodista presentando que va a un lugar peligroso, llega y hay seis tipos con gorros. Le quita el término pandillas y puede ser cualquier nota de fama de cualquier periódico”, señaló Carballo a La Prensa Gráfica.
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El retrato que hacen los medios de los pandilleros podría explicar en parte porqué la policía de El Salvador mantiene un respaldo importante en la población en general, aun cuando la evidencia señala mayores abusos contra los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales de pandilleros por parte de las fuerzas de seguridad pública.
Pero como lo ha señalado InSight Crime, se desconoce la proporción real de los delitos cometidos por las pandillas salvadoreñas, y muy probablemente haya sido exagerada de manera importante por la retórica del gobierno y por el cubrimiento de los medios. Incluso las cifras oficiales mostraron que solo el 26 por ciento de los condenados por homicidio en 2015 eran pandilleros.