La verdad de la tragedia de Iguala parece estar más lejana que nunca, después de que una investigación independiente desmontara la versión del gobierno mexicano sobre lo sucedido cuando 43 estudiantes desaparecieron en manos de la policía local, si bien no ofreció una versión alternativa definitiva.
El informe fue emitido por un grupo de trabajo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La tarea era llevar a cabo una investigación independiente de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, en el estado de Guerrero, azotado por la delincuencia.
La desaparición constituye el acontecimiento que marcó la administración de Enrique Peña Nieto. Desencadenó protestas en todo el país y una crisis de confianza que no se ha disipado desde entonces.
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El informe de la CIDH no hará más que atizar la desconfianza y generar más teorías conspirativas. Con base en entrevistas, documentos oficiales y otras fuentes, el informe ofrece un detallado recuento con pelos y señales de lo que sucedió en el periodo previo al secuestro masivo de 43 estudiantes hombres esa noche.
Luego, se pierde el rastro, en su mayor parte debido a la incompetencia —o la negligencia criminal— de los investigadores del gobierno. Los estudiantes, entretanto, continúan desaparecidos.
Donde las historias difieren
El gobierno y la CIDH coinciden en algunos aspectos: ambos dicen que cientos de manifestantes estudiantiles de una Escuela Normal Rural ocuparon varios buses, para garantizar el transporte a Ciudad de México para una protesta mayor planeada para el 2 de octubre (aniversario de uno de los mayores abusos contra los derechos humanos en México).
Ambos dicen que después de que los estudiantes se tomaran los buses, la policía los detuvo y hubo confrontaciones entre los estudiantes y las fuerzas de orden público. Ambos señalan que durante esos enfrentamientos murieron seis personas y muchas otras resultaron heridas. Y ambos cuentan que la policía se llevó presos a docenas de estudiantes después de esas confrontaciones iniciales.
Luego las historias toman rumbos distintos. Según la Procuraduría General de la República de México, la policía local entregó a docenas de estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes creían que entre los estudiantes se hallaban integrantes de una pandilla rival, los Rojos. El grupo criminal llevó a los estudiantes a un basurero cerca de la ciudad de Cocula, los asesinó, los incineró y arrojó los restos a un río, según el gobierno.
Sin embargo, por numerosas razones, el informe de la CIDH concluye que esta versión de los acontecimientos no pudo haberse dado.
Testigos del gobierno no pueden aclarar sus versiones
Gran parte del caso del gobierno mexicano depende del testimonio recabado de presuntos miembros de Guerreros Unidos, quienes describen cómo secuestraron y asesinaron a los estudiantes.
Sin embargo, el informe de la CIDH detalla que estos testigos cuentan en esencia cuatro versiones distintas de lo sucedido. Cada versión incluye un lugar diferente donde supuestamente se asesinó a un número diferente de estudiantes.
La versión con el mayor número de testigos —cinco— es la historia del basurero de Cocula. Es la misma que el gobierno mexicano presentó como la “verdad” de lo ocurrido. Pero como señala el informe de la CIDH, los cinco testigos se contradicen repetidas veces en partes claves de la historia. Esas inconsistencias son demasiado numerosas —y demasiado grandes— para atribuirse a fallas de memoria, afirma el documento. (Ver partes de algunos de dichos testimonios en el video abajo).
Las discrepancias entre los cinco testigos incluyen:
- Si se llevó a los estudiantes a otro lugar de retención primero, antes de llevarlos al basurero.
- Dónde y cuándo la policía entregó a los estudiantes a la pandilla.
- Cuántos estudiantes había muertos, si los hubo, para cuando llegaron a Cocula.
- Si se esposó a los estudiantes, o tenían las manos atadas, o libres (lo que, como hace notar el informe, plantea la pregunta de porqué ninguno de los estudiantes, jóvenes y en plena forma, intentó resistir a sus captores en ningún punto).
Sólo tres testigos describen los momentos reales de la muerte de los estudiantes y, de nuevo, todas sus versiones difieren en aspectos importantes, entre ellos:
- Si se asesinó a los normalistas encima de la pila de basura, o en la parte inferior, o en ambas partes.
- Si se mató a disparos a todos los estudiantes secuestrados o si se disparó a algunos y se golpeó a otros con varas que los Guerreros Unidos habían llevado.
- Cómo se movieron los cuerpos de la parte superior de la montaña de desechos hasta la base (donde un testigo dice que se les hizo “rodar” y otro asegura que se los “arrastró”, lo que plantea la pregunta de porqué no se encontró más evidencia forense —fragmentos de ropa, cabello, piel, cualquier cosa— en el vertedero).
- Cómo y cuándo se quemaron los cuerpos y quién encendió el fuego.
- Cómo y cuándo se recogieron las cenizas y luego se botaron al río.
Lo que arroja mayores dudas sobre la historia es que todos los hechos —el traslado de los estudiantes, el asesinato, el traslado de los cuerpos— supuestamente ocurrieron en las primeras horas de la mañana. Esas son condiciones difíciles para llevar a cabo una masacre de tales proporciones, señala el informe. Tampoco pudo encontrarse en la investigación ningún residente vecino del basurero que dijera haber notado algo sospechoso.
La evidencia forense no respalda al gobierno
Esas inconsistencias entre los testigos del gobierno se suman a otro grave problema de credibilidad: la evidencia forense no respalda la versión de los hechos dada por el gobierno.
Durante mucho tiempo ha habido rumores de que las pruebas forenses no sostienen la versión del basurero de Cocula. El informe de la CIDH lo reitera a su vez: no hay manera de que pudiera haberse calcinado los cuerpos en el basurero, de la manera como los testigos del gobierno dicen que pasó, concluye el informe.
Un especialista forense independiente de la Universidad de California Berkeley, contratado por la CIDH, declara que se habría necesitado como mínimo 60 horas, más de 30 toneladas métricas de madera, más de 13 toneladas de neumáticos y más de 13 toneladas de diésel para reducir a cenizas 43 cuerpos, como aseguraron los testigos del gobierno.
Tampoco hay evidencia alguna en el lugar mismo de que hubiera habido alguna vez un fuego de tal magnitud, concluyó el experto —algo que ya habían afirmado otros expertos forenses de México—. La cantidad mínima de daño que un incendio de esa magnitud habría causado al basurero y las zonas aledañas sería de un tamaño mucho mayor de lo que se halló (Ver a continuación).
¿Quién dio la orden y por qué?
Aparte de la falta de evidencia forense, hay una pregunta esencial para el caso: ¿quién dio la orden de entregar a los estudiantes al grupo criminal y por qué?
Pero después de cientos de entrevistas, docenas de diagramas y gráficas, y múltiples apéndices, el informe de 560 páginas es incapaz de arrojar alguna luz sobre ese punto. El mismo informe toma nota de esto, al afirmar:
“En ningún momento de las declaraciones de los policías municipales ni de los acusados de ser parte de Guerreros Unidos (GU) implicados en los hechos, se hace referencia a quien dio la orden de sacar a los normalistas de Iguala y entregarlos aparentemente a este grupo de la delincuencia organizada y narcotráfico. Dicha acción aparece como algo llevado a cabo de forma espontánea y sin ser dirigida por nadie. En las declaraciones de los acusados de ser de GU la acción de las policías municipales de Iguala y Cocula parece no ser importante, un mero accidente respecto lo sucedido”.
Las conclusiones oficiales de la Procuraduría General de México sostienen que los Guerreros Unidos asesinaron a los normalistas porque sospechaban que algunos eran miembros de la pandilla rival los Rojos. Sin embargo, el informe de la CIDH hace ver que este motivo se basa principalmente en el testimonio (muy inconsistente) de los supuestos perpetradores de Guerreros Unidos (de quienes se dice que fueron torturados antes de rendir declaración, según un informe anterior). La teoría de los Rojos tampoco tiene en cuenta que la policía federal y el ejército conocían los movimientos de los estudiantes, y estuvieron presentes cuando la policía municipal abrió fuego sobre ellos, señala el informe.
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“Dada la evidencia, en ese momento, la policía municipal de Iguala no tenía razones para creer —ni siquiera erróneamente— que perseguía a los Rojos”, dice el informe. “Ellos sabían que se trataba de estudiantes”.
El documento observa también que aunque Iguala es un centro de tráfico de drogas importante en la región, hay pocos precedentes que indiquen que los Guerreros Unidos fueran capaces de ejecutar una operación tan sofisticada. Si bien los múltiples lugares con fosas comunes confirman que los Guerreros Unidos y otras pandillas perpetraron atrocidades de manera repetida en la región, el grado de organización y recursos necesarios para eliminar 43 cadáveres sin dejar rastro es algo muy distinto.
Un crimen sin resolver
El gobierno mexicano ha insistido en que el crimen organizado jugó un rol clave en la desaparición de los normalistas, pero aún parece haber desconocimiento oficial sobre cómo operaban en realidad estos criminales en Iguala. Los investigadores pidieron a la Procuraduría General de la República que analizara las actividades criminales de los Guerreros Unidos y los Rojos en la región, y que compartiera información sobre sus vínculos con funcionarios públicos locales. Pero el informe de la CIDH señala que las autoridades no han proporcionado información sobre dichos vínculos o sobre esas actividades criminales.
Los investigadores del gobierno tampoco se molestaron en recabar evidencia en video, como grabaciones frente al edificio del Palacio de Justicia de Iguala o en la estación de buses donde se reunieron los estudiantes. El equipo investigado oficial tampoco llevó a cabo lo que debieran haber sido pasos básicos en la indagación inicial, como la ubicación e interrogatorio de los conductores de los autobuses secuestrados por los manifestantes. Y no obtuvieron el número correcto de buses involucrados en la confrontación inicial entre policías y estudiantes: fueron cinco y no cuatro, según halló el informe de la CIDH.
Aunque el presidente Enrique Peña Nieto dijo que las autoridades investigarán en Iguala hasta “saber qué fue lo que realmente pasó”, el gobierno ya había asegurado que había llegado a “la verdad” del asunto el pasado mes de enero. Básicamente, el gobierno mexicano basó su caso casi exclusivamente en testimonios sin sentido de testigos; fallaron al analizar estas inconsistencias, y erró en seguir de manera seria otras líneas de investigación que pudieran responder las muchas preguntas que aún persisten.
Por casi un año ya, el gobierno ha presentado los hechos de Iguala como un crimen en dos actos: primero, cuando la policía asaltó a los estudiantes, y segundo, cuando los Guerreros Unidos supuestamente asesinaron a los 43 que siguen desaparecidos. Después del informe de la CIDH, la desconexión entre estos dos actos parece más difusa que nunca.