Un reciente análisis sobre la relación entre los mercados locales de drogas y la violencia y el crimen en Colombia ilustra la dinámica del tráfico local de drogas y recomienda intervenciones gubernamentales integrales dirigidas a lograr mejoras duraderas en materia de seguridad.
En un estudio del Transnational Institute, los autores Isaac de León Beltrán y Juan Carlos Garzón investigan la naturaleza del tráfico local de drogas, así como el contexto urbano en el que se lleva a cabo, con el fin de proporcionar una base para el desarrollo y la implementación de estrategias de seguridad más efectivas.
Los autores comienzan por cuestionar uno de los principales supuestos sobre el narcotráfico interno en Colombia: que las organizaciones criminales transnacionales han desarrollado redes locales de distribución de droga para compensar la pérdida de influencia en los mercados internacionales.
Los autores afirman que, en general, las pruebas existentes en Colombia muestran un aumento en la demanda de drogas. Se estima que en 2013 había 484.000 consumidores habituales de drogas (un 57 por ciento de la población que consume drogas), en comparación con 298.000 en 2008. Sin embargo, los autores no encontraron ningún indicio de que este aumento en la demanda esté correlacionado con la fácil adquisición de las drogas.
Como era de esperarse, el creciente mercado interno de drogas ha creado una importante fuente de ingresos potenciales para las organizaciones criminales (las ganancias provenientes de la venta de marihuana y cocaína al interior de Colombia en 2012 se estimaron en US$139 y 136 millones, respectivamente). Sin embargo, los autores dudan que las organizaciones criminales transnacionales hayan podido cambiarse al microtráfico, debido a las diferentes habilidades y capacidades organizacionales que éste requiere. Afirman que no hay ninguna evidencia concluyente de conexiones significativas entre narcotraficantes transnacionales y locales.
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Por el contrario, los autores se centran en analizar las dinámicas y procesos de los grupos criminales urbanos locales. Un componente clave de esta dinámica es la creación de “zonas de impunidad” o zonas donde la ilegalidad se ha vuelto socialmente aceptable, lo que permite la aparición y consolidación de mercados locales de drogas. Por ejemplo, en las ciudades de Cali y Barranquilla, que fueron casos de estudio, los autores registraron una alta densidad de asesinatos en áreas con grandes incautaciones de drogas y con la presencia de redes criminales. Los autores sostienen que es en estas áreas donde los delincuentes han procurado asegurar su supervivencia mediante la construcción de un orden social (“zonas de impunidad”) propicio para sus actividades ilícitas.
La creación de una zona de impunidad, sin embargo, es un proceso de largo plazo y sólo puede ocurrir si las organizaciones criminales logran reemplazar el ordenamiento jurídico del Estado por un orden ilegal favorable para sus actividades, lo cual requiere generar un cambio en la mentalidad de la población.
Sin embargo, una vez se han establecido, las zonas de impunidad son fáciles de mantener en el tiempo, y al final resulta muy costoso para el Estado intervenir en estas “áreas críticas” locales.
En los últimos años, el gobierno colombiano ha priorizado la atención sobre estas áreas —denominadas “ollas”—. Sin embargo, aunque los autores encontraron que la intervención policial en las áreas críticas tuvo un impacto inmediato en la reducción de las ventas de drogas al menudeo en las áreas específicas, también empujó la actividad de drogas a zonas vecinas —un fenómeno conocido como el “efecto globo”—. Los grupos criminales simplemente se trasladaron a “ollas satélite”, o zonas de impunidad más pequeñas que tienen el potencial de ampliarse.
Por lo tanto, los autores recomiendan que las autoridades conciban estas zonas de impunidad, o áreas críticas, como partes de un entorno interconectado, e hicieron un llamado a la participación de muchos actores diferentes, responsables de restaurar el orden jurídico social. Esto incluye el desarrollo de una estrategia para prevenir el desplazamiento de la delincuencia hacia zonas vecinas, así como el desarrollo de intervenciones de acompañamiento social para restablecer la presencia del Estado y reintegrar a los ciudadanos a la sociedad.
Sin embargo, para que esto suceda, los autores hacen énfasis en varios aspectos: la necesidad de una fuerte voluntad política de las autoridades, la capacidad de llevar a los grupos criminales ante la justicia, y la oferta de actividades y medios de subsistencia alternativos para los más susceptibles a unirse a grupos delictivos.
Análisis de InSight Crime
El informe, que surgió como parte de una ofensiva llevada a cabo en 2013, dirigida a desmantelar las denominadas “ollas” de la droga, con el fin de combatir el creciente uso de estupefacientes a nivel nacional, destaca varias consideraciones importantes que, según argumentan los autores, deben ser tenidas en cuenta por las autoridades al enfrentar estas áreas críticas.
Por ejemplo, aunque la iniciativa permitió acabar con células de distribución de droga en algunas ciudades colombianas mediante la destrucción física de sus áreas de operación, también tuvo el efecto de desarraigar a traficantes y consumidores, empujándolos a salir de sus lugares y trasladarse a zonas vecinas.
Pese a bloquear inmediatamente los mercados locales de drogas y hacer avances en el corto plazo, el programa no logró consolidar estos avances, según señala el informe. De hecho, la estrategia de destruir lugares utilizados como puntos de venta de drogas, que seguía siendo empleada un año después de haberse iniciado el plan, esencialmente incrementó la persecución a los narcotraficantes, que se convirtió en un juego del gato y el ratón.
En cambio, como Beltrán y Garzón recomiendan en su estudio, atacar las áreas problemáticas requiere un enfoque más amplio.
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Por ejemplo, el uso de aplicaciones para teléfonos inteligentes y de programas informáticos puede ayudar a la policía a recoger información y elaborar mapas sobre la actividad criminal, con el fin de formular y orientar las estrategias de intervención de una manera más adecuada. Sin embargo, estos esfuerzos de intervención, como señalan Beltrán y Garzón, son insostenibles en el largo plazo debido a la falta de personal en la policía, y se les debe dar continuidad mediante soluciones duraderas y sostenibles para reducir el crimen y la violencia.
Por ejemplo, las autoridades ecuatorianas afirman que el país logró reducir su tasa de homicidios de 22 por cada 100.000 habitantes en 2011 a 8,3 por cada 100.000 habitantes en 2014, mediante la adopción de una estrategia de seguridad ciudadana integrada, enviando a la policía de nuevo a las calles para fomentar relaciones positivas con las comunidades locales. Una evaluación del trabajo comunitario para la prevención del crimen en Centroamérica, realizada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus iniciales en inglés) corrobora las lecciones aprendidas en Ecuador, lo que sugiere que acciones como el desarrollo de programas para jóvenes en riesgo, la mejora de los espacios públicos y la implementación de policías comunitarias han contribuido a mejorar la seguridad ciudadana.