Presentamos InSight Crime Game Changers 2014, un documento en el que destacamos las tendencias más importantes del año en el crimen organizado en América.
Este año fue uno de esperanzas frustradas. El mismo año en que México celebró la captura del narcotraficante más buscado del mundo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, también presenció el horror que produjo un grupo delictivo disidente de menor tamaño, que ejecutó a 43 manifestantes estudiantiles y quemó sus cuerpos para destruir la evidencia. Se cree que el grupo, conocido como Guerreros Unidos, actuaba en concierto con la policía local, el alcalde municipal y su esposa políticamente ambiciosa, en lo que representa un ejemplo flagrante de la complicidad frecuente que existe entre las autoridades locales y las organizaciones criminales en toda la región.
La muerte de los estudiantes en México derrumbó la fachada creada por la administración del presidente Enrique Peña Nieto, según la cual mediante la captura de las figuras más buscadas en el país —que además de El Chapo incluye a los jefes del Cartel de Juárez y la Organización Beltrán Leyva (OBL)— y en gran medida haciendo caso omiso a las reformas institucionales, se podría aplacar la problemática criminal de México. Por el contrario, la consecuente atomización de las organizaciones criminales de gran tamaño en grupos más pequeños y volátiles que dependen de fuentes de ingresos locales, ha llevado a sangrientas batallas por el territorio que necesitan para mantener el flujo de dinero. Guerreros Unidos, por ejemplo, alguna vez fue parte de la OBL.
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Esta fragmentación es un fenómeno regional. De Colombia a Brasil y Guatemala, las grandes estructuras jerárquicas se han convertido en células pequeñas y amorfas, que trabajan en redes y son responsables de gran parte de la violencia que ha hecho de Latinoamérica y el Caribe la región con más homicidios en el mundo. Estas unidades prosperan, en parte, debido al aumento en el consumo interno de estupefacientes ilegales. El mercado estadounidense, aunque continúa siendo el mayor consumidor de drogas, está siendo alcanzado por el creciente consumo de drogas en países como Brasil, Argentina, Colombia y México, por nombrar solo unos pocos, y estos nuevos mercados están dando lugar a nuevas organizaciones criminales que fomentan esta violencia.
En última instancia, el caso mexicano puso de relieve una cruda realidad de las fuerzas de seguridad: que están en el centro de gran parte de la violencia. Esta ha sido una característica central en el conflicto civil colombiano, al igual que en Brasil. Brasil sigue aplicando su proyecto de seguridad ciudadana, tan publicitado en el pasado, de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), a pesar de que se cree que el programa es una panacea ya menguante, especialmente en medio de la continua preocupación por las tácticas represivas de la policía. Ni siquiera las cámaras sujetadas a los bolsillos de las camisas de los policías o en el interior de los vehículos oficiales parecen impedir que la policía haga lo que ha estado haciendo durante años: ejecutar sospechosos.
Brasil también fue el centro de atención este año por haber sido sede de la Copa Mundial de Fútbol. En medio de la pompa y las espectaculares maniobras de los jugadores, se encuentra el hecho de que el fútbol sigue siendo fundamental para el crimen organizado. Incluyendo a los dueños de los equipos locales en los pueblos más pequeños hasta las más de grandes ligas y sus jugadores más célebres, los grupos criminales utilizan el fútbol, y el capital social y político que genera, para obtener enormes ganancias y continuar con sus operaciones ilícitas con relativa impunidad.
Los esfuerzos por desactivar los conflictos con grandes organizaciones político-criminales flaquearon también este año. En Colombia, el proceso de paz entre el gobierno y los grupos insurgentes del país enfrentó algunos tropiezos después de que guerrilleros del grupo más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), secuestraron a un general del ejército. Las FARC, el grupo insurgente más antiguo de la región, y quizá el más criminalizado, ahora parece estar dividido en fracciones, algunas de las cuales podrían adherirse al movimiento de su Secretariado por la paz y la desmilitarización, mientras que otras podrían separarse y formar sus propias organizaciones criminales.
La tregua auspiciada por el gobierno de El Salvador con las dos pandillas más poderosas del país, la MS13 y Barrio 18, también se debilitó luego de que una nueva administración asumiera el poder y abandonara los esfuerzos. Para muchos que veían la tregua como una farsa y creían que las pandillas se convertirían en grupos de Crimen Organizado Transnacional (COT), el fin de la tregua significó un alivio. Pero para quienes buscaban un respiro al resurgimiento de la violencia en ese país —que incluye un creciente número de ataques a las fuerzas de seguridad y un aumento de los casos de niños no acompañados que viajan ilegalmente a Estados Unidos— hay pocas respuestas.
El lado positivo puede encontrarse en el lento avance hacia un nuevo paradigma de la política de drogas, que ahora despenaliza el consumo de drogas mientras continúa penalizando a quienes crean estructuras criminales ilegales, peligrosas y desestabilizadoras. La región no está precisamente preparada para revertir un siglo de precedentes jurídicos internacionales, pero sí está dando pasos para evaluar cuáles palancas puede manipular para frenar la dinámica criminal que ha hecho de América el lugar más violento del planeta.
Gracias por leernos, seguirnos y apoyarnos. Esperamos tener otro año productivo en 2015, monitoreando, analizando e investigando el crimen organizado y los esfuerzos gubernamentales para combatirlo.