Un nuevo informe de la ONU estima que el crimen organizado tiene una relación compleja con el aumento de la inseguridad y la violencia en Latinoamérica, que está influenciada por una serie de otros factores; una conclusión con implicaciones importantes para la seguridad.
El articulo “Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina” (vea el pdf en español y el resumen ejecutivo en inglés) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD explora los diversos factores que explican por qué Latinoamérica fue la única región del mundo con un aumento en las tasas de homicidios entre 2000 y 2010. El informe analiza seis amenazas que afectan el desarrollo humano en la región: la delincuencia callejera, el crimen organizado, la violencia contra y por los jóvenes, la violencia de género, la corrupción y la violencia ilegal por parte de actores estatales.
Aunque las economías de Latinoamérica han crecido un 4,2 por ciento en promedio en los últimos 10 años, y el desempleo se ha reducido a un 6,4 por ciento en toda la región, las tasas de homicidios aumentaron en un 11 por ciento; y en 11 de los 18 países encuestados, estas cifras se mantuvieron en los 10 por cada 100.000 habitantes, considerados como niveles “epidémicos” por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las tasas subieron con particular intensidad en Honduras, entre 2005 y 2011; México, de 2007 a 2010; y Panamá de 2006 a 2009; pero se estabilizaron y redujeron ligeramente en Colombia y Guatemala. Los hombres jóvenes son desproporcionadamente los autores de, y las víctimas de, crímenes violentos, con los hombres entre los 20 y los 24 años representando aproximadamente el 20 por ciento del total de las víctimas por homicidio en la región entre 1996 y 2009.
Hubo 18.423 casos de secuestros reportados en 14 países de la región entre 2009 y 2011, o casi 17 al día, con el número más alto registrándose en México, Ecuador, Venezuela y Argentina; muchos llamados secuestros “express”. En lo que se refiere a la extorsión, ocho de cada 1.000 latinoamericanos afirman haber sido víctimas de la criminalidad, y 20 de cada 1.000 en México, El Salvador y Perú. El informe también encontró que estos eran dos de los crímenes menos reportados en la región.
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La creciente inseguridad se refleja también en las percepciones ciudadanas. En 11 de los 18 países estudiados en el informe, más del 50 por ciento de los ciudadanos encuestados se sienten inseguros caminando solos de noche, el 30 por ciento de los latinoamericanos se sienten inseguros en su barrio y el 50 por ciento piensa que la seguridad se ha deteriorado en su país. La delincuencia común es la principal preocupación para los residentes de muchos países. En una encuesta, más personas respondieron que los “delincuentes habituales” eran una mayor amenaza para su seguridad que el crimen organizado o las pandillas, a excepción de cuatro países: Brasil, México, Honduras y El Salvador. En Argentina, Uruguay y Venezuela, más del 60 por ciento de los encuestados cree que la delincuencia común fue el mayor problema.
El informe muestra que los índices nacionales de pobreza y el crimen violento no necesariamente tienen una relación clara. Mientras que Honduras era a la vez el país con el mayor índice de pobreza en 2010 (67,4 por ciento) y la tasa de homicidios más alta (77,5 por 100.000); Nicaragua, con la segunda tasa de pobreza más alta (58.3 por ciento), tuvo una de las tasas de homicidios más bajas (9,1 por 100.000). La desigualdad, del mismo modo, no explica adecuadamente la violencia y la delincuencia: Costa Rica y Paraguay tuvieron el mismo coeficiente de Gini -que mide la distribución del ingreso- pero el primero tuvo un índice de robos mucho mayor en 2009, de 990 por cada 100.000 habitantes, en comparación con el de Paraguay de 18 por cada 100.000 habitantes.
El estudio identifica algunos factores socioeconómicos que probablemente tienen un impacto sobre las tasas de criminalidad. Estos incluyen la calidad del trabajo -muchos reclusos encuestados dijeron que estaban trabajando en el momento de cometer el delito, lo que indica que su ingreso no era suficiente para vivir cómodamente -y el nivel de escolaridad- muchos prisioneros entrevistados no completaron la escuela secundaria. El crecimiento urbano es probablemente otra causa estructural de la violencia, con la mayoría de los crímenes violentos concentrados en las ciudades. Aunque la proporción de la población urbana viviendo en los suburbios disminuyó en los últimos 20 años; el número total aumentó de 106 millones a 111 millones.
Los facilitadores de la criminalidad que fueron identificados incluyeron la existencia de debilidades institucionales, como la corrupción y la impunidad, el narcotráfico y la disponibilidad de armas de fuego. Entre un tercio y la mitad de todos los robos fueron cometidos utilizando armas de fuego, y el porcentaje fue mucho más alto para los homicidios, situándose en el 91 por ciento en Ecuador, 84 por ciento en Guatemala y el 83 por ciento en Honduras en 2010, según las cifras de la Organización de los Estados Americanos.
Análisis de InSight Crime
Como se concluyó en el estudio, ningún factor puede explicar las persistentes altas tasas de crímenes violentos en Latinoamérica en comparación con otras regiones del mundo, y es la “interacción del crimen organizado con otras amenazas la que está detrás de la espiral de violencia y el crecimiento exponencial de los homicidios en algunos países”. La pregunta es: ¿cuál es el papel que juega el crimen organizado en causar y perpetuar la criminalidad en la región?
En algunos países, los picos y las reducciones en la violencia han coincidido con grandes cambios en el paisaje del crimen organizado. Honduras, el país más violento, ha visto el aumento de los homicidios desde 2005, pero el mayor aumento se produjo después de la expulsión de 2009 del expresidente Manuel Zelaya y un posterior aumento en el tráfico de cocaína a través del país. En México, el ataque en contra de las organizaciones criminales dominantes durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón en 2006 desató una desestabilizadora guerra contra las drogas. Otras situaciones que pueden romper el equilibrio existente incluyen la aparición de nuevos grupos, particularmente violentos, como los Zetas.
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En Colombia, las tasas de homicidios, ligeramente decrecientes, coincidieron con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y una disminución del conflicto violento, de varias décadas, en el país, aunque la violencia se desplazó a las ciudades. Una fuerte caída en la tasa de homicidios de El Salvador en 2012 se dio tras la implementación de una tregua entre las dos pandillas más importantes del país, pese a que esta reducción no ha sido sostenida en el largo plazo.
También hay ciertas formas de crimen organizado que son inherentemente más violentas que otras, como dijo Eric L. Olson, director asociado del Latin American Program del Wilson Center, a InSight Crime. El microtráfico y la extorsión son más propensos a causar guerras territoriales entre los grupos a nivel local que el tráfico de drogas transnacional manejado por las organizaciones más grandes. Esto se ve en Honduras y El Salvador, donde la extorsión por parte de las pandillas callejeras es un importante motor de la violencia. El tipo de organización criminal que existe en un área también es importante, ya que los que intentan ganar control social y territorial -como los Zetas- son necesariamente más violentos aquellos involucrados sólo en el movimiento del producto. En muchos casos, los “delincuentes comunes” también son culpables de actividades como la microextorsión, aunque la línea entre los dos a menudo no es clara.
Incluso cuando el crimen organizado no es un promotor directo de la violencia, puede tener un efecto indirecto al corromper las instituciones estatales, y reduciendo de este modo el acceso del ciudadano a los adecuados mecanismos de seguridad y justicia. Es revelador que la mayoría de los encuestados en países como Perú y Bolivia perciba a la policía como que está involucrada en el crimen organizado. Aunque ninguno de estos países tiene una tasa particularmente alta de homicidios, ambos tienen un papel cada vez mayor en el comercio de drogas en la región, y la tasa de homicidios en Bolivia va en aumento. Olson también señaló que la desigualdad de ingresos, un factor que señaló como un desestabilizador importante de la región, a menudo afecta el acceso de las personas a un recurso legal por los crímenes.
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Por otro lado, el crecimiento del crimen organizado también puede ser facilitado por algunos de los mismos factores que ayudan a impulsar la delincuencia común -la desigualdad de ingresos, la pobreza y falta de educación-. La complejidad de la relación entre los factores sociales, facilitadores -como el acceso a las armas y la corrupción- así como la violencia, hace que sea difícil evaluar la relación causal de estos factores con el crimen organizado. Lo que está claro es que es necesario examinar los factores locales y específicos de cada país para comprender mejor la naturaleza del problema y las posibles soluciones.
El PNUD destaca esto afirmando: “El enlace de las diversas amenazas a nivel local es lo que nos permite comprender los altos niveles de criminalidad y violencia que se han alcanzado en la región”. Como muestra el informe, y como InSight Crime ha informado, las tasas de homicidio moderadas en lugares como México y Brasil disfrazan los niveles desproporcionadamente elevados de la violencia en ciertas áreas específicas. Las causas de la violencia también son diferentes en los dos países -mientras que muchos de los estados más violentos de México son los más afectados por la guerra contra las drogas, un estudio muestra que los factores socioeconómicos son más importantes al explicar la violencia en Brasil.
El informe apunta a la necesidad de estrategias diferenciadas e integradas para hacer frente a la delincuencia, que tengan en cuenta los diferentes contextos sociales, económicos, demográficos y criminales de cada lugar. Señala el papel integral del gobierno local en este sentido, así como las diferentes estrategias requeridas por la delincuencia común y el crimen organizado -mientras que lo primero puede implicar el establecimiento estratégico de patrullas, lo segundo requiere operaciones de inteligencia-. Por último, el informe destaca la importancia de la inversión en capacitación laboral y la educación de los jóvenes, el fortalecimiento de las instituciones, la prudente intervención estatal y la cooperación regional, junto con los esfuerzos de seguridad, para hacerle frente a la violencia.