En el estado de Michoacán, uno de los grupos de autodefensa de México que se están proliferando rápidamente, se ha visto envuelto en una tensa confrontación con las autoridades, resaltando muchos de los problemas relacionados con el surgimiento de estos nuevos actores armados.
El primer caso se dio a conocer a principios de marzo, cuando el ejército Mexicano detuvo a 34 miembros de una auto proclamada “policía comunitaria” y los acusó de trabajar para la banda de narcotraficantes, el Cartel de Jalisco – Nueva Generación (CJNG).
En la redada, los agentes incautaron un arsenal de armas de alto calibre. También liberaron al comandante de la policía local, y a otros cinco oficiales que el grupo había secuestrado, y aparentemente estaban planeando someterlos a un “juicio público”.
Si bien las autoridades se mantuvieron en su posición de que el grupo estaba al menos infiltrado, si no creado por el JCNG, las familias de los detenidos por el ejército insistieron en que los miembros de este grupo se habían apoderado de las armas de los miembros de los Caballeros Templarios – la organización criminal dominante en la región – y que la policía estaba en la nómina de los Caballeros.
El enfrentamiento se intensificó cuando días después los militares capturaron a 17 hombres más, presuntamente miembros del mismo grupo. Las autodefensas respondieron tomando como rehenes a 47 soldados, al parecer con la esperanza de presionar a las autoridades para que liberaran a sus compañeros. Los soldados fueron liberados, luego de una noche de negociaciones.
Pese a los arrestos, el grupo siguió funcionando, tomando como rehenes a 20 personas, a quienes acusaban de trabajar para los Caballeros Templarios. Bajo la presión de las autoridades, el grupo liberó a los sospechosos después de dos semanas de cautiverio.
Análisis de InSight Crime
Se cree que los grupos de autodefensa están ahora presentes en 13 estados del país y se están extendiendo rápidamente. Su ascenso ha provocado comparaciones nerviosas con otros países de la región, como Colombia, donde los grupos de autodefensa se transformaron en escuadrones paramilitares de la muerte, y en Brasil, en donde milicias de autodefensa con estrechos vínculos con las fuerzas de seguridad han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, limpieza social y hasta extorsión.
Una de las principales preocupaciones en México es que los grupos de autodefensa podrían terminar al servicio de los grupos criminales, por los que en un principio se crearon para enfrentar. La perspectiva de que los grupos de autodefensa sean infiltrados, cooptados o incluso creados por carteles de la droga es sólo un paso de cómo algunas de las organizaciones criminales de México ya operan – incluyendo los que actualmente luchan en Michoacán.
Los Caballeros Templarios son una rama de la Familia Michoacana y, al igual que sus predecesores, han creado una imagen pública con una fuerte corriente de autodefensa, presentándose como los protectores de las comunidades, de intereses rapaces – predominantemente otros carteles de la droga. Los Caballeros también han sido implicados en la violencia de autodefensa, y fueron acusados de linchar a un presunto violador en septiembre de 2012.
Los rivales de los Caballero, el CJNG, también han empleado un discurso de autodefensas en sus declaraciones públicas. Dos veces han anunciado su llegada a una región a través de videos donde denuncian a sus rivales, acusándolos de delitos no relacionados al narcotráfico, como el secuestro y la extorsión. Luego, prometen expulsarlos de la zona y llevar la paz a la gente. Cuando el CJNG llegó a Michoacán, incluso pidió al Estado no intervenir en sus esfuerzos.
Hay preocupaciones por el tipo de relaciones que estos grupos tienen con las fuerzas de seguridad. Elementos tanto del ejército como de la policía han probado ser corruptos e infiltrados por grupos criminales, especialmente en las zonas aisladas y rurales donde hay muy poca posibilidad de rechazar la oferta de los carteles entre “una bala o un soborno” – las áreas en las que estos grupos de autodefensa están apareciendo con más rapidez. Esto plantea la posibilidad de que los grupos de autodefensa se encuentren en confrontación directa con unas fuerzas de seguridad en el bolsillo de los criminales.
Es también probable que la falta de confianza en la fuerza pública lleve a la renuencia de entregar o denunciar a los sospechosos a las autoridades. Hasta el momento, el grupo de autodefensa de Michoacán ha entregado a las autoridades a las personas que ha capturado, pero una subsecuente ruptura en su relación con la policía podría hacer que el grupo, y otros como ellos, asuman un papel más directo en “juzgar” a los sospechosos. Ya en Guerrero, dos personas fueron aparentemente asesinadas por grupos de autodefensa, provocando el temor de que México sufrirá los horrores de las ejecuciones extrajudiciales y de limpieza social que se vieron en Colombia y Brasil.
En algunos sectores, ha habido crecientes llamados para legalizar los grupos, cooptarlos al aparato legal de seguridad del estado. Esto crearía un serio dilema para los grupos que se han erigido en oposición a las fuerzas de seguridad locales, como en el caso de Michoacán. Incluso para aquellos que disfrutan de una mejor relación con los organismos de seguridad del Estado, esto podría crear problemas serios ya que podría exponer a los grupos a las mismas presiones que han corrompido facciones de la policía y el ejército. Si los grupos se vuelven legales, también puede alentar a los oficiales a encubrir los abusos que llevan a cabo o, incluso, utilizarlos para llevar a cabo el trabajo sucio que no pueden, o no quieren hacer.
No obstante, tomando el camino opuesto y aislando a los grupos se crea otra serie de peligros, especialmente en las zonas donde ya existe un fuerte sentimiento de abandono del estado. Con poca fe o apoyo del estado, las comunidades pueden llegar a ver a los grupos de autodefensas como autoridades de facto. Esto ocurrió en Medellín en los años noventa, cuando los grupos de autodefensa creados para enfrentar las pandillas callejeras terminaron por convertirse en milicias vinculadas a los grupos guerrilleros de Colombia, los cuales administraban, pistola en mano, amplios sectores de los barrios pobres de la ciudad ubicados en la ladera de la montaña.
En Michoacán, una tormenta con estos factores se está fermentando. Los grupos de autodefensa han surgido en el contexto de una guerra de carteles entre dos organizaciones que se presentan como los defensores del pueblo de la victimización criminal. La policía de la región está acusada de colaborar con una, y los grupos de autodefensa con la otra.
Los grupos de autodefensa ya han demostrado su voluntad de ir más allá de las actividades pasivas, como las patrullas y bloqueos de carreteras, y están buscando activamente a sus oponentes con poca preocupación por la ley. Ellos han mostrado su disposición de desafiar agresivamente a las fuerzas de seguridad. También están fuertemente armados.
Para evitar que se repita esta situación en todo el país, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, de alguna manera tendrá que encontrar una forma de reconocer y responder a las preocupaciones legítimas que están impulsando la expansión de los grupos de autodefensa, mientras que controla su capacidad para actuar de forma violenta, evitando que terminen envueltos en la guerra del narcotráfico en México.