La estructura de mando de los brutales Zetas parece haber sufrido golpes decisivos bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, según la lista de 69 jefes criminales capturados o muertos en el último año. Pero su capacidad criminal se siente extrañamente similar a la del pasado.
Las cifras publicadas por la oficina del Fiscal General en respuesta a una petición de información de la agencia Associated Press, muestran que 23 jefes de alto y medio nivel de los Zetas fueron arrestados y otros cuatro fueron dados de baja desde el pasado mes de diciembre. Entre ellos se incluye Miguel Ángel Treviño “Z40“, quien fue detenido por infantes de marina mexicanos cerca de la frontera sur de Texas en julio.
Los Zetas están entre los 69 jefes de organizaciones criminales que los oficiales dicen haber dado de baja desde que Peña asumió el cargo en diciembre pasado. Los oficiales se abstienen de nombrar a los 53 cabecillas criminales que quedan de una lista de 122 elaborada por oficiales de seguridad de Peña Nieto, aludiendo que no quieren alertar a quienes están en la mira.
El segundo grupo más azotado fue el hasta ahora desconocido Cartel de Occidente, del cual las autoridades dicen que opera en el área de la Laguna y en los estados de Durango y Coahuila, y que sufrió el arresto de 17 jefes. Sólo siete mandos medios fueron capturados y dos murieron del cartel de Sinaloa, nominalmente encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán y considerado el más poderoso de México.
Los nombres de los jefes de las bandas que fueron muertos o capturados sólo se dieron a conocer el pasado jueves, un día después que la marina reportara la muerte de Gonzalo Inzunza de 42 años, un alto lugarteniente de la estructura de Sinaloa del capo Ismael “El Mayo” Zambada, en un tiroteo en Puerto Peñasco, un popular balneario entre los estadounidenses ubicado a 80 kilómetros de la frontera con Arizona.
Inzunza, conocido como “El Macho Prieto”, era un asesino de la Federación de Sinaloa, quien en los últimos años había encabezado las operaciones de las bandas en Sonora y Baja California. Aunque la Marina afirma que está muerto, el cuerpo de Inzunza permanece sin aparecer. Se dice que fue llevado por sus pistoleros después de un tiroteo que dejó a otros cinco hombres muertos en plena calle.
Inzunza fue también, según se informa, el blanco de una fracasada investigación de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de los Estados Unidos (ATF) por la frontera Arizona – México. La operación denominada “Rápida y furiosa” monitoreó armas compradas en los Estados Unidos mientras “cruzaban” la frontera hacia las manos de los carteles.
Una de esas armas fue recuperada después de un tiroteo entre agentes fronterizos y presuntos delincuentes mexicanos en el que un agente de frontera de Estados Unidos fue asesinado. Centenares más han sido recuperadas en escenas del crimen en México. Las operaciones del Macho Prieto continuaron sin trabas.
Análisis de InSight Crime
En marcado contraste con la política del expresidente Felipe Calderón, las autoridades mexicanas este año han minimizado la importancia de los mafiosos detenidos y abatidos, ofreciendo escasos detalles de su relevancia criminal. Las autoridades sostienen que la estrategia mediática de presentar a los criminales en las noticias, implantada bajo Calderón, sólo sirvió para glorificar a los mafiosos a los ojos de la juventud impresionable.
Tal vez sea así. Pero la publicación forzada de la lista de capos muertos y capturados muestra que el gobierno de Peña ha continuado con la estrategia de eliminación de capos de Calderón la cual es respaldada por Estados Unidos. Y la relativa desintegración de los Zetas como una amenaza nacional sugiere que la estrategia puede dar fruto si las autoridades mantienen la continuidad en el esfuerzo.
Los analistas han sostenido en el pasado que la eliminación del liderazgo de las bandas aumenta la violencia a corto plazo mientras los rivales al interior de la organización compiten por las posiciones de mando e incursionan en las rutas de tráfico y en las plazas de extorsión.
Eso sucede. Pero si los mandos de segundo y tercer nivel continúan siendo objeto de persecución la capacidad operativa de una banda puede ser destruida.
Los Zetas han sido duramente castigados por el gobierno desde 2010, cuando la disputa con sus antiguos financiadores del cartel del Golfo convirtieron a Monterrey y a gran parte del noreste de México en una de las esquinas más sangrientas del país.
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Los Zetas llegaron a ser un proyecto especial de la armada de México, cuyos comandos fueron las fuerzas de seguridad más confiables y favorecidas por Washington hasta este año.
Culpados de muchas de las masacres más terribles en los últimos años, entre ellos el asesinato de 72 migrantes centroamericanos y el vertimiento de 49 cuerpos desmembrados fuera de Monterrey, los Zetas simplemente se convirtieron en una fuerza demasiado despiadada como para ignorarlos.
El asesinato en 2011 de un agente federal de Estados Unidos, por parte de una célula de los Zetas en una emboscada en la carretera, tuvo más consecuencias para la banda. Que los Zetas tuvieran influencia en zonas fronterizas, escasamente pobladas y ricas en yacimientos de gas que el gobierno planeaba explotar en los próximos años, hizo aún más urgente su destrucción.
Jesús “El Mamito” Rejón, entonces un mando de tercer nivel de los Zetas, fue capturado en julio de 2011 durante la retaliación por el asesinato de los agentes estadounidenses. En octubre de 2012 los Marines abatieron a Heriberto Lazcano, quien encabezaba a los Zetas, junto con Treviño.
El gobierno anunció la semana pasada que los asesinatos en comparación con 2012 se han reducido en un 15 por ciento, y atribuyó gran parte de la caída a la pacificación de los territorios de los Zetas en el noreste de México. La temida explosión de violencia en el bastión de los Zetas de Nuevo Laredo y demás lugares después de la detención de Treviño aún no ha sucedido.
Pero al margen de los Zetas, la publicación de la lista de capos eliminados también subestima la frustrante imposibilidad de ganar la campaña contra los carteles.
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Después que los jefes y subjefes de los carteles son eliminados, las células más pequeñas simplemente forman nuevas alianzas y el tráfico de drogas y la trata de personas continúan a un ritmo vertiginoso. La extorsión, los secuestros y los asaltos, delitos más amenazantes para los mexicanos comunes, aumentan.
El informe del PGR entregado a la AP identifica 12 diferentes bandas criminales que operan a lo largo de México. Entre ellas se incluye el previamente desconocido “Cartel de occidente” que operaba en Coahuila y Durango.
Coahuila ha sido considerado el feudo de los Zetas y Durango de la Federación de Sinaloa. Los enfrentamientos entre estos grupos y entre facciones de Sinaloa ha dejado como resultado cientos de muertos, probablemente miles de asesinatos en los últimos años en Torreón y en el vecino Gómez Palacios, así como la ciudad de Durango, la capital del estado.
El Cartel de occidente -un nombre insulso probablemente acuñado por las autoridades más que por las bandas- parece compuesto principalmente de restos de la banda controlada por Sergio Villarreal, alias “El Grande”, un lugarteniente de la organización Beltrán Leyva (OBL), que rompió con la Federación de Sinaloa hace cinco años.
Villarreal luchó con Edgar Valdez, alias “La Barbie”, por el control de la organización tras la muerte del capo Arturo Beltrán Leyva en manos de los infantes de marina mexicanos hace cuatro años. Ambos sujetos fueron arrestados en 2010 y Villarreal fue extraditado a Estados Unidos.
Los identificados como líderes del Cartel de occidente fueron arrestados en marzo en medio de la lucha de Sinaloa con los Zetas por el control de las ciudades de Gómez Palacios y Torreón. En el momento de las detenciones la banda se llamaba el Cartel de La Laguna.
A medida que los Zetas se han debilitado, los carteles del Golfo y de Sinaloa han recuperado la supremacía criminal en Monterrey. Sinaloa también ha ganado una posición dominante en Juárez, en donde los asesinatos contabilizados este año son alrededor del 15 por ciento de los de 2010 cuando la guerra entre bandas en la ciudad alcanzó su punto máximo.
Además de la disminución nacional en el número de asesinatos –que los analistas externos refutan– no hay ninguna evidencia de que el tráfico de drogas y otras actividades criminales se hayan visto afectados por la detención de los mandos de estas organizaciones.