Un nuevo informe de un importante centro de investigación da una mirada detallada a la agenda de seguridad de México bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, señalando varias fallas en el diseño de la estrategia.
El informe “Prevención del Delito en México: ¿Dónde quedó la evidencia” (pdf) de México Evalúa, examina la brecha entre la noble retórica de prevenir el crimen en México y la metodología utilizada por el gobierno para en realidad lograrlo.
El principal mecanismo a través del cual el gobierno de Peña Nieto ha buscado la reducción del crimen ha sido el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD). Según informan los autores, el PNPSVD está lleno de innumerables categorizaciones conceptuales, análisis de diagnósticos, y proyecciones de metas, todo lo cual, en teoría, representa una estrategia coherente y global para poner freno a la delincuencia. Sin embargo, una vez se ahonda en la lógica sobre la cual está construido el programa, las diversas deficiencias en el diseño del PNPSVD son difíciles de ignorar.
Por ejemplo, 100 zonas de México fueron seleccionadas como “demarcaciones prioritarias”, clasificando para fondos federales adicionales para la prevención del crimen en el marco del programa (las demarcaciones se refieren a municipios, zonas metropolitanas o delegaciones del Distrito Federal). De éstas, 57 fueron denominadas de alta prioridad, y a 43 se les prestó menos importancia. Sin embargo, no está claro lo que distingue a las 57 ciudades del resto, los métodos del PNPSVD en la determinación de los casos de alta prioridad son desconocidos para el público. Si bien las razones para la inclusión de algunas ciudades eran obvias, lo eran menos para otras, y el hecho de no publicar la metodología sólo aumenta la sospecha de que la falta de previsión y de planificación cuidadosa está obstaculizando los esfuerzos del gobierno.
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Además, tras la clasificación de una ciudad como de demarcación de prioridad, la cantidad de dinero que ésta recibe está determinada estrictamente en función de su tamaño y tasa de homicidios. Estos son claramente factores importantes, pero difícilmente son los únicos que determinan un riesgo para la seguridad pública. Las tendencias en la economía local y el estado del sistema local de educación, por sólo tomar dos ejemplos, claramente también juegan un papel importante. Además, Peña Nieto ha destacado en repetidas ocasiones la necesidad de tomar medidas drásticas contra la extorsión y el secuestro, que a menudo no incrementan o disminuyen simultáneamente con la tasa de homicidios.
El informe define cuatro “áreas de oportunidad” generales que son, esencialmente, los defectos actuales básicos que tiene el PNPSVD: el hecho de no disponer de objetivos concretos vinculados a la prevención del crimen, la información limitada acerca de los diagnósticos del programa, la ausencia de indicadores útiles que determinen si los programas están funcionando o no, y la falta de información acerca de cómo las actividades del programa están relacionadas con un objetivo más amplio de prevención del crimen.
Análisis de InSight Crime
La administración del expresidente Felipe Calderón fue criticada con frecuencia por su falta de atención a la prevención del crimen, y su tosco enfoque en el castigo. Así lo demuestra el impresionante aumento en el número de ciudadanos encarcelados por cargos relacionados con el crimen organizado, así como la confianza en las fuerzas armadas como primera opción para la pacificación de una zona donde la violencia recién había surgido.
Los esfuerzos periódicos de Calderón de centrarse en la prevención y en las causas más profundas del crimen eran esencialmente incoherentes. Su gobierno lanzó un puñado de programas y aprobó varias leyes que dieron un guiño a la prevención, pero no está claro hasta qué punto (si lo hay) influyeron en la política sobre el terreno, así como tampoco constituyeron una estrategia de prevención coherente. El programa de inversión social preventiva del gobierno “Todos Somos Juárez” es visto en gran medida como un éxito, pero estuvo limitado a una sola ciudad. Por otra lado, como en otras partes, la primera respuesta de Calderón fue enviar el ejército a Juárez; Todos Somos Juárez no se puso en marcha hasta 2010, después de que la ciudad de la frontera ya hubiera sufrido de dos años de tasas de homicidios estratosféricas.
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Peña Nieto ha marcado sabiamente un cambio en la dirección de su predecesor. Una cita representativa del presidente incluida en el informe destaca este cambio: “…el delito no sólo se combate con la fuerza. Es imprescindible que el Estado emprenda un esfuerzo integral para reconstruir el tejido social”.
De hecho lo es. El PNPSVD es un paso en la dirección correcta cuando se compara con la falta de atención del gobierno de Calderón en hacerlo. Pero el diablo está en los detalles de cualquier análisis criminal –simplemente arrojar dinero a una ciudad como parte de un plan que en general es bien intencionado es poco probable que logre mejoras significativas. Como el informe de México Evalúa deja claro, muchos de los detalles vitales subyacentes al PNPSVD parecen haber sido ignorados, lo que limitará su capacidad preventiva.
Hasta el momento, el principal aporte de la administración de Peña Nieto en materia de política de seguridad ha tenido más que ver con cómo cambiar la narrativa que con realmente cambiar las circunstancias de las ciudades plagadas de violencia en México. Esta es una mejora significativa con respecto al pesimismo persistente bajo el gobierno de Calderón, pero sigue siendo un cambio cosmético. Para que la retórica positiva de Peña Nieto se traduzca en algo más sustancial, programas como el PNPSVD deben ser tan completos y detallados como sea posible.