Para algunos, es su asociación con una pandilla enemiga. Para otros, es su trabajo comunitario, o el no pago de las cuotas de extorsión. Algunos huyen del reclutamiento forzado o el abuso sexual, o son expulsados ??de las casas que están ubicadas en la calle equivocada o en el barrio equivocado. Pero en última instancia, cada una de las miles de personas que son desplazadas dentro de Medellín cada año enfrenta la misma triste decisión: Perder su casa, el trabajo, la familia y la comunidad, o perder su vida.
En 2012, 9.322 personas en la segunda ciudad más grande de Colombia se registraron como víctimas de desplazamiento intraurbano –clasificadas así cuando las víctimas son desplazadas a una parte diferente de la misma ciudad–. No obstante, nadie sabe la verdadera magnitud del problema. En las cifras oficiales no aparece la población de víctimas ocultas que circula por los barrios de la ciudad, a menudo en una búsqueda inútil de un santuario, muy temerosas de las posibles represalias como para admitir que han sido desplazadas.
Detrás de las alarmantes estadísticas está la batalla por el control del mundo criminal de Medellín, la cual enfrenta a los remanentes fracturados de la Oficina de Envigado –la mafia que ha controlado la ciudad desde la muerte de Pablo Escobar– y los narco-paramilitares de los Urabeños. La guerra se libra a través de testaferros –con ambas partes creando una red de pandillas callejeras aliadas conocidas como “combos”, que pelean por las “fronteras invisibles” que dividen la ciudad en territorios criminales–.
El desplazamiento es una estrategia clave para ambas partes en este conflicto. “Es un instrumento de guerra”, dijo Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y experto en el conflicto urbano de Medellín. “Ellos saben para lo que es bueno –es bueno para ganar más dinero, para tomar control, es bueno para gobernar, para la construcción de una base social–.”
Las disputas territoriales son uno de los principales motores del desplazamiento. Según Quijano, los niveles de desplazamiento son por lo general más altos en los alrededores de una zona de conflicto, o entre dos zonas controladas por los grupos en conflicto. Las pandillas a menudo se apropian de casas que están estratégicamente ubicadas en las fronteras de sus territorios, para luego utilizarlas como torres de vigilancia, desde donde pueden ver y disparar a sus enemigos. A veces marcan límites, o sus avances territoriales, mediante la apropiación y destrucción de casas.
Las pandillas y las redes mafiosas a las que sirven también utilizan el desplazamiento para construir lo que Quijano llama una “base social obligada” –una población obediente, intimidada por la amenaza siempre presente de tener que abandonar sus hogares–.
“Es ‘Yo te puedo desplazar si no me apoyas’”, dijo Quijano. “Esto pesa mucho en la gente, ‘estás conmigo o contra mí.’ Si tú estás conmigo entonces oculta este rifle. Si estás conmigo entonces uno de tus hijos va a la guerra. Si estás conmigo entonces dame almuerzo, dime lo que está pasando aquí”.
Desplazar a las personas también se ha convertido en una fuente de ingresos para las pandillas, las cuales alquilan o venden las casas abandonadas, a menudo a amigos, familiares y socios con el fin de ayudar a repoblar el territorio con sus aliados. “El desplazamiento forzado es muy rentable”, dijo Quijano. “Hoy, estamos viendo la posibilidad de un agente criminal de bienes raíces.”
Las casas tomadas a la fuerza también se utilizan como albergues para los miembros de las pandillas, bodegas, puntos de venta de drogas y, según un líder de la comunidad que habló con InSight Crime, como lugares para violar y abusar sexualmente de las mujeres.
Aunque el desplazamiento es una estrategia con algunas desventajas para las pandillas, el impacto es devastador para las víctimas. “Perdí a la gente que más quiero, perdí amigos de toda la vida, y terminé solo, porque ahora ni siquiera puedo salir y conversar con mis vecinos porque piensan que van a ser los siguientes desplazados”, dijo “Luis”, un trabajador social que ayuda a los jóvenes a dejar atrás la vida pandillera. Luis se vio obligado a huir de su casa en el oeste de Medellín después de que constantes amenazas culminaran en un tiroteo contra su casa.
El trauma emocional del desplazamiento es, para muchos, agravado por una crisis económica, porque como víctimas también tienen que abandonar su trabajo en los barrios donde viven y, si se registran como víctimas, deben sobrevivir con las ayudas estatales temporales.
Las ayuda financiera que las víctimas pueden solicitar es dinero para alojamiento por un máximo de seis meses, pero el dinero se agota rápidamente. “Ser desplazado aquí, aparte del problema de abandonar sus raíces, su hogar, su familia y sus amigos, también es un problema porque el mismo Estado te lanza hacia la pobreza”, dijo “Diego”, que también se vio obligado a abandonar su casa a causa de su trabajo comunitario, pero pudo volver más tarde.
Para muchas víctimas, la dinámica del conflicto en Medellín y las redes de comunicación establecidas por la Oficina y los Urabeños significan que simplemente no hay lugar para volver. “Tu dejas un barrio controlado por la Oficina y vas a un barrio donde están los llamados Urabeños”, dijo Quijano. “¿Qué piensan los llamados Urabeños cuando te ven? Que vienes de una zona enemiga, y te explulsan. ¿A dónde puedes ir? A un barrio de la Oficina.” El resultado, dice Quijano, es una población de “víctimas nómadas”.
Los que se quedan en una zona controlada por los enemigos de la pandilla que los desplazaron, a menudo pueden verse involucrados en el mismo conflicto que los expulsó en el primer lugar. “Debido a que has venido de [donde están sus enemigos], te van a pedir que les informes sobre ellos –cómo trabajan, quiénes son, dónde viven, cómo los puedes ayudar a atacarlos–”, dijo Diego. Sin embargo, pese a los problemas, a menudo intratables, que enfrentan aquellos que optan por huir ante las amenazas de las pandillas, pocos se resisten a una orden de abandonar. “Los que se quedan, mueren o desaparecen y nunca volvemos a oír de ellos”, dijo Diego.
Una ciudad dividida
Aunque los niveles de desplazamiento registrados han alcanzado instancias sin precedentes en los últimos años, el desplazamiento intra-urbano no es nuevo para Medellín, o para Colombia. Ha sido un rasgo del conflicto en el país, en cualquier momento que haya tocado las zonas urbanas, y en los últimos años ha alcanzado niveles críticos no sólo en Medellín, sino también en otras ciudades asediadas por la violencia como Buenaventura y Cali.
El primer pico dramático en las cifras de desplazamiento de Medellín, recopiladas por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) [ver gráfico abajo] se produjo en 2002, que registró 3.819 víctimas –frente a 1.884 el año anterior y 938 en 2000–. El incremento coincidió con la Operación Orión, una incursión militar al distrito de la Comuna 13, en el oeste de la ciudad, que tomó el control de la zona de las milicias guerrilleras y se lo dio a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
No obstante, fue en 2008 cuando el número de desplazamientos forzados registrados comenzó a acelerarse a un ritmo alarmante. El año marcó un cambio histórico en el mundo criminal de Medellín después de que Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, fuera extraditado a Estados Unidos. Don Berna fue jefe de la Oficina de Envigado y comandante de las fuerzas paramilitares de la ciudad, y su salida desató una guerra de sucesión que dividió a la Oficina en dos facciones extremadamente beligerantes: una liderada por Erickson Vargas Cárdenas, alias “Sebastián”, y la otra por Maximiliano Bonilla, alias “Valenciano”.
Con el territorio de la ciudad dividido en zonas controladas por combos leales a uno u otro lado, en el primer año el desplazamiento aumentó un poco más del doble, al pasar de 2.233 a 4.938 víctimas, según las cifras de CODHES. Para 2011, el desplazamiento había llegado a 11.401 víctimas. Aunque Sebastián y Valenciano ahora están tras las rejas, la guerra que desataron continúa con la apariencia de una lucha entre los Urabeños y los remanentes de la Oficina.
Pese a las alarmantes estadísticas y su brutal impacto, el desplazamiento intra-urbano se mantuvo como una crisis oculta durante muchos años, apenas conocida, y muy poco abordada por las autoridades. “El desplazamiento, como el reclutamiento de menores de edad, son dos actividades criminales que, lamentablemente, no se han hecho visibles por las autoridades y no han sido castigadas legalmente”, dijo Jorge Mejía Martínez, Secretario de Gobierno y Derechos Humanos de Medellín.
Sólo desde el año pasado la Alcaldía de Medellín empezó a dedicar importantes esfuerzos y recursos para abordar el problema y los progresos han sido difíciles, dijo Mejía. “Ha sido un proceso de aprendizaje, pero uno en el que hemos avanzado”, dijo.
En ese momento, las autoridades han tratado de reaccionar más rápido a los desplazamientos, no sólo después de que se lleva a cabo, sino también antes. Su objetivo ahora es llegar a ser una fuerza preventiva mediante el despliegue de unidades móviles especializadas en las zonas de las ciudad con mayor situación de riesgo, para detectar y detener el desplazamiento antes de que suceda.
A largo plazo, Mejía cree que se necesitan dos cosas para detener la ola de desplazamiento: la presencia de las fuerzas de seguridad y la inversión pública. El secretario citó el reciente desplazamiento masivo en La Loma, un barrio en el problemático distrito de la Comuna 13 de Medellín, como un ejemplo de cómo las autoridades quieren operar.
En La Loma, a 355 personas de 96 familias se les dio 48 horas para abandonar sus hogares, una orden que obedecieron a pesar del despliegue de la policía y el ejército. Sin embargo, la Unidad de Víctimas de la alcaldía intervino rápidamente, primero mediante el cierre de las casas, y luego acompañando a las víctimas en cada etapa del retorno, estableciendo una presencia casi constante en el barrio. Como resultado, la mayoría de las familias están de vuelta en sus hogares.
El Alcalde Aníbal Gaviria realizó un consejo de seguridad en una de las casas abandonadas, en la que anunció el despliegue de una unidad móvil de la policía en el vecindario. La seguridad fue reforzada con un nuevo puesto de control del ejército en la zona.
La policía y los fiscales arrestaron a 16 personas -entre ellas a uno de los policías del barrio- en una fuerte redada de 300 personas, y declaró como desmantelada a la banda responsable del desplazamiento.
Aunque Gaviria ha estado interesado en hablar del caso de La Loma como símbolo de progreso de su gobierno en la lucha contra el desplazamiento, otros siguen siendo más escépticos. “El problema en La Loma se va a poner peor, porque ahora se han hecho esos arrestos, pero qué va a suceder en el sector que la pandilla había ocupado?” dijo Diego. “El grupo que estaba allí antes de ellos, que tiene a su familia y raíces allí, va a retomar el sector.”
Diego es también crítico de los motivos de la administración de dedicar tanta atención y recursos a La Loma. “Todo es una cuestión de que se haga público por los medios de comunicación y los defensores de derechos humanos”, dijo. “Eso es lo que mueve el aparato administrativo, si no hubiera sido por eso, hubiera bajado como en muchos otros lugares – muy mal.”
No obstante, tanto las víctimas como las autoridades están de acuerdo en una cosa, que el mayor reto al que se enfrentan es llegar a las personas que están demasiado asustadas para reportar oficialmente su desplazamiento. Estas víctimas ocultas son la razón por la cual nadie cree en las cifras oficiales de desplazamiento. También son un poderoso símbolo de la ruptura de la confianza entre el Estado y las comunidades sitiadas.
La razón por la cual la gente no denuncia su desplazamiento, dijo Diego, es porque puede tomar meses llevar a cabo una investigación contra los miembros de las pandillas responsables, y sólo tarda horas para las pandillas descubrir que han sido informados. “Cuando publicas una situación, los delincuentes saben”, dijo. “Y la policía no se presenta, o te miran como a un enemigo.”
Es un tema que Jorge Mejía reconoce fácilmente. “Estos tipos de problemas disuaden el reporte del delito -y son reales, es cierto, son miembros de las fuerzas de seguridad y miembros de la fiscalía que están cerca del crimen organizado en Medellín-“, dijo. “Pero, hay que decirle a la gente: si no lo denuncia, las acciones de las autoridades serán muy limitadas y vamos a seguir en manos de los criminales.”
Sin embargo, en las zonas de conflicto de Medellín, los criminales, y no el Estado, son la autoridad. “Se convierten en el Estado; quejas, reclamaciones, resolución de problemas, necesidades, peticiones – primero se dirigen a estas personas, no al Estado”, dijo Diego. “Así que es una cuestión de vivir a su lado, y tratar de sobrevivir dentro de la forma de vida que han impuesto en la comunidad.”
Al vivir bajo tales mini-tiranías, los llamados a confiar en las autoridades estatales suenan huecos, a pesar de que las víctimas saben que si se quedan en silencio, permanecen ocultas. “Es como un círculo vicioso y hay muy pocas maneras de salir”, dijo Diego.
Los nombres de las víctimas entrevistadas para este artículo han sido cambiados para proteger su identidad.