Un operativo del gobierno a una explotación ilegal de oro en el norte de Brasil liberó a 39 personas que trabajaban en condiciones de esclavitud y reveló una vez más los desafíos que tienen ante sí los mecanismos del país contra este crimen.

A comienzos de noviembre, las autoridades allanaron una mina de oro en el estado de Pará, norte del país, cuyos trabajadores vivían en condiciones que corresponden a la definición de esclavitud, en Brasil, además de tener poco acceso a agua potable, alimentos o equipos de protección.

Los recursos disponibles debían adquirirse por medio de la tienda de la mina a precios inflados, lo que hacía que los trabajadores esclavizados contrajeran deudas impagables. Los mineros denunciaron que la mina era de propiedad de una empresaria brasileña que ya había sido incluida en la “Lista sucia” de empresas que imponen el trabajo esclavo en Brasil: Raimunda Oliveira Nunes.

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La Lista sucia, creada mediante decreto en 2004 por el extinto Ministerio de Trabajo y Empleo, es uno de los instrumentos contra la esclavitud más conocidos de Brasil. Se divulga cada seis meses e incluye los nombres de empresas identificadas por la Secretaría de Inspección del Trabajo como usuarias de mano de obra en condiciones de esclavitud.

Aunque son limitadas las sanciones legales que esto acarrea, las empresas de la lista no pueden acceder a créditos del gobierno y algunos privados. Muchas empresas brasileñas e internacionales, incluido Starbucks, se han comprometido a terminar sus relaciones comerciales con las firmas de la Lista Sucia.

En abril 2020, se incluyó por primera vez el nombre de Oliveira Nunes en la Lista Sucia, a raíz de la liberación en 2018 de 38 trabajadores de condiciones similares en otra mina de su propiedad, también en Pará. Fue condenada por sometimiento a sus empleados a “condiciones análogas a la esclavitud” y agregada a la Lista Sucia.

Pero Oliveira Nunes apeló el fallo y desde entonces sigue dirigiendo minas de oro.

Este es apenas el ejemplo más reciente del problema de la esclavitud en Brasil. Aunque el gobierno rescató a 231 trabajadores de condiciones de esclavitud en los primeros seis meses de 2020, el Índice Global de Esclavitud estima que unas 369.000 personas aún viven en condiciones de esclavitud en Brasil.

Los tipos de empresas que el gobierno brasileño ha añadido a la Lista Sucia de trabajo esclavo van desde plantaciones de cacao que son proveedoras directas o indirectas de chocolateras multinacionales hasta propietarios de negocios agrícolas, de quienes al menos uno fue acusado posteriormente de lavado de dinero y deforestación, según un informe de la agencia de periodismo investigativo Pública.

Incluso una empresa de productos que se vendían como orgánicos, administrada por una secta religiosa, fue añadida a la lista más reciente y multada por mantener a 79 empleados en condiciones análogas a la esclavitud, según el Correio Braziliense.

Análisis de InSight Crime

Las reiteradas denuncias del mismo tipo contra Oliveira Nunes ponen en tela de juicio la efectividad de la Lista Sucia para imponer las sanciones que proclama.

Oliveira Nunes ha evitado la lista de sanciones civiles y sigue administrando sus negocios valiéndose de recursos judiciales que se prolongan interminablemente. Desde 2004, al menos otras 130 empresas han logrado presentar interdictos para ser retiradas temporalmente de la Lista Sucia, lo que según algunos defensores es concedido con demasiada facilidad por los jueces. Los procesos penales también son largos. Aunque los fiscales brasileños abrieron 52 casos por trabajo esclavo en 2019, estos pueden demorar hasta diez años en llegar a un veredicto, lo que retrasa aún más la justicia.

La constitucionalidad de la Lista Sucia también ha sido cuestionada. Entre 2014 y 2016, el Supremo Tribunal Federal (STF) suspendió la lista en uno de esos casos. Aun cuando eso se declaró inconstitucional en 2016, el gobierno del entonces presidente Michel Temer se negó a publicar la lista hasta que el STF lo conminó a hacerlo en 2017.

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El gobierno de Bolsonaro no ha atacado directamente la Lista Sucia, pero algunos activistas afirman que ha emprendido otras acciones para socavarla.

En enero de 2019, Bolsonaro desmontó el Ministerio de Trabajo y Empleo y trasladó la Secretaría de Inspección Laboral, encargada de la Lista Sucia, al Ministerio de Economía.

La Secretaría también ha enfrentado recortes de presupuesto y de personal durante años, lo que no ha mejorado en el mandato de Bolsonaro. El presidente brasileño también se ha pronunciado a favor de debilitar las leyes que sancionan a las empresas que mantienen a sus empleados en condiciones de esclavitud, alegando en 2019 y 2020 que la definición de “condiciones análogas a la esclavitud” es demasiado laxa y puede ser lesiva para la agroindustria.

La actualización de la Lista Sucia el mes pasado añadió el número de infractores más bajo desde su creación. Este es un reflejo de los efectos combinados de los impedimentos legislativos y judiciales, la reducción de la nómina y las interrupciones causadas por el coronavirus. Aunque casos identificados recientemente como el de Oliveira Nunes ponen en evidencia los límites de la lista, el que esta se mantenga deja una puerta abierta para nuevas mejoras en la lucha de Brasil contra la esclavitud moderna.