Los pistoleros alcanzaron al comandante de la policía de la pequeña ciudad de Puruandiro, mientras conducía cerca del hermoso lago que domina la zona antes del amanecer. Atacándolo con rifles de asalto y pistolas de 9 mm, los pandilleros, probablemente miembros de los Caballeros Templarios o de uno de sus rivales, dispararon más de 50 tiros contra el comandante y su coche.
Este homicidio agregó el nombre del comandante a una lista de más de 1.200 empleados municipales que murieron en estados infestados de crimen organizado en México en los últimos cuatro años, según una organización nacional de alcaldes. Las víctimas incluyen a más de 43 alcaldes, decenas de concejales, cientos de policías municipales y otros funcionarios.
“Nadie puede garantizar su propia vida”, dijo Ygnacio López, de 61 años y alcalde de un pueblo a pocos kilómetros de Puruandiro, quien inició una huelga de hambre en la ciudad de México la semana pasada para exigir una mayor seguridad y una mayor recaudación tributaria para los 2.457 gobiernos municipales de México.
“Hay que tomar precauciones. Estamos en el filo de la navaja”, dijo López a InSight Crime. “Puedo estar hablando con ustedes aquí hoy y en un par de semanas pueden estar leyendo la noticia de mi muerte”.
Más de diez meses desde que empezó el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, quien llegó al poder en gran parte con la promesa de acabar con la violencia que ha asolado al país, grandes áreas de México siguen sufriendo bajo el yugo del crimen organizado. Los funcionarios locales se encuentran entre las víctimas más vulnerables ya que se encuentran con poco financiamiento, poca protección y con mucho trabajo.
La Federación Nacional de Municipios de México sostiene que el 40 por ciento de los pueblos y ciudades de México se encuentran en peligro diario por el crimen organizado. Las pandillas establecen a quienes deben contratar los alcaldes como comandantes de policía, extorsionan casi un 10 por ciento del gasto de los gobiernos locales e insisten en que sus empresas favorecidas reciban contratos.
Algunos alcaldes y otros funcionarios aceptan estas condiciones de muy buen agrado. Pero pocos realmente tienen otra opción. Ignorar las exigencias de las pandillas es una forma rápida de poner fin a una carrera o una vida.
Los peligros que enfrentan los funcionarios quedaron al desnudo en un desgarrador video de YouTube publicado hace un año (vea abajo el video).
“Queremos tener un pueblo tranquilo. Todo está en tus manos”, una voz en off le dice el alcalde secuestrado de la localidad rural de Teloloapan, enclavada en las montañas del estado de Guerrero al sur de la Ciudad de México. “Queremos que se comprometa con nosotros”.
Visiblemente aterrado, el alcalde Ignacio de Jesús Valladares fácilmente accede. Sus secuestradores al parecer eran de La Familia, una de las organizaciones criminales más viciosas de México. Hombres armados mataron a más de una docena de policías de Teloloapan sólo unos meses antes de que Valladares fuera secuestrado y advertido.
Las elecciones pueden ser más justas en el México democrático de hoy, pero el gobierno está tan en deuda con el poder de facto como lo ha estado siempre. Esa realidad resalta el movimiento de autodefensas que ha azotado partes de la costa del Pacífico de los estados de Guerrero y Michoacán, donde se encuentran los pueblos de Puruandiro y Santa Ana Maya, de donde es López.
“Usted negoció con los templarios y dejó los pueblos de Michoacán a su suerte”, decían narcomantas en el ayuntamiento de Tepalcatepec, un pueblo ganadero que expulsó a su alcalde en la primavera.
“Llenó la ciudad de crimen organizado”, dijo a Insight Crime Juana Francisca Reyes, una funcionaria de la ciudad y prima del exiliado alcalde. “Hemos estado viviendo con esta gente desde hace años”.
Análisis de InSight Crime
Poco después de asumir sus mandato en diciembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto le rogó a los mexicanos darle un año más para reducir drásticamente el crimen rampante, el secuestro, el robo y la extorsión que más afecta a los ciudadanos comunes.
Quedan menos de seis semanas de ese año y ese objetivo está lejos de haberse alcanzado, y Peña Nieto está buscando una extensión.
“Tal vez se necesite más tiempo, tal vez será el esfuerzo de las distintas administraciones”, dijo el martes en una reunión de funcionarios de la policía y grupos de ciudadanos que se centran en la seguridad, y agregó que espera que “los esfuerzos realizados durante este plazo serán una importante contribución para lograr ese objetivo”.
Mientras que los homicidios del hampa han estado reduciéndose, según cifras oficiales ampliamente cuestionadas, otros crímenes han estado aumentando. De esas plagas no letales, la extorsión ha resultado la más generalizada y probablemente la más impermeable a una cura.
Desde hace algunos años, el crimen organizado mexicano ha tenido que ver con mucho más que el tráfico de narcóticos para los insaciables estadounidenses. Las pandillas locales, muchas de ellas aliadas con, o directamente empleadas por, las organizaciones criminales más grandes, tienen en su mira a un montón de gente.
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Las amenazas a las que se enfrentan los alcaldes no es diferente a las sufridas por los propietarios de viviendas, empresas e incluso los turistas en todo el país. Tal vez lo que diferencia a los alcaldes es que los pandilleros no sólo les exigen dinero, sino también una voz de cómo se ejecutan los asuntos oficiales.
Dicha participación en los beneficios alguna vez fue propiedad del reino de los jefes políticos. Ahora también es el territorio de los capos criminales que usan a los políticos locales como lacayos fungibles.
“Ellos viven cada momento de sus vidas con miedo y terror”, le dijo Leticia Quezada a la revista Proceso, presidenta de la Federación Nacional de Municipios de México, un grupo que representa a la mayoría de los alcaldes del país, refiriéndose a los líderes municipales. “Ahora ni siquiera pueden gobernar”.
El alcalde López es la excepción a la regla sólo porque él ha elegido hacer públicas sus quejas. La mayoría de los alcaldes permanecen en silencio convencidos de que la policía, o bien no pueden o no quieren respaldarlos. Campañas estatales y federales instando a la gente a denunciar a los criminales han sido ampliamente ignoradas.
Es una situación familiar para la mayoría de los ciudadanos extorsionados.
“Ha sido difícil porque hay una gran cantidad de empresas que prefieren seguir pagando”, dijo Jorge Contreras, jefe del Consejo de Seguridad Ciudadana en Ciudad Juárez, el centro manufacturero de la frontera con El Paso, a InSight Crimee hablando de la extorsión que está marcando la relativa paz que siguió a años de guerra brutal entre pandillas. “Se sienten más protegidos de esa manera”.