La nueva Guardia Nacional de México está un paso más cerca de tomar las armas, pero la lógica detrás de la creación del organismo y su capacidad para mejorar la seguridad del país siguen siendo inciertas.
El 13 de marzo, el congreso de Yucatán aprobó una reforma constitucional mediante la cual se creó la Guardia Nacional, una de las políticas de seguridad emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esa votación, se completa la aprobación de la nueva fuerza policial en cada uno de los 32 estados del país, por lo que su creación está casi garantizada.
Esas votaciones siguen a la aprobación, el pasado febrero, en ambas cámaras del Congreso, de la ley que estableció el fundamento legal para la Guardia Nacional y sus 60.000 miembros. La administración de López Obrador ha destinado US$767 millones para financiar el primer año de operaciones de la Guardia Nacional, y avanzar con los planes de construcción de 87 bases para el nuevo ejército.
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La idea básica detrás de la creación de la Guardia Nacional es crear una alternativa al ejército en la lucha contra el crimen organizado en México. La función de esta fuerza también se centra en la seguridad ciudadana.
Pero el nuevo cuerpo no supone una ruptura total con la estrategia militarizada de los últimos doce años. En sus orígenes, la Guardia Nacional estará conformada por veteranos del ejército y la policía federal, y aunque opera bajo las órdenes del ministerio de seguridad y protección ciudadana, puede estar bajo el mando de un oficial del ejército.
La Guardia Nacional también está coordinando de cerca con el ejército, mientras construye su capacidad. Su personal ocupará inicialmente las barracas del ejército, mientras el gobierno construye infraestructura separada. El ejército también está ayudando en las tareas de reclutamiento de la Guardia Nacional, y el éjército ha justificado la acumulación de armamento militar aduciendo que se necesitará para apoyar la nueva Guardia Nacional.
Análisis de InSight Crime
La creación de la Guardia Nacional ha provocado dos críticas en México.
La primera es que la Guardia Nacional es una traición a las promesas hechas por López Obrador de desescalar la guerra antinarcóticos. Un hombre que hizo campaña con el lema de “abrazos en vez de balas” y que ridiculizó la idea de “combatir fuego con fuego” ahora vuelve permanente la participación de un órgano cuasimilitar en la seguridad interior.
Los críticos también advierten que dotar la nueva fuerza con soldados retirados implica que no será inmune a los abusos que caracterizan los despliegues militares, como los vistos en un escándalo como la masacre de Tlatlaya.
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Otras políticas de seguridad de López Obrador también se alejan de una verdadera reforma de seguridad. Por ejemplo, el Congreso de México votó recientemente para aumentar el número de delitos por los que puede retenerse a una persona en detención preventiva.
Esta controvertida práctica ya es responsable de casi la mitad de la población carcelaria del país, y la nueva ley promete aumentar aún más el número de mexicanos tras las rejas. Entre tanto, el presupuesto inicial de López Obrador reduce en 26 por ciento el gasto en el sistema penitenciario, a pesar de la opinión generalizada de que el deplorable estado de las prisiones en el país incita a la delincuencia.
La segunda gran crítica es que no hay ninguna diferencia suficiente en la Guardia Nacional que justifique el esfuerzo y el gasto que implica la creación del nuevo cuerpo. Las pasadas administraciones presidenciales, con promesas de revolucionar la lucha contra el crimen organizado, implementaron reformas institucionales radicales en los organismos de policía federal. Vicente Fox creó la Agencia Federal de Investigaciones, que debía ser el FBI de México. Enrique Peña Nieto creó la mal llamada gendarmería.
Ninguno de esos organismos tuvo un impacto apreciable en la seguridad. En honor a la verdad, hay que decir que esto se debe en gran medida a que las nuevas fuerzas por lo general son reestructuradas o eliminadas de raíz cada que una nueva administración se posesiona.
Las palabras del mismo López Obrador no ayudan mucho a esclarecer el rol del nuevo ejército. Recientemente comparó a la Guardia Nacional con el ejército de paz de la ONU, más conocidos como los cascos azules. De igual modo, en una entrevista concedida en noviembre, poco después del anuncio de creación de la nueva fuerza, declaró que la Guardia Nacional estaba concebida para “garantizar la paz”, Aunque no explicó cómo lo haría. En diciembre, cuando las críticas arreciaban, pronunció frases similares: “Estamos planteando… la Guardia Nacional porque queremos garantizar la paz y la tranquilidad, que no haya violencia”.
En ningún punto ha dejado ver cómo exactamente esa nueva fuerza contribuirá a un México más seguro y pacífico. Mientras tanto, el país se encuentra al borde de una nueva y costosa reforma institucional, y el gobierno pide a los votantes que pongan su fe en otro uniforme.