Como parte de una serie de reformas de seguridad impulsadas por el gobierno de México, el principal cuerpo civil encargado de la seguridad pública del país pasó al mando de las fuerzas militares, en una tendencia marcada de la militarización de la lucha contra el crimen.

El 1 de julio entró en vigor una reforma a la Ley de la Guardia Nacional, que significó el traslado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), donde ya operan el Ejército y la Fuerza Aérea. Con esta medida, México se queda, por primera vez, sin una fuerza policial civil con presencia nacional y con cuatro instituciones militares, incluyendo la Armada.

La Guardia Nacional fue creada en 2019 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en sustitución de la Policía Federal, con el objetivo de actuar como primera línea de contingencia frente a los altos índices de violencia criminal. Aunque se concibió como un cuerpo civil, desde sus orígenes incorporó tanto a exagentes de la Policía Federal como a batallones del Ejército y la Marina, y estuvo dirigida por mandos con formación castrense.

Este diseño contrastó con la promesa inicial de López Obrador de alejar su política de seguridad de la vía militar. En la práctica, la Guardia Nacional replicó una lógica castrense en el combate al crimen, lo que derivó en episodios de uso excesivo de la fuerza y en fuertes críticas de la sociedad civil.

Con su incorporación formal a las Fuerzas Armadas, han surgido nuevas preocupaciones sobre cómo se verá afectada la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad. Aunque la Guardia Nacional seguirá encargada de implementar políticas civiles, deberá responder a la jerarquía militar. Además, las Fuerzas Armadas han estado históricamente más blindadas frente al control civil y suelen operar con un alto grado de opacidad en el manejo de sus recursos y operaciones.

InSight Crime conversó con Daira Arana, directora general de Global Thought y experta en relaciones cívico-militares, para analizar las implicaciones de este cambio en la seguridad pública de México.

InSight Crime (IC): Desde sus inicios, la Guardia Nacional ha tenido un fuerte componente militar, a pesar de haber sido una fuerza civil. En la práctica, ¿qué cambia ahora que pasa formalmente al mando de la SEDENA?

Daira Arana (DA): Primero, es un cambio administrativo y formal en el cual la Guardia Nacional deja de ser parte de las instituciones de seguridad pública únicamente para pasar a ser otra fuerza armada permanente, además del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. 

Sin embargo, en términos operativos, no hay muchos cambios. Además de que la Guardia tenía, desde su origen, un fuerte componente militar, mucha de su capacitación, su entrenamiento, su doctrina, se gestó desde la parte militar del Estado.

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Lo que sí va a cambiar ahora es que, dado que la Guardia continúa ejerciendo funciones de seguridad pública, habrá una obligación de las fuerzas armadas de cumplir con los informes policiales homologados y de atender los llamados de primer respondiente. 

IC: ¿Cómo se posiciona la Guardia Nacional frente a las otras fuerzas armadas? ¿Sus funciones se complementan o se superponen?

DA: No creo que sea una cuestión de complementación. Se superponen definitivamente. 

La Guardia Nacional tiene facultades para apoyar al Ejército y Fuerza Aérea en temas de defensa nacional, y el Ejército y Fuerza Aérea tiene facultades para apoyar a la Guardia Nacional en seguridad pública. Entonces ahí vemos una combinación de roles y misiones que no dejan claro hasta qué punto y en qué momento la Guardia Nacional puede apoyar en defensa nacional y viceversa. 

También hay una dimensión en donde la Guardia Nacional se está presentando dentro de la SEDENA como un antagonista al Ejército y a la Fuerza Aérea. Sobre todo por las dádivas o los privilegios que se trató de dar a la Guardia Nacional para lograr el reclutamiento de 130.000 a 140.000 personas para esta incorporación a la SEDENA. 

Entonces, al interior de la institución sí hay ciertas diferencias entre los tres cuerpos, porque el personal del Ejército y la Fuerza Aérea se sienten desplazados respecto de los beneficios que está teniendo la Guardia Nacional. 

IC: La estrategia de seguridad en México sigue apostando por el uso de fuerzas militares contra el crimen organizado. ¿Por qué este enfoque sigue siendo el preferido?

DA: Por un lado, hay una relación de confianza ciudadana hacia las Fuerzas Armadas en lo que respecta al combate al crimen. Ya se ha evidenciado en algunos estudios. 

También se puede intuir que las Fuerzas Armadas tienen un interés de estar participando en estas tareas. Este interés radica en tener más presupuesto, que creo que fue lo que motivó a que la Guardia Nacional pasara a la SEDENA. Porque si bien la SEDENA puso de su propio personal para la conformación de la Guardia Nacional en un inicio, su inserción dentro de la SSPC implicaba que todas esas plazas iban a pasar al presupuesto de otra institución. 

Entonces, ahora, la SEDENA se queda con las plazas y se queda con el presupuesto. El Presupuesto de Egresos de la Federación de este año nos muestra que la SEDENA sigue teniendo un aumento significativo en sus recursos. Entonces creo que sí hay intereses que tienen las Fuerzas Armadas de estar participando en tareas de seguridad pública, incluso cuando hemos visto discursos donde dicen que ellos no quieren o que no les interesa.

Asimismo, a las autoridades civiles les beneficia que las Fuerzas Armadas asuman el combate contra el crimen organizado, en especial en tareas que tienen que ver con una mayor percepción de eficiencia a corto plazo. Y es que sí han logrado contener, de manera relativa y en algunos contextos, ejercicios de violencia relacionados con el crimen organizado. Sin embargo, a largo plazo, no ha sido lo más benéfico. 

IC: Con la reforma, ¿debemos esperar continuidad en la estrategia de seguridad que han manejado los últimos gobiernos o representa un cambio significativo?

DA: Lo que estamos viendo con estos cambios legislativos que se han dado en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, es un regreso a esta estrategia del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), que fue criticada durante muchos años. Por un lado, en ese entonces se le apostó a la inteligencia, a una participación de las fuerzas armadas limitada y a un fortalecimiento de las instituciones civiles. Pero, por otro lado, la estrategia tuvo características combativas, bélicas, muy alusivas a las de las fuerzas armadas. 

Entonces, creo que sí vamos a ver un cambio significativo respecto del sexenio anterior de López Obrador, en donde realmente no se pudo articular una estrategia de seguridad que pudiera dar resultados, más allá de las manipulaciones de datos sobre los homicidios y otros delitos. 

Pero, al mediano y a largo plazo, si la estrategia del gobierno de Sheinbaum no se complementa con otras medidas de política pública enfocadas para reducir la criminalidad y la violencia, los resultados no van a ser los más óptimos.

IC: Desde su creación, la Guardia Nacional ha sido señalada por violaciones a derechos humanos y uso excesivo de la fuerza. ¿Cómo podría evolucionar esta situación bajo el nuevo esquema?

DA: La reforma no blinda la protección de la ciudadanía en términos de evitar las violaciones graves a derechos humanos que están vinculadas al uso excesivo de la fuerza, a la tortura y a las ejecuciones extrajudiciales. Los recientes cambios legales no están tocando en el fondo la doctrina, el entrenamiento y el equipamiento de la Guardia Nacional, solo están tocando la dimensión legal y el sistema de sanciones a nivel general. 

Tampoco creo que con esta ley aumenten significativamente las violaciones graves a derechos humanos. Lo que vamos a ver es una tendencia de uso de la fuerza que se va, al menos, a mantener.

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Se ha demostrado en diversas investigaciones que a la población, en general, no le resulta tan significativo que los militares violen derechos humanos al realizar tareas de seguridad pública. Creo que lo interesante va a ser ver cómo se mueve la balanza en términos de los casos de corrupción. La corrupción sí es algo que a la población de alguna forma le pesa y hace que le reste confianza a las instituciones civiles y militares.

En ese sentido, es necesario destacar que estamos en un periodo donde la transparencia y la rendición de cuentas están sumamente limitadas. Entonces, fuera de los casos que se puedan conocer en medios de comunicación, va a ser más complicado darle seguimiento a los ejercicios de uso de la fuerza.

*Esta entrevista ha sido editada para mayor fluidez y claridad.

Imagen principal: Un miembro de la Guardia Nacional de México en servicio a las afueras de Ciudad de México, el 18 de marzo de 2025. Crédito: AP.