A raíz de las recientes acusaciones que un desertor en Estados Unidos lanzó contra el segundo al mando de Venezuela, InSight Crime presenta un perfil de los más prominentes funcionarios venezolanos que han sido juzgados o acusados por incurrir en actividades criminales, bien sea en el pasado o en la actualidad.
Pocas semanas después de que un exjefe de seguridad presidencial venezolano acusara al presidente de la Asamblea Nacional de dirigir la red de narcotráfico más poderosa del país, parece que la administración del presidente Nicolás Maduro les ha prohibido a los funcionarios del gobierno viajar a Estados Unidos.
Con la condición de permanecer en el anonimato, funcionarios del gobierno venezolano dijeron a El Nuevo Herald que la prohibición va dirigida sobre todo a oficiales militares de alto rango, mientras que los empleados de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ahora deben obtener un permiso especial para viajar.
La medida puede resultar redundante en algunos casos, puesto que recientemente Estados Unidos amplió su lista de funcionarios del gobierno venezolano que tienen visa restringida debido a supuestos abusos de derechos humanos y corrupción. Por otra parte, un grupo de exiliados venezolanos radicados en Miami le solicitaron hace poco al gobierno de Estados Unidos que calificara a Venezuela como un “narcogobierno”.
La siguiente es una lista de algunos de los funcionarios del gobierno venezolano que han sido juzgados o acusados de actividad criminal en los últimos años.
Hugo Carvajal
Carvajal era el director de Inteligencia Militar de Venezuela cuando en 2008 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de capos de la droga (kingpin list) por ayudar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en operaciones de narcotráfico. Carvajal presuntamente impedía que las autoridades venezolanas confiscaran envíos de droga y le suministraba armas al grupo guerrillero. En mayo de 2013, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de La Florida acusó a Carvajal de conspiración para traficar cocaína con intención de ingresarla ilegalmente a Estados Unidos.
En julio de 2014, Carvajal fue detenido en Aruba a petición de las autoridades estadounidenses, pero fue liberado cuatro días después debido a su inmunidad diplomática (pdf). Carvajal, que había viajado a la isla nación a servir como cónsul general de Venezuela, ha sido “el oficial venezolano de más alto rango arrestado por orden de Estados Unidos”, según el Wall Street Journal.
Diosdado Cabello
En enero de 2015, el exjefe de seguridad de Cabello acusó al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela de estar fuertemente involucrado en actividades de narcotráfico. Ese mismo mes, el exjefe de seguridad presidencial Leamsy Salazar viajó a Estados Unidos como parte de una investigación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) sobre funcionarios venezolanos con presuntas conexiones con el narcotráfico. Según informes, Salazar declaró que Cabello es el jefe del Cartel de los Soles, un grupo de narcotraficantes compuesto por miembros del ejército nacional.
Durante este tiempo, el presidente Maduro ha expresado su apoyo a Cabello y al parecer ha señalado dicha acusación como un intento de manchar la reputación del gobierno venezolano.
Freddy Bernal
Bernal era diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) cuando Estados Unidos lo incluyó en la lista de capos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2011. Estados Unidos acusó a Bernal —partidario del régimen chavista— de facilitar transferencias de armas entre el gobierno venezolano y las FARC. Además de Bernal, otros tres funcionarios del gobierno y militares fueron incluidos en la lista por ofrecer apoyo material a las FARC.
Irónicamente, Bernal es ahora el jefe de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) en Venezuela, establecida en el año 2014 por el presidente Maduro para investigar casos de corrupción que involucran a la policía.
Henry de Jesús Rangel Silva y Ramón Rodríguez Chacín
Rangel Silva y Rodríguez Chacín son en la actualidad dos gobernadores que también fueron incluidos en la lista de capos del Departamento del Tesoro en 2008, junto con Carvajal.
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Rangel Silva (en la foto de arriba), quien en ese momento estaba a cargo del servicio de inteligencia del gobierno venezolano (Disip), supuestamente permitió una mayor colaboración entre las FARC y el gobierno del expresidente Hugo Chávez. Rangel Silva es ahora gobernador del estado de Trujillo, al occidente del país.
Rodríguez Chacín (en la foto de arriba) es exministro del Interior y de Justicia, y al parecer sirvió como el principal enlace para ventas de armas entre el gobierno y las FARC. Rodríguez Chacín es actualmente gobernador del estado Guárico en la región central de Venezuela.
Ghazi Nasr al-Din
Al-Din había acabado de dejar su puesto como diplomático venezolano en Siria cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusó de proporcionar apoyo financiero al grupo militante islamista Hezbolá en 2008. Además de ofrecer asesoría sobre cómo conseguir contribuciones para Hezbolá, al-Din aparentemente se reunió con altos funcionarios del grupo militante en el Líbano.
A finales de enero de 2015, el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus inciales en inglés) incluyó a al-Din en su lista de terroristas por su presunto apoyo en la recolección de fondos.
Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Villarroel Ramírez en su lista de capos en 2013 por presuntamente utilizar aeropuertos, puertos marítimos y vehículos del gobierno para planear envíos de cocaína con destino a México cuando se desempeñaba como capitán de la Guardia Nacional Bolivariana.
El jefe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en su momento que “Villarroel Ramírez es un buen ejemplo de un narcotraficante que explota su antigua posición como militar y sus conexiones para facilitar el transporte de cocaína a México y obtener ganancias de las ventas posteriores”.
El primer choque de Villarroel Ramírez con el gobierno de Estados Unidos ocurrió en 2011, cuando la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York lo acusó de múltiples cargos de tráfico de cocaína, siguiendo las recomendaciones del Departamento del Tesoro.