México ha endurecido las penas impuestas a las personas condenadas por robo de crudo, pero es posible que estas medidas no afecten notablemente la prevalencia de este delito, ni su atractivo para los grupos del crimen organizado.
Según informó El País, el congreso de México aprobó recientemente una medida que aumenta las penas para las personas declaradas culpables de robar petróleo o gas natural a un rango de 15 a 25 años. Esto representa un aumento sustancial con respecto al rango de 8 a 14 años que estaba vigente anteriormente, y pone el límite mayor a las sentencias por robo de petróleo casi al mismo nivel que las penas por asesinato.
El mayor interés por castigar este delito está relacionado con su crecimiento exponencial en los últimos años, el cual ha generado enormes pérdidas para la petrolera estatal Pemex. Como InSight Crime lo ha reportado en múltiples ocasiones, durante la última década el robo de petróleo y gas en las tuberías de Pemex pasó de ser desconocido a ser una molestia menor, para ahora convertirse en una piedra en el zapato de la industria energética.
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En 2010, por ejemplo, Pemex dijo que más de 1,5 millones de barriles de crudo fueron robados ese año. Desde entonces, el problema sólo ha empeorado. En 2014, las pérdidas monetarias de Pemex por los robos superaron los mil millones de dólares, y aunque aún no se dispone de cifras para el año pasado, la frecuencia del robo de petróleo —normalmente realizado mediante grifos ilegales en segmentos aislados de las tuberías— aumentó notablemente en 2015.
El aumento de los robos de petróleo se debe a su creciente popularidad entre los grupos del crimen organizado, especialmente Los Zetas. Las instalaciones de Pemex en estados controlados por Los Zetas, como Nuevo León y Veracruz, fueron algunas de las primeras en ser ampliamente atacadas, y un gran porcentaje de las personas detenidas en relación con el robo de petróleo tienen vínculos con Los Zetas. En al menos una ocasión, el grupo estaba operando una propiedad de Pemex para su propio beneficio. Sin embargo, las estadísticas más recientes muestran que la práctica se ha vuelto generalizada en estados donde predominan otros grupos, como los estados de México y Guanajuato.
Los efectos negativos del robo de petróleo son de una doble naturaleza. No sólo contribuyen a aumentar las ganancias de los grupos criminales violentos, sino que además afectan los logros de la que es quizá la institución más importante de México, y una significativa fuente de ingresos y desarrollo para el gobierno.
Análisis de InSight Crime
Si bien es comprensible el deseo del gobierno de proteger a la industria petrolera, el aumento en la severidad de las penas no tiene más que un impacto marginal. Los estudios han demostrado desde hace mucho tiempo que aumentar la probabilidad de ser atrapado y castigado es un elemento disuasivo más eficaz contra los delincuentes que aumentar la severidad de los castigos. Es decir, México haría mejor en someter al 90 por ciento de los ladrones de petróleo a un año de prisión que someter a un 10 por ciento de los ladrones de petróleo a 50 años de prisión.
Lamentablemente, las autoridades mexicanas no han logrado hacer progresos suficientes en este sentido, a pesar de un incremento sustancial en el número de arrestos. Durante los nueve primeros meses de 2014, las fuerzas de seguridad del país lograron detener a más de 1.400 sospechosos de robo de petróleo, lo que significa un aumento del 57 por ciento con respecto a los detenidos en 2013. Entre 2007 y noviembre de 2012, la cifra total fue de menos de 700.
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Por otro lado, no está claro si las detenciones han conducido a condenas y penas de prisión. Aún más, incluso si se restringe el análisis solamente a las detenciones, los castigos han sido limitados en otros sentidos. Según Noel Maurer, profesor de George Washington University, aproximadamente 11 empleados de Pemex son arrestados anualmente por facilitar el robo de petróleo, a pesar de su evidente papel para facilitar el robo de petróleo y su posterior procesamiento y reventa.
En otras palabras, las autoridades han sido incapaces de abordar los factores centrales de esta actividad delictiva. Aunque aumentar las penas parece ser una buena manera como los políticos muestran que están interesados, en la ausencia de otros cambios ello tiene un impacto limitado sobre los incentivos criminales, y por lo tanto es muy poco probable que logre reducir este delito.
En muchos sentidos, la incapacidad del sistema político para abordar las vulnerabilidades de Pemex es un reflejo de sus fracasos en materia de seguridad en general. Los políticos de todo el país han alardeado de tener una actitud firme frente al crimen, lo que incluye desde propuestas para volver a implementar la pena de muerte, hasta la compra de armas sofisticadas. Pero el sistema no ha logrado abordar las causas profundas que permiten la existencia de los grupos criminales, como la corrupción generalizada en la policía y en los funcionarios de Pemex, quienes facilitan las actividades ilícitas en lugar de prevenirlas.
Por otro lado, sin embargo, Pemex ha demostrado ser más creativo para complicarles la vida a los ladrones de petróleo: ha demandado a varias empresas de Estados Unidos por comprar petróleo y gas robados, lo cual hace que vender la mercancía robada sea mucho más difícil, y probablemente reduce los márgenes de beneficio. Además, Pemex ha reducido la cantidad de productos refinados en sus oleoductos, por lo que los grupos criminales tendrían que refinar el petróleo robado antes de encontrar compradores, lo cual también reduce los márgenes de ganancia de los ladrones.
Desafortunadamente, estas medidas no han logrado detener el flujo de petróleo robado —ni el dinero que esta actividad pone en las arcas de los grupos criminales—. Es posible que reducir los márgenes de ganancia promueva más delitos, dada la facilidad con que estos grupos pueden ampliar sus operaciones. En cualquier caso, la más reciente idea de México para atacar el problema es claramente insuficiente.