Aunque un observador casual puede ver la estrategia del Presidente Enrique Peña Nieto para combatir a los narcotraficantes muy similar a la de su antecesor – y su plan de desarrollo de cinco años tiene algunas similitudes con el de la administración anterior –, el presidente de México y sus asesores insisten en que las cosas han cambiado mucho y son mucho más esperanzadoras en estos días, pese a que la evidencia muestre lo contrario.
El plan, que fue presentado la semana pasada (y se puede descargar aquí), describe los problemas de seguridad en términos claros y rigurosos.
“La lógica de las organizaciones criminales encargadas del trasiego de drogas se modificó y provocó su fortalecimiento.”, se lee en el plan de Peña Nieto, con un tono raramente usado desde su posesión en diciembre. “Así, aumentaron los volúmenes de sus ganancias y con ello su capacidad para corromper autoridades (…)”.
El informe culpa al “ataque frontal” de Calderón, el cual llevó a “vacíos de poder” y a conflictos violentos en las principales ciudades, y pinta los esfuerzos de Calderón como desorganizados, ineficaces y contraproducentes.
Miguel Ángel Osorio, Secretario de Gobernación, reiteró este mensaje la semana pasada.
“Calderón envió a las tropas sin coordinación, objetivos o una estrategia clara”, dijo Osorio a InSight Crime y a otros medios de comunicación extranjeros en Ciudad de México el pasado viernes. “Si no tenemos objetivos, ¿para qué vamos? ¿para hacer lo mismo?”
“Tenemos que poner orden”, dijo Osorio.
¿Pero es muy diferente Peña Nieto?
El plan también adopta el mismo lenguaje de Calderón, al menos en los últimos años de su administración, al ilustrar la amenaza a la seguridad como una crisis de la pobreza, que puede resolverse más fácilmente con más empleos, mejores salarios y mejores vías.
“La prioridad es clara: salvaguardar la vida,la libertad y los bienes de los mexicanos” señala el plan de cinco años.
La política de seguridad también se asemeja a la de su predecesor. La semana pasada, el gobierno de seis meses de Peña Nieto se vio obligado a enviar tropas para sofocar los ánimos de la guerra civil que se viven en el estado de Michoacán, al oeste de México, al igual que Felipe Calderón lo hizo en diciembre de 2006. El gobierno sigue teniendo como blanco a los jefes de los carteles, como sucedió bajo Calderón. Y en muchos lugares, la violencia sigue en gran medida desenfrenada, como antes.
Desde luego, hay diferencias.
Por ejemplo, la nueva ofensiva federal en Michoacán está siendo coordinada directamente por la Secretaría de Gobernación, la otrora temida pero efectiva agencia que fue desmantelada hace doce años por el predecesor de Calderón, Vicente Fox, y que ahora está siendo reconstruida bajo Peña Nieto.
Los líderes de los carteles siguen siendo arrestados – 50 de 122 blancos dados de baja en el último recuento -, pero sus nombres e importancia no están siendo presentados al público, con el fin de no convertirlos en héroes para los jóvenes vulnerables, dijo Osorio la semana pasada.
Los homicidios en el mundo del crimen organizado se han reducido casi en una quinta parte, en comparación con el año pasado, dijeron Osorio y otros funcionarios. Y el número real de desaparecidos, desde que la violencia estalló, no es sino una fracción de los más o menos 25.000 desparecidos reportados por el gobierno de Calderón.
Análisis de InSight Crime
Obviamente, Peña Nieto y su comitiva heredaron un gran dolor de cabeza de Calderón, en términos de seguridad. ¿Quién puede culparlos por tratar de lidiar con ella mediante la reorganización de las tropas y el cambio del discurso? Así es la política en todas partes.
No obstante, si la lucha va a dejar miles de muertos en los años venideros – como se espera, incluso si se produce una gran reducción en los homicidios – los detalles sutiles sobre el despliegue de las tropas, la centralización de los procesos de toma de decisiones y los programas sociales, no le importarán mucho al público en general.
Como el plan de cinco años de Peña Nieto señala, los narcotraficantes han podido acumular su poder a través de décadas de falta de atención por parte de Ciudad de México. Desmantelar ese poder también tomará mucho tiempo.
Durante gran parte de ese tiempo, México fue manejado como un negocio familiar por el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero Fox, del conservador Partido Acción Nacional (PAN) al que también pertenece Calderón , en gran medida se hizo el de la vista gorda ante la amenaza, luego de ganar las elecciones en 2000.
La diferencia fue que Calderón tuvo la osadía de enfrentarse a los grupos que se habían convertido en los gobernantes de facto, en las comunidades a lo largo de las tierras fronterizas tanto en ambas costas de México como en los rincones productores de marihuana, heroína y metanfetamina, al interior del país.
Aunque profundamente dependiente de la destreza de su ejército y las bendiciones de Washington, Calderón dejó el cargo muy lejos del éxito: aunque numerosos capos fueron dados de baja o capturados, más de 65.000 personas fueron asesinadas, un número desconocido de personas desaparecieron, el narcotráfico y los grupos criminales quedaron en gran parte intactos y, de hecho, crecieron en número.
Hubo otras razones por las cuales las cosas se pusieron peor. La cooperación entre las diversas fuerzas de seguridad federales, y entre ellas y las de los gobiernos locales y estatales, fue bastante complicada de lograr bajo el mandato de Calderón. La preferencia de las agencias de Estados Unidos por trabajar tanto con las fuerzas especiales de la Armada Mexicana como con la policía federal, alimentó la antigua enemistad con el ejército, la institución más grande en esta lucha de poderes.
Sin embargo, aunque todo esto es cierto, ha habido una tendencia preocupante entre los gobernantes recientes de México de pasar por alto los problemas que enfrentan, y de reciclar la vieja política y hacerla pasar como innovadora. Bastantes analistas cuestionan las estadísticas del gobierno, que presentan los homicidios en el mundo criminal como si estuvieran reduciéndose en más de casi una quinta parte, en comparación con los últimos meses del mandato de Calderón. Y la política del gobierno, de no nombrar a los narcotraficantes que han capturado o proporcionar el contexto de por qué son importantes, también ha hecho levantar las cejas.
El gobierno, por supuesto, defiende su postura.
“No estamos ocultando ninguna información, pero estamos manejando las cosas como deben ser”, dijo Osorio a los corresponsales extranjeros.
El ataque de Peña Nieto contra la pobreza y otros problemas sociales no puede hacer daño. Pero el problema tiene que ser atacado desde arriba, así como desde abajo. Como en el pasado, la corrupción política y la cooperación empresarial que habilita a los narcotraficantes apenas si son mencionados en estos días.
Después de haber vuelto al poder nacional, tras doce años en el exilio, el PRI de Peña Nieto tiene mucho en juego en la búsqueda de una cura para esta plaga, engendrada y alimentada durante su reino de siete décadas, y con el intento de Peña Nieto de encontrar la solución. No obstante, en un México más democrático y federal, él se enfrenta a la misma falta de influencias que Calderón.
Al final, México tiene que poner este tipo de violencia atrás, atacando no sólo la pobreza sino también la profundamente arraigada corrupción, en los más altos niveles. Será un fuerte golpe y sin duda ayuda una actitud positiva. Pero la propaganda es un pobre sustituto de una política adecuada.