En una intempestiva medida, que puede agravar las tensiones en el país centroamericano, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha anunciado que no renovará el mandato del organismo anticorrupción respaldado por Naciones Unidas en el país, en un momento en que hay investigaciones en torno a él y su partido político por presunta financiación ilícita de campaña.
Rodeado por miembros de su gabinete, así como por militares y policías, Morales anunció el 31 de agosto que no pedirá que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) continúe sus labores en el país.
En su breve discurso, Morales acusó a la comisión de “sembrar el terror judicial en Guatemala […] violando nuestras leyes, induciendo a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad” y llevando a cabo “persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente”.
Desde el año 2007, la CICIG ha ejercido como un organismo adjunto al Ministerio Público, ayudándole a la Fiscalía en los casos más complicados relacionados con la corrupción al interior del Gobierno, así como en casos de crimen organizado, incluyendo el que puso fin a la presidencia del predecesor de Morales, Otto Pérez Molina, en 2015.
En carta enviada al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, Morales dijo que la comisión tendrá hasta septiembre de 2019 para “transferir las capacidades técnicas a las instituciones estatales guatemaltecas”.
(Carta enviada a Antonio Guterres, Secretario General de la ONU)
Unas horas antes, varios jeeps del Ejército con torretas para ametralladoras y tripulados por soldados enmascarados habían rodeado las oficinas de la CICIG en Ciudad de Guatemala. Más tarde se dispersaron, sin ofrecer declaraciones acerca de sus intenciones o razones para su presencia en la zona, pero quienes sepan sobre la atormentada historia de golpes y contragolpes militares en Guatemala podrían entender cuál es el mensaje.
El anuncio de Morales se presenta en un momento en que él y su partido político, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) están siendo investigados por el Ministerio Público por presunta financiación ilícita de campaña durante su carrera presidencial en 2015.
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Por el momento, Morales está salvaguardado de la investigación gracias a la inmunidad presidencial. Pero luego de una petición del Ministerio Público, una comisión se encuentra estudiando si hay suficientes pruebas para retirar la inmunidad del presidente.
El 30 de agosto, la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, se reunió con la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, pero no se sabe si Estados Unidos estaba al tanto de que Morales iba a anunciar que no renovaría el mandato de la CICIG.
Poco después del anuncio del presidente, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió una escueta declaración por Twitter, según la cual Estados Unidos está “comprometido a luchar contra la corrupción y la impunidad”.
#EEUU está comprometido a luchar contra la #Corrupción e #Impunidad https://t.co/i1rMpUE0uu
— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) August 31, 2018
Análisis de InSight Crime
La medida de Morales parece ser un intento de obstaculizar la justicia. Si bien no mencionó la investigación en torno a él y la estructura financiera de su partido político en la campaña de 2015, no hay duda de que el anuncio de poner fin al mandato de la CICIG debilitará el trabajo de la Fiscalía.
En particular, la visa del comisionado de la CICIG, el juez de nacionalidad colombiana Iván Velásquez, expirará el 18 de septiembre. (Las visas de varias otras personas expiraron el 31 de agosto). Velásquez es una parte importante de la Fiscalía en la CICIG y tiene el capital político para llevar a cabo investigaciones que pueden derrocar presidentes. Morales ya ha intentado en vano expulsarlo del país.
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Pero establecer una fecha específica de terminación —así sea dentro de un año— y ordenar que durante este periodo se deben “transferir las capacidades técnicas” puede ser el argumento del Gobierno para no renovar la visa de Velásquez, según dijeron fuentes diplomáticas en Guatemala, tras ser consultadas por InSight Crime.
El mandatario tiene además intereses personales en esta medida. La fiscalía ha apuntado cada vez más a Morales, así como a su familia y a sus aliados, por presuntos actos de corrupción. El anuncio del presidente se presenta pocos días después de que uno de sus principales asesores militares, el general Érick Melgar Padilla —hermano de Herber Armando Melgar Padilla, congresista por el FCN-Nación y exasesor de seguridad del presidente— fuera arrestado por obstruir la justicia en un caso diferente.
Lo que no está claro es la posición de Estados Unidos, país que había mantenido una postura firme, emitiendo declaraciones públicas de apoyo directo a la CICIG, e incluso ubicando a Velásquez al lado del embajador, como ocurrió en un tuit del mes de febrero.
“#EEUU apoya con firmeza a la @CICIGgt y al Comisionado @Ivan_Velasquez_” #EmbArreaga pic.twitter.com/l2enWeu1Mc
— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) February 6, 2018
Pero en los últimos meses, importantes políticos conservadores en el Congreso de Estados Unidos han vacilado en su apoyo a la comisión. Específicamente, el senador Marco Rubio (republicano de Florida) suspendió fondos por un valor de US$6 millones para la comisión, tras acusaciones infundadas de que el órgano judicial había denunciado injustamente a una familia rusa exiliada en Guatemala por obtener documentación falsa de una red criminal.
El Gobierno de Estados Unidos subvenciona un poco menos de la mitad del presupuesto de la CICIG. Pero en este momento su capital político puede ser más importante que su dinero.
* Este artículo fue escrito con la colaboración de Felipe Puerta, de InSight Crime.