Los presidentes de Centroamérica han culpado a la política de drogas de Estados Unidos de alimentar la actual crisis migratoria de niños, pero la violencia, el desempleo y el subdesarrollo que alimentan esta huida tiene que ver más con la forma en la que las élites manejan estos países que con las acciones estadounidenses.
Los niños han huido masivamente. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dice que cerca de 63.000 menores no acompañados han sido recogidos en la frontera entre Estados Unidos y México durante FY2014, un aumento del 100 por ciento con respecto al año fiscal anterior.
Lo que está provocando la migración es un complejo conjunto de circunstancias que incluye la violencia desplegada por las pandillas en los países centroamericanos, pero en declaraciones públicas realizadas antes de reunirse con el presidente estadounidense Barack Obama, a finales de julio, para hablar sobre este asunto, tanto el presidente hondureño Juan Orlando Hernández como el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, señalaron la política antidrogas y el consumo de drogas de Estados Unidos como las fuerzas motrices.
“Una buena parte de (la migración) tiene que ver con la falta de oportunidades en Centroamérica, que tiene su origen en el clima de la violencia, y esta violencia, casi el 85 por ciento de ésta, está relacionada con el asunto del tráfico de drogas” dijo Hernández, según Reuters.
Las cosas habían empeorado en Honduras, agregó Hernández, porque las operaciones antidrogas en Estados Unidos, Colombia y México habían empujado más tráfico a su pequeño país.
Pérez Molina fue más directo: “Una vez más, los países de Centroamérica se convirtieron en corredores de tránsito o almacenes para las drogas que llegan a Estados Unidos”, dijo, según ABC News.
Estados Unidos también tiene algo de culpa en esta crisis. En particular, el país no ha logrado crear o compartir bases de datos adecuadas sobre la enorme cantidad de exconvictos que este país ha deportado, comenzando a finales de los años noventa, lo que ha ayudado a alimentar el crecimiento de las pandillas que se encuentran en el corazón de la violencia que ha empujando a los niños centroamericanos hacia el norte. Y Estados Unidos, sin duda, podría hacer más para abordar la situación actual, pese a que las peticiones de Honduras por un “mini Plan Marshall” para Centroamérica suponen un nivel de profesionalismo por parte de los funcionarios públicos de la región que simplemente no existe.
Además, Guatemala y Honduras habrían sido lugares ideales para que estas pandillas echaran raíces, incluso si las políticas de deportación de Estados Unidos no hubieran sido un factor contribuyente. Y estos países proporcionaron excelentes condiciones para que florecieran las organizaciones de tráfico de drogas, independientemente de las estrategias implementadas en Colombia, México y Estados Unidos.
Para empezar, Guatemala y Honduras son unos de los países más corruptos del mundo. Guatemala ocupa el lugar 123 en el último índice de corrupción de Transparencia Internacional, justo por delante de países como Azerbaiyán y Gambia; Honduras ocupa el lugar 140, por detrás de países como Bangladesh y Guyana.
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La corrupción impregna estas sociedades. En uno de los pocos casos que han llegado a una etapa de investigación formal en Honduras, el gobierno está acusando a Mario Zelaya, el exjefe del instituto de seguridad social del país, de malversar más de US$200 millones del organismo. Zelaya está a la fuga en Honduras, donde las autoridades parecen ser incapaces de capturarlo.
La mala financiación de las instituciones clave es un factor importante en esta corrupción. Según el Banco Mundial, Guatemala captura tan sólo el 10,8 por ciento de su PIB en impuestos y Honduras sólo el 14,7 por ciento de su PIB en impuestos, ubicando a ambos países entre los países con los pagos de impuestos más bajos del mundo (vea abajo el gráfico del Banco Mundial).
Uno de los sectores más afectados por esta falta de recaudación de impuestos es la policía. Tanto en Guatemala como en Honduras, la eterna pregunta con respecto a la seguridad en las comunidades destruidas por la violencia de las pandillas es cómo reclutar, entrenar, equipar y pagar mejor a la policía.
En Honduras, la policía a menudo no tiene papel sobre el cual imprimir sus informes -a menudo lo piden prestado a la también empobrecida Fiscalía General- y a veces tienen que pedir a las víctimas de los delitos que paguen su gasolina para investigar un caso. En Guatemala, la policía mal pagada habitualmente forma parte de grupos que roban y revenden drogas ilegales. En ambos países, los policías cobran sueldos “fantasma” con el fin de aumentar sus ingresos.
Mientras tanto, ambos gobiernos toman medidas extremas para abrir vías para la “inversión” que a menudo fomentan el ambiente criminal. Bajo la llamada “Ley de incentivos al turismo” tras el huracán Mitch en 1998, por ejemplo, los restaurantes de comida rápida no tienen que pagar impuestos en los primeros 10 años que operan en Honduras.
El resultado ha sido una afluencia masiva de cadenas de comida rápida estadounidenses, que a su vez han hecho a la población del país más obesa (una pediatra local lo llamó una “pandemia”), poniendo a restaurantes locales fuera del negocio y aumentando el desempleo.
Con los años, este tipo de políticas han hecho que estos países dependan enormemente de los ingresos ganados en el extranjero -en su mayoría las remesas, aunque también las ganancias producto del narcotráfico. Hace unos años, en Cobán, Guatemala, los agricultores de cardamomo se quejaron porque estaban recibiendo tantos pagos en dólares que tenían que hacer un viaje extra a la ciudad para cambiarlos. El mercado de cardamomo es uno de los varios mercados que son utilizados para lavar las ganancias de la droga.
El entorno criminal también se ve agravado por la inclinación de las élites para usar -y su capacidad para hacerlo- el sistema judicial sólo cuando éste juegue a favor de sus intereses. Durante años, los intereses de los proyectos de generación eléctrica y de minería en Guatemala han estado presionando para legalizar la tenencia de la tierra con el fin de asegurar sus inversiones. Cuando los grupos indígenas más afectados por estos proyectos económicos los hacen retroceder, los indígenas son expulsados por las fuerzas de seguridad, y sus casos se debilitan y son rechazados por los tribunales. Los últimos enfrentamientos en la provincia de Alta Verapaz, debido a la construcción de un servicio de hidroeléctrica, dejaron tres manifestantes muertos. En respuesta, la comunidad tomó cautivos a ocho policías.
Cualquier funcionario del gobierno que apoye los derechos indígenas a la tierra o vaya en contra de esta élite, prácticamente de cualquier manera puede esperar que su carrera de servicio público sea interrumpida.
Esto se vio en la reciente destitución de Claudia Paz y Paz, la célebre ex Fiscal General de Guatemala que bajó las tasas de impunidad, encarceló a algunos de los narcotraficantes más temidos del país, y creó un sistema de justicia más eficaz para las mujeres maltratadas. Pero después de juzgar y condenar a un exgeneral por genocidio (cuya condena fue anulada una semana después) y atreverse a defender legalmente a los grupos indígenas que se resisten a los grandes proyectos económicos, Paz y Paz fue apartada prematuramente de su cargo.
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Dicho todo esto, es cínico que los presidentes de Honduras y Guatemala señalen a Estados Unidos. Los niños están huyendo de estos países en gran medida debido a la violencia extrema y a la falta de oportunidades. Aunque la política de Estados Unidos puede haber jugado un papel, ambos factores son en gran parte el resultado de décadas de políticas económicas y políticas que han empobrecido sistemáticamente a las dos naciones, mientras enriquecen a una pequeña élite.