La emblemática reforma petrolera de México está a punto de traer un gran número de nuevas empresas al sector energético de la nación, añadiendo un nuevo conjunto de blancos para el crimen organizado.
El objetivo fundamental de la histórica reforma aprobada en diciembre, es abrir la industria petrolera mexicana, una de las más cerradas del mundo desde la expropiación del gobierno de los activos controlados de forma privada en 1938, a un rango mucho más amplio de actores del sector privado. El primero de estos nuevos participantes en la industria petrolera local surgió el mes pasado, cuando el presidente Enrique Peña Nieto anunció una alianza entre la empresa nacional petrolera de México, Pemex, y la compañía rusa Lukoil.
Aún está por verse el alcance preciso de las actividades del sector privado en la producción de hidrocarburos en México, y en cierta medida, depende de la facultativa legislación cuya aprobación ha sido fijada para finales de este año, y la cual acompañará a la reforma. Pero en lo que todos están de acuerdo es en que la llegada de Lukoil es sólo un comienzo, y augura una nueva era de empresas privadas operando dentro México.
Otros esperan que las empresas de Estados Unidos -como las que han establecido operaciones en Texas para aprovechar el reciente auge en la producción de petróleo y gas natural a lo largo de las cuencas de esquisto que se extienden hasta México- trasladen sus operaciones al vecino estado mexicano de Tamaulipas. Las reservas de esquisto de México son algunas de los más potentes en el mundo, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), y Pemex está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de la zona de Tamaulipas.
La mayor parte de la atención pública sobre la reforma petrolera se ha enfocado en las consecuencias políticas, pero el repentino ingreso de una serie de nuevas empresas que no están familiarizadas con México, podría representar una oportunidad de ingresos, así como un nuevo y jugoso blanco para el crimen organizado. Tamaulipas, por ejemplo -además de tener vastas reservas de gas y petróleo- es uno de los estados más conflictivos de México. Allí, el temido grupo criminal de los Zetas ha estado luchando durante cuatro años por el control de esta lucrativa ruta de tráfico con sus antecesores, el Cartel del Golfo.
Ambos grupos también ganan dinero del hurto y de la reventa de hidrocarburos, así como del control de las operaciones mineras legales e ilegales. Como se ilustra en el mapa de abajo, las áreas de esquisto coinciden exactamente con las áreas de operación de los Zetas.
De hecho, como ya lo ha informado InSight Crime y otras fuentes de información, el petróleo robado se ha convertido en una importante fuente de ingresos para los grupos del crimen organizado en México. Según señaló en noviembre del director general de Pemex, Emilio Lozoya, los robos de combustible le costaron a la empresa más de 15 mil millones de pesos (US$1,13 mil millones), en todo 2012 y los primeros nueve meses de 2013. Esta cifra parece estar aumentando, con más de la mitad de los 15 mil millones teniendo lugar entre enero y septiembre de 2013.
Pese a que los Zetas siguen siendo el grupo más comúnmente asociado con el robo de suministros de Pemex, otras grupos parecen haber seguido sus pasos. Sinaloa, el estado natal del famoso Cartel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es uno de los líderes en cuanto a sifones detectados en oleoductos de Pemex, los cuales son una de las principales formas en que los grupos extraen hidrocarburos; en 2011, ningún estado detectó más de estos grifos ilegales que Sinaloa.
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Después de extraer el crudo de los oleoductos o mediante otros métodos, la capacidad de los grupos criminales de transportarlo y beneficiarse de su robo depende en gran medida de agentes externos, empresas independientes y estaciones de gasolina. Una demanda presenada por Pemex en 2011, en el Southern District of Texas lo demuestra perfectamente. La empresa alegó que 12 individuos y empresas en Estados Unidos compraron suministros de Pemex robados por grupos criminales mexicanos:
“El condensado en cuestión en este juicio es la propiedad soberana de los Estados Unidos Mexicanos [México]. Fue robado en México y luego transportado y finalmente vendido a una gran cantidad de usuarios finales en Estados Unidos. Esta demanda está dirigida a algunos de ls individuos y entidades que negociaron el condensado robado dentro de Estados Unidos previo a la radicación de esta demanda”, lee el documento.
“Algunos de los acusados ??sabían, o al menos debían haber sabido, que comercializaban o transportaban, condensado robado. Otros ignoraban que estaban comprando bienes robados. Sin embargo, en cualquiera de los casos, los acusados ??se apoderaron de propiedad soberana de México sin derecho o título. Todos los acusados ??son, por tanto responsables de usurpación individual del patrimonio de México”.
Las acusaciones representan sólo una pequeña parte de una compleja y sofisticada red que ha surgido alrededor de petróleo y gas mexicano robado. Dos de los propietarios de las empresas de suministro de petróleo estadounidenses se declararon culpables de los cargos criminales de tráfico de combustible robado a Pemex en la misma época.
A pesar de los argumentos económicos a favor de la reforma, el aumento en la cantidad de actores creará más oportunidades de estafas como las expuestas en el caso de Pemex, tanto en México como en Estados Unidos.
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En este sentido, la reducción en la centralidad de la industria petrolera de México ha sido una ventaja. Pese a que Pemex es una organización en expansión con muchos puntos vulnerables, sigue siendo una sola empresa. En comparación con lo que sería una industria dividida en docenas de productores, esto presuntamente le permite un mejor seguimiento de los suministros perdidos, la coordinación de las diferentes regiones geográficas y las diferentes áreas de la cadena de suministro, la vigilancia de empleados sospechosos de vínculos con el crimen organizado, y la implementación de respuestas.